Eran algo más de las 10 de la mañana cuando un policía nacional, con gafas de sol y aire deportivo, justificaba su presencia en los alrededores del Cerro de San Miguel alto con la explicación de que “habían visto mucha gente junta”, sus compañeros y él, al pasar por allí; como si se hubieran querido unir a la romería. Sólo fueron unos segundos de charla con varios miembros del grupo (de más de 200 personas) que se concentraba en la ladera desde una hora antes. Luego, los dos agentes se dieron la vuelta y regresaron con el resto del dispositivo junto al furgón policial, aparcado en la explanada de la ermita desde donde se contempla el impresionante panorama de la Alhambra y sus bosques aledaños.
Pero desde el Cerro, al otro lado, donde se dio esa conversación y se concentraba la multitud –jóvenes variopintos, periodistas, algún político–, la vista es más espectacular si cabe: la Alhambra y el Albaicín enfrentados (Sierra Nevada al fondo). No por casualidad fue la expresión entorno privilegiado una de las más pronunciadas ayer para explicar qué es lo que parece subyacerentorno privilegiado tras el contencioso de las cuevas del Sacromonte; esas construcciones (alrededor de sesenta) que el Ayuntamiento pretende desmantelar con argumentos que pueden variar de un día para otro pero cuya consecuencia será siempre la misma: que quienes ahora las habitan dejen de hacerlo para dejar paso a otros planes aún desconocidos.
Aunque todo viene de antiguo, el nuevo episodio comenzó la pasada semana, cuando el Gobierno municipal (PP) decretó por mayoría el desalojo de ocho de las cuevas, las más próximas a la muralla nazarí de ese paraje, al declararlas en ruinas. Fijaron la intervención para el martes 10 de diciembre, a las 9 horas. Pero a esa hora ya había más de dos centenares de personas en la explanada superior de la ladera, convocadas sobre todo por la plataforma Stop Desahucios, dispuestas a impedir el paso de los agentes municipales, cadenas humanas mediante (los policías nacionales no intervendrían en un principio sino para supervisar la operación). De ahí que, para quien sólo pasara por allí, aquello pudiera parecer una inocente y estrafalaria romería de bohemios y reporteros gráficos tomando el café ofrecido por los vecinos, la mayoría muy jóvenes, estudiantes o artistas o artesanos.
“Estas cuevas no son del Ayuntamiento”, relataba Eu, una de las activistas presentes en la concentración: “No tienen derecho a desalojar a nadie. El pretexto que da el alcalde es que tienen peligro de derrumbe y es mentira; ya sabemos que las quieren para que haya grandes urbanizaciones, por el entorno en que se emplazan, para que esta ciudad sea sólo de los ricos y de los guiris”. Pero la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, también esgrimió como argumento el saneamiento de la vegetación… “Lo único que querrá sanear la concejal será su bolsillo”.
Maneras de vivir
Maneras de vivirAna, una joven vecina de las cuevas, explicaba: “Es que es un sitio privilegiado de la ciudad: se ve todo, la Alhambra, la sierra, el Albaicín…” Pero también –replicaba otra compañera suya– “uno de los pocos lugares que ofrecen la posibilidad de vivir de una forma distinta”.
Esa forma distinta de vida de que disfrutan los vecinos del Cerro ha tenido también su contestación por parte de otros vecinos del mismo Sacromonte que acusan problemas de ruidos, insalubridad e inseguridad, entre otras cosas, en San Miguel [sobre todo, dicen, por el grupo senegalés, que cuenta con un centro religioso en el lugar]. Pero los presentes en la concentración lo niegan tajantemente invitando a todo el mundo a que lo experimente por sí mismo: “Que vengan y que lo vean”, replicaba Ana; “les invitamos a desayunar, a cenar, a lo que sea”, para comprobar el estado de las cuevas, la mayoría de ellas con sistemas de agua corriente y luz. “Hay gente que tiene huertos, que trabaja en la artesanía, que estudia; mucha gente viene al atardecer a pasear y disfruta de la vida vecinal; no puedes pasar sin saludar a todo el mundo…”. “Damos comida a cambio de prejuicios”, apuntillaba, ácido, otro chaval. “Yo jamás me he sentido insegura”, aseguraba otra chica joven; “la convivencia es difícil a veces, pero no hay nada de peligro, jamás ha habido robos ni nada que se le parezca”. “Aquí todo se comparte”, decía un muchacho latinoamericano, “y muchas veces invitamos a los turistas a comer o descansar”.
“Hay dos derechos constitucionales violados”
Marisa Dávila, letrada, miembro de la cooperativa Abogados en Red, también se encontraba en el Cerro para dar su apoyo a los afectados, asegurando a este periódico que “se han cometido muchas irregularidades en el procedimiento por el que se pretende desalojar” las cuevas. Para empezar, “hay gente empadronada”, por lo que “la Administración ya ha reconocido el legítimo derecho de que esas personas vivan allí, están censados. Pero es que además”, continúa, “no se les ha dado tiempo ni la oportunidad de hacer las alegaciones que estimen convenientes. Hay dos derechos constitucionales violados en este caso: uno, el derecho a la defensa; otro, la inviolabilidad del domicilio, porque sin una orden judicial nadie puede echarte de tu casa. Desde luego, no la policía local. Vamos a agotar todas las vías para evitar que esta gente se quede en calle”.
“Personalmente”, remachaba Dávila, “entiendo que lo que anda detrás es un afán de especulación. Pero adecentar las condiciones del sitio, que se convierta en un paseo turístico maravilloso, no está reñido con que la gente pueda seguir viviendo aquí, en un entorno más digno”.
Y es que quizás, a la postre, la cuestión de fondo no sea tanto el paisaje como el paisanaje: el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Francisco Puentedura, presente también en la convocatoria, afirmaba que “detrás” del desalojo late “la intención de crear alojamientos turísticos rurales y despejar la zona de vecinos”. Algo que casi todo el mundo sostenía esa mañana pero nadie estuvo en condiciones de probar más allá de la intuición.
Sin embargo, y según Puentedura, “es una realidad, está negro sobre blanco: en la propuesta del Plan Especial Albaicín que presentó el PP en 2005, y que está paralizado por la Junta, se señalaba en esta zona un mirador, un restaurante y una zona de alojamiento turístico rural. Quieren cambiar la titularidad de toda la parcela, incluidas las cuevas, cuando la titularidad no está clara en muchísimos casos, y cuando el Ayuntamiento ya ha tenido que reconocer la titularidad de 7 de ellas y ha perdido un juicio” al respecto en otro caso.
La concejal de Urbanismo, por su parte, sostiene que los estudios manejados por el Consistorio señalan que no se trata de cuevas “históricas”, sino excavadas y agrandadas a lo largo de las últimas décadas, con grave riesgo de derrumbe para sus ocupantes, además de que no cuentan con las condiciones para una habitabilidad “digna”.
La consigna de los convocantes, ayer, era aguantar la concentración el máximo tiempo posible en el Cerro para evitar que al disgregarse el grupo (y desaparecer las cámaras de los medios de comunicación), la policía local apareciera finalmente a llevar a cabo el desalojo. Cosa que podría suceder en cualquier momento de cualquiera de estos días, sin previo aviso. En la explanada junto a la ermita de San Miguel, mientras tanto, la patrulla de la policía nacional seguía conversando tranquilamente al sol, frente al mediodía de la Alhambra.