El revuelo político que ha generado la proposición de ley para legalizar regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana, con intervenciones muy críticas tanto del Gobierno de España como de la Comisión Europea, ha empujado al presidente andaluz a plantear la posibilidad de modificar el texto en el trámite parlamentario, ahora en curso. Pero la iniciativa tiene dos proponentes -PP y Vox- y uno de ellos ha cerrado el paso a esa vía.
El grupo ultraderechista ha recordado a los populares este miércoles que son ellos quienes lideran este debate, quienes inicialmente registraron su proposición de ley el pasado octubre, obligándoles a responder con un texto alternativo que es el que finalmente presentaron conjuntamente. “No hemos retirado nuestra proposición de ley, aún está en el inventario del Parlamento”, ha subrayado el portavoz de Vox, Manuel Gavira.
En efecto, esa propuesta inicial está hibernando en la Cámara, a falta de que sus autores soliciten a la Mesa que se debata en el Pleno. No es una opción que Vox se plantee ahora, pero los de Santiago Abascal sí han querido advertir al PP de que existe ese camino alternativo, en caso de que su iniciativa conjunta tropiece con alguna traba o modificación con la que no están de acuerdo. “Quien lidera esta iniciativa es Vox, ya lo hicimos en la pasada legislatura”, ha recordado Gavira, aludiendo a aquel primer proyecto que firmaron conjuntamente PP y Vox, por un lado, y PP y Ciudadanos, por otro (exactamente el mismo texto).
La nueva proposición de ley incorpora ideas del PSOE andaluz y del Ministerio de Transición Ecológica, presentadas durante el debate del anterior proyecto. La Junta defiende que esas aportaciones blindan Doñana y dejan claro que no habrá ninguna afección al medio ambiente. Los socialistas y el Gobierno discrepan, igual que la comunidad científica, la Comisión Europea y la Unesco. Todos han censurado el texto y concluyen que “desproteje” y pone en riesgo la reserva natural.
Moreno se aferra a este proyecto con uñas y dientes, insiste en que lo llevaba en el programa electoral con el que ganó con mayoría absoluta las elecciones de junio del año pasado. Pero el varapalo y la amenaza de sanciones millonarias que ha esgrimido la Comisión Europea han obligado al presidente de la Junta a mover posiciones: por un lado admite que se está “dejando jirones” con esta iniciativa, por otro se abre a modificarla en la tramitación parlamentaria.
Esto implica tocar un texto que fue redactado por el PP, y que Vox aceptó para aparcar su propia iniciativa, previa consulta a los agricultores afectados en la Corona Norte de Doñana. “El presidente habla de la modificación de la ley, habrá que ver qué plantean, pero la posición de Vox en relación a la posible modificación es la que tengan los agricultores de esa zona, de la plataforma, si ellos dicen no, nosotros votaremos no”, ha advertido Gavira en sede parlamentaria.
“Moreno ha hecho un juego de esto”
La proposición de ley no cuantifica las hectáreas susceptibles de recalificación -de secano a tierras de regadío-, que adquirirán “derechos de riego”, aunque el agua sólo les llegará si la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se la autoriza. Y este organismo, dependiente del Gobierno central, ya ha sido tajante en su negativa: no hay agua ni para los cultivos de riego legales.
La ley sostiene que el derecho de riego estará, también, condicionado a que haya agua en superficie, algo inexistente ahora, no sólo por la crisis de sequía generalizada, sino porque las infraestructuras hidrológicas necesarias para trasvasar el agua hasta esas parcelas ni siquiera están comenzadas. La presa, el túnel y el trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, además, posibilitarían unos 20 hectómetros cúbicos de agua que ya está comprometida por ley para otros cultivos, en ningún caso para nuevos regantes.
Vox no ve necesario modificar la proposición de ley, porque el texto actual ya fue avalado por los agricultores propietarios de las tierras susceptibles de recalificar (muchos de ellos multados por esquilmar el acuífero sobreexplotado de Doñana durante años). “El día antes de registrarla, yo personalmente, para asegurarme, hablé con la gente de la plataforma de afectados. ¿Está todo correcto?, pregunté. Y sí”, dice Gavira.
El portavoz parlamentario de Vox ha acusado al Gobierno andaluz de “estar haciendo un juego” con este asunto. “Moreno llegó a decir que ésta es una iniciativa del Parlamento, como si él no fuera el presiente de la Junta aquí en el Parlamento, él se llegó a desmarcar… y dijo que no había prisas”, ha asegurado.
A pesar de admitir el desgaste que este asunto supone para el presidente, el PP andaluz ha vuelto a sacar el tema este miércoles antes incluso de que le pregunten los periodistas. “Si encuentran un punto que afecte al medio ambiente o a Doñana, yo mismo, como firmante de la proposición de ley, me comprometo a retirarla. Es mentira. No afecta a nada”, ha retado su portavoz parlamentario, Toni Martín.
Martín ha delegado en los grupos de izquierdas la responsabilidad de modificar la proposición de ley en el trámite parlamentario. “A nuestro juicio, el texto incluye lo que debe incluir”, ha asegurado, recordando que se introdujeron propuestas del PSOE andaluz, que en la primera iniciativa se abstuvo en el debate de toma en consideración de la ley, en contra del criterio del Gobierno de España y de la dirección federal de su partido.
Ribera sí, Delibes no
Los tres grupos de izquierdas -PSOE, Por Andalucía y Adelante- ya han anunciado que no presentarán enmiendas al texto porque invalidan el procedimiento elegido por el Gobierno de Moreno para regularizar regadíos próximos a Doñana: parapetándose en los grupos parlamentarios, en vez de impulsar directamente un proyecto de ley desde el Ejecutivo, que requeriría la solicitud de informes técnicos y del Consejo de Participación de Doñana, abiertamente contrario a la norma.
Los grupos registraron el martes su lista de agentes sociales que deberán comparecer en el Parlamento para dar su visión respecto a la proposición de ley. PP y Vox coinciden en algunos de los nombres, entre ellos el de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a quien afean que les niegue el diálogo con la Junta. Ribera ha puesto como condición para dialogar que antes se retire la iniciativa del Parlamento andaluz. Entre la lista de comparecientes propuestos por las derechas no está el director del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, que fue la voz más rotunda y crítica contra el proyecto la primera vez que se debatió en la Cámara.
La proposición de ley se va a dirimir en la Comisión de Fomento, que controla el PP con mayoría absoluta. Ahora debe consensuarse y aprobarse la lista definitiva de comparecientes, incluyendo nombres de cada grupo, aunque los propuestos por la izquierda difieren mucho de los que han presentado las derechas. Fuentes populares descartan que los agentes sociales vayan a comparecer antes de las elecciones municipales del 28 de mayo, pero insisten en que la ley, tramitada por la vía de urgencia, estará aprobada antes de que finalice este periodo de sesiones, en el mes de julio.