Apenas una hora después de conocerse la moción de censura registrada por PSOE y Ciudadanos en Murcia para tumbar al Gobierno del popular Fernando López Miras, el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha exigido la convocatoria inmediata de elecciones en todas las comunidades que, como en Murcia, existen gobiernos de PP y Cs sustentados por su partido. Andalucía es el más estable de todos ellos, con unos Presupuestos en vigor aprobados hace tres meses, que garantizan la gobernabilidad sin demasiados sobresaltos hasta final de año (con posibilidad de prorrogarlos hasta final de legislatura, en diciembre de 2022).
Tras el tuit de Abascal, el grupo parlamentario de Vox en el Parlamento andaluz se ha sumado a esta petición, exigiendo al presidente popular Juan Manuel Moreno Bonilla que adelante los comicios, “ante el riesgo de ser asaltada por el socialismo y en contra de la voluntad de las urnas”. Fuentes del Ejecutivo andaluz han hecho oídos sordos a este órdago de su socio ultraconservador, porque la aprobación de las cuentas les garantiza la estabilidad necesaria para seguir adelante. Vox ha intensificado su presión al Gobierno andaluz desde las pasadas elecciones catalanas del 14 de febrero, en la que rebasó en votos y escaños a PP y Cs juntos. Todas las encuestas recientemente publicadas, incluida la que financia la Consejería de Presidencia, sitúan al grupo ultraderechista en alza, como tercera fuerza, por delante de los naranjas.
El leit motiv del distanciamiento táctico de Vox respecto al Ejecutivo de Moreno Bonilla es el llamado pin parental, un derecho de veto de las familias contra contenidos educativos obligatorios aprobados en el proyecto escolar del colegio de sus hijos, algo que la Junta rechaza porque “es ilegal”. PP, Cs y Vox firmaron el año pasado un acuerdo político parejo a los Presupuestos de 2019 que incluía el compromiso de aprobar una norma que obligase a los colegios andaluces a pedir una “autorización expresa” a los padres sobre las actividades complementarias que cursaban sus hijos en las asignaturas obligatorias.
La Consejería de Educación, en manos de Ciudadanos, se negó a interpretar ese acuerdo como una suerte de “censura previa”, que es lo que exigía Vox. Esta discrepancia es una de las que explica la moción de censura en Murcia, puesto que el pin parental también está incluido en el acuerdo de PP y Vox para los Presupuestos de 2021, y Cs se ha descolgado de dicho acuerdo.
Moreno Bonilla no tiene intención de adelantar las andaluzas, previstas para diciembre de 2022, y menos bajo amenazas de sus hasta ahora aliados de extrema derecha. La crisis interna del Gobierno de PP y Cs en Murcia es difícilmente extrapolable a Andalucía, donde existe estabilidad presupuestaria, los socios gozan de afinidad sólida y, sobre todo, les une la animadversión mutua a un PSOE que ha gobernado Andalucía durante 37 años ininterrumpidos, y que hoy por hoy sería la única alternativa al Ejecutivo actual.