El Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desarrollado una segunda operación contra el presunto fraude de los cursos de formación de UGT en Andalucía, que se ha saldado finalmente con 14 detenidos (cinco en Madrid, uno en Jaén, siete en Sevilla y uno en Gran Canaria), informaron a eldiario.es fuentes de la investigación. Entre ellos está el que fuera tesorero de UGT-A en los últimos años, Federico Fresneda, a quien la Federación de Servicios Públicos del propio sindicato señalaba como responsable de las cuentas cuando se destapó el caso, el pasado otoño.
Entre los arrestados también están administradores de empresas que habían confeccionado una contabilidad 'b' para recibir las subvenciones de los cursos de formación, en connivencia con empleados de UGT. Dos de esos antiguos empleados del sindicato figuran entre las personas detenidas. También está detenida una empleada del área de administración del sindicato, Lola Sánchez, que este martes no se ha presentado en su puesto de trabajo, informaron fuentes cercanas a UGT.
Algunos de ellos presenciaban a última hora de la mañana registros y otros estaban siendo dirigidos a dependencias de la Guardia Civil en Sevilla y Madrid. Dependiendo del contenido de su declaración, entre el martes y el miércoles en dependencias de la Guardia Civil de Sevilla, pasarán a disposición del juzgado que coordina las actuaciones, el de Instrucción 9 de Sevilla.
La UCO de la Guardia Civil registra además la sede de seis empresas que habrían colaborado en la contabilidad paralela para recibir las subvenciones de los cursos de formación. Una de esas empresas tiene sede en la Comunidad de Madrid. También se están registrando la sede de Chavsa, la de Lienzos Gráficos en el Polígono Hytasa y la de Viajes Macarena en la calle Feria, en el caso de tres de los cuatro registros de Sevilla, así como la sede de la consultora KND en la avenida de Andalucía de Jaén.
La operación 'Cirene 2' de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil desarrollada este martes, en la que se investiga, entre otros delitos, un delito de fraude en subvenciones, parte de la documentación incautada y los interrogatorios practicados una semana antes de las elecciones europeas por orden de la jueza Mercedes Alaya. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 se encarga de la investigación relativa a las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Empleo, pero es el juzgado número 9 de la capital hispalense el encargado de las pesquisas sobre el fraude cometido a través de UGT, en el marco de las cuales se practican las detenciones y registros de este martes.
El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García, ya tenía abiertas diligencias relativas a la parte de la investigación, aún en secreto sumarial, sobre el supuesto desvío de fondos de formación por parte del sindicato UGT, denunciado por Manos Limpias, entre otros.
Reacciones
La secretaria de Relaciones Institucionales y Coordinación del Área Externa de UGT-A, Carmen Barrera, ha considerado dentro de “la normalidad total” la nueva operación de la UCO, resaltando que está relacionada con actuaciones de personas en ejecutivas del sindicato anteriores a la actual, de manera que “no hay ninguna relación con el equipo de la nueva Ejecutiva del sindicato”. En declaraciones a Europa Press, Barrera ha destacado que esta actuación “se encuentra dentro del curso natural que la justicia debe llevar a cabo”.
El secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, ha señalado que “las actuaciones con espectacularidad no son la mejor manera de hacer justicia”, en relación a esta operación. Preguntado al respecto en rueda de prensa, Carbonero se ha mostrado “sorprendido” por esta nueva actuación.
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la Junta manifiesta su respeto a ésta y a las actuaciones judiciales, garantizando que en cualquier caso “ha cumplido y cumplirá escrupulosamente con lo que marca la ley”.
Recientemente, la Junta informaba de que está revisando 41 expedientes de fondos de formación recibidos por UGT-A. En mayo, agentes de la Guardia Civil se personaban en la sede de la Dirección General de Formación para reclamar una serie de expedientes de ayudas a la formación.
Paralelamente, la jueza Mercedes Alaya investiga las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas de Andalucía en las subvenciones recibidas por la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para cursos dirigidos a parados. Se investigan en concreto hasta 49,5 millones en ayudas recibidos por dicha fundación “sin justificación alguna” entre 2009 y 2010.
“Financiación del propio sindicato”
La Guardia Civil registró en diciembre la sede de UGT-Andalucía y tres sociedades vinculadas al sindicato. “El análisis de la documentación incautada en diciembre, contrastado con las manifestaciones tomadas y otras diligencias practicadas, ha propiciado una acumulación de indicios sobre diversas personas como responsables, en distintos grados, de un delito de fraude de subvenciones”, según ha informado la Guardia Civil a última hora de este martes en una nota de prensa.
“Las investigaciones han podido definir diversos métodos utilizados para desviar el dinero de las subvenciones a otros fines diferentes, en este caso presuntamente a una financiación del propio sindicato. Estos procedimientos eran ejecutados por personal que trabajaban para UGT-A, el cual sería dirigido por un responsable de la citada organización”, señala la Benemérita.
“Se ha constatado que este fraude se realizaba de manera sistemática año tras año, siendo perfeccionado en el trascurso del tiempo. Se considera que la vía más importante en la financiación de este sindicato podría haber sido esta presunta práctica ilícita. La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones y registros”, concluye la Guardia Civil.