En Andalucía no se oye el tam-tam del adelanto electoral, por mucho que el eco de los comicios madrileños agite el debate político en estas latitudes. El Parlamento autonómico ha aprobado este miércoles sin ningún voto en contra dos decretos ley de la Junta, de carácter “urgente y extraordinario”, que regulan las ayudas directas a empresas y pymes afectadas por la pandemia. El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha contado con los votos favorables del bloque conservado: PP, Ciudadanos y Vox. El partido de Santiago Abascal anunció el 25 de febrero, en esta Cámara, la retirada “temporal” de su apoyo al Ejecutivo. “No volveremos a apoyar leyes ni decretos de la Junta hasta que no cumplan con el compromiso de aprobar el pin parental”, dijo entonces su portavoz, Alejandro Hernández.
El mismo Hernández ha defendido ahora uno de los dos decretos ley, con sentido crítico, pero dejando claro que apoyarían ambas medidas “por responsabilidad”. Se acabó la ruptura “temporal” de los socios de Gobierno andaluz, que ha durado apenas un mes, y con ello, el ruido de un posible adelanto electoral. El ultimátum que Vox lanzó en febrero a Moreno Bonilla fue anterior al terremoto político que tendría lugar más tarde, tras la moción de censura fallida en Murcia y el adelanto electoral en Madrid. Entonces fue el propio Abascal, en un tuit, quien pidió un adelanto electoral en todas las comunidades gobernadas por PP y Ciudadanos, señalando al partido naranja como un “socio inestable y poco de fiar”.
La de este miércoles ha sido la primera votación en la Cámara de un decreto relevante, que moviliza cientos de millones a empresas. Un hipotético rechazo de Vox habría ilustrado una ruptura total de los socios y habría dado pie a Moreno para empezar a escribir el relato de un adelanto electoral, consecuencia de la falta de estabilidad. Ninguna de las partes lo quiere (aún). El propio Hernández, al poco de lanzar su ultimátum, matizó que el rechazo a apoyar “leyes y decretos” del Gobierno andaluz se ceñiría a materias que no tuvieran “un contenido político”.
El presidente andaluz pidió a su socio “reconsiderar su postura” y ordenó al consejero de Educación, Javier Imbroda, que volviera a sentarse a negociar con ellos el veto parental en las escuelas. Desde entonces, el agitado tablero político nacional ha enfrentado varias veces a Moreno Bonilla con la pregunta de si prevé agotar el mandato. Él siempre responde que esa es su intención, incluso compareció junto al vicepresidente y líder regional de Cs, Juan Marín, para anunciar un anexo a su pacto de Gobierno comprometiéndose a agotar la legislatura. Las elecciones andaluzas tocan el 28 de noviembre de 2022. “Yo quiero agotar el mandato... Es mi intención... Si me dejan... Si se mantiene la estabilidad... Si Vox no empieza a tumbar todas nuestras iniciativas en el Parlamento...”, insiste el dirigente popular.
Eso no apaga el tam-tam del adelanto electoral. También el PSOE andaluz, inmerso en un proceso de renovación complicado entre susanistas y sanchistas, agita el calendario electoral. Los críticos a Susana Díaz apremian para que se convoquen ya las primarias a la Presidencia de la Junta, para tener un cartel electoral preparado por si Moreno Bonilla llama a las urnas. Lo ha pedido formalmente el PSOE de Jaén, que es quien ha empujado este debate para precipitar el calendario precongresual y las primarias a la secretaría general del partido (que es lo que de verdad está en juego). No tocan hasta final de año, pero ya todas las agrupaciones críticas están saliendo a campo abierto para presionar a Díaz.
El debate de los dos decretos y las ayudas directas de la Junta, que movilizan unos 500 millones de euros, ha reproducido el choque habitual entre derechas e izquierdas en el Parlamento. Los primeros cargan contra el Ejecutivo central, al que acusan de “racanear” a Andalucía las ayudas directas estatales; los segundos acusan a la Junta de “llegar tarde y mal”, escudarse siempre en su confrontación con Moncloa, y estar “permanentemente dedicados a la 'propaganda'”.
Pero la dialéctica parlamentaria es una cosa, y el voto otra distinta. La oposición de izquierdas, sin fisuras, se ha abstenido para que la luz del cuadro de votación no señale en rojo su voto contrario a una importante inyección de dinero que recibirán cientos de empresas de muy distintos sectores castigados por la crisis de la Covid-19. Los decretos libran un ambicioso paquete de ayudas directas a las empresas y trabajadores más afectados por la pandemia, dotado de 732 millones de euros, anunciado el pasado 23 de marzo por el presidenta andaluz junto a representantes de los sindicatos UGT y CCOO y la patronal de empresarios. Se trata de 585 millones que irán a los sectores con más pérdidas (el comercio, el turismo y la hostelería) y otros 107 millones serán prestaciones sociales para personas en situación de pobreza extrema.
El paquete de 732 millones de euros para reactivar el tejido productivo andaluz se nutre de fondos propios y de fondos europeos. La Junta sólo ha librado una parte del total, sólo para aquellas ayudas que no se verán afectadas por el sistema de verificación que estipule el Gobierno central para su propio paquete de ayudas directas, que también gestionarán las comunidades. Moncloa tiene que adaptar y aprobar una directriz europea sobre las condiciones para optar a estas prestaciones, aclarar si son compatibles con las que las empresas perciban de la Junta, y los criterios de verificación (presentar una declaración jurada para justificar en qué se ha usado, presentar factura a factura...).
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