La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha sido convocada de urgencia este lunes, a petición del alcalde hispalense, el popular Juan Ignacio Zoido, y ha aprobado la destitución del director del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Joaquín Peña, después de conocerse su imputación dentro de la operación 'Madeja' en la que la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, investiga si el exdirector del área de Vía Pública y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas Fitonovo y a Fiverde.
Tras participar en el acto de inicio de las obras de las Naves del Barranco, Zoido ha informado de que se ha hecho un registro en la Delegación de Medio Ambiente y se ha procedido a la “imputación de varias personas de este departamento, parece ser que funcionarios”, además del propio Peña, que ha sido destituido al “cambiar las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su nombramiento”.
Así, ha confiado en que la actuación judicial “sea la que tiene que ser”, advirtiendo de que Peña “tiene derecho a su presunción de inocencia, pero no como director de un departamento del Ayuntamiento”. Zoido explica que el concejal de Medio Ambiente y Urbanismo, Maximiliano Vílchez (PP), ha hablado este lunes con este director de Área, quien se ha mostrado “sorprendido” por lo sucedido.
“Peña tiene derecho a defenderse y estoy seguro que así lo hará, pero quiero que resplandezca la verdad y, si está imputado, no puede formar parte del gobierno local”, subraya, indicando que si finalmente se demuestra su inocencia “volvería a tener la oportunidad de estar”. Zoido insiste en que “las medidas hay que tomarlas y no poner paños calientes” y afirma que, si esta investigación se extendiera a otros departamentos, tendrá “la misma firmeza que he tenido hoy” .
“No he necesitado tener constancia por escrito, sino con la imputación de la Guardia Civil se ha procedido el cese y así ocurrirá con todo aquel que se tenga motivos para ello, sin permitir que dimita por motivos personales, como ocurriera en Mercasevilla”, asegura, insistiendo en la necesidad de que “se diriman cuanto antes las responsabilidad”.
Sobre los contratos existentes con Fitonovo, Zoido agrega que ha conseguido las licitaciones al ser las propuestas ganadoras en la mesa de contratación. “Cuando Alaya pidió todos los expedientes adjudicados a Fitonovo del gobierno anterior, le remitimos también todos los que se han concedido el último día porque no queremos que haya ni trampa ni cartón, sino que se esclarezca la verdad caiga quien caiga y sin medias tintas” concluye.
DOS DETENCIONES Y VARIOS REGISTROS
Y es que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han trasladado este lunes a Sevilla en el marco de la investigación liderada por la juez Alaya y, además de imputar a Joaquín Peña, han detenido al hijo del dueño de Fitonovo, José Antonio González, y a otro trabajador de esta empresa.
Fuentes de la investigación han informado a Europa Press de que por el momento se han registrado estas dos detenciones y no se descarta practicar otras nuevas, todo ello dentro de la operación en la que se realizan registros desde primera hora de la mañana en la sede de la empresa Fitonovo ubicada en el Parque Empresarial Los Llanos del municipio de Salteras y en la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla.
En concreto, los agentes han practicado registros en el despacho del propio Joaquín Peña (PP); del jefe de servicio, José Antonio Amores; de su adjunto Javier Gómez y del capataz y responsable de conservación del Parque de María Luisa, Francisco Luis Huertas.
Estos registros se producen justo después de que se haya conocido que la juez, dentro del secreto de las actuaciones, acordó el pasado 21 de octubre la intervención de ocho líneas telefónicas utilizadas por directivos y empleados de Fitonovo y por funcionarios del Consistorio hispalense, habiendo acordado el 5 de noviembre la intervención de dos líneas más.
ACTUACIONES BAJO SECRETO
La instructora explica en el auto por el que prorrogó por quinta vez el secreto de las actuaciones que, de la intervención de estas líneas telefónicas, “se han obtenido datos importantes” para la investigación en curso, “habiéndose procedido a la entrega en el Juzgado de DVD conteniendo las conversaciones interceptadas, así como transcripción de las que resulten relevantes para el esclarecimiento de los hechos”.
En el auto, consultado por Europa Press, la instructora señala asimismo que se encuentra a la espera de que el Grupo de Criminalística de la Guardia Civil aporte los datos digitales contenidos en una 'tablet' intervenida a Castaño, así como del volcado de datos digitales de otros dispositivos informáticos intervenidos, los cuales “pudieran ser de interés para la investigación y de los que se derivarían nuevas diligencias”.
“Teniendo en cuenta lo anterior y sobre todo las intervenciones telefónicas decretadas, así como las diligencias nuevas que previsiblemente se ordenarán, es procedente prorrogar” el secreto de las actuaciones, “pues lo contrario podría provocar la destrucción de indicios o fuentes de prueba por parte interesada, anulando la eficacia de la acción policial y judicial”.
“NUEVA APARICIÓN DE DATOS DE INTERÉS”
La juez Alaya entiende que la prórroga del secreto “es una medida totalmente proporcional con la gravedad de los hechos expuestos”, más aún después de que la Guardia Civil haya puesto de manifiesto la “nueva aparición de datos de interés para la investigación de la causa”.
El secreto de las actuaciones fue decretado por primera vez el pasado mes de julio, tras las detenciones tanto de Castaño como de su mujer, la abogada Ana María Vaquero, del administrador de la empresa de infraestructuras y medio ambiente Fitonovo, Rafael González Palomo, y del exadministrador de Fiverde Ángel Manuel Macedo.
Castaño fue el único de los cuatro detenidos que ingresó en prisión, aunque la pudo abandonar a mediados del pasado mes de agosto después de pagar la fianza de 60.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Sevilla, que estimó de este modo el recurso de apelación presentado por su letrado contra el auto de prisión dictado por la juez Alaya.
La instructora imputa a Castaño los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales. Asimismo, le impuso una fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones de euros, frente a la petición de 360.000 euros planteada por el Ministerio Público.
Durante su declaración ante la juez, el administrador de Fitonovo aseguró que, entre los años 2005 y 2006, entregó un sobre con 30.000 euros a Domingo Enrique Castaño y que le dijeron que este sobre con la cantidad de dinero referida “era para el PSOE”, punto en el que subrayó que el dinero entregado “no era a cambio de nada”, porque además “los contratos ya estaban dados”.
ENTREGA DE TELÉFONOS MÓVILES
También dijo que entregó a Castaño siete teléfonos móviles Nokia para que los repartiera, aunque no precisó quiénes serían los últimos destinatarios de estos teléfonos.
Esta operación viene derivada de la investigación en torno a las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla, en el marco de la cual la magistrada pidió a la Guardia Civil que investigara el enriquecimiento “sospechoso” de Castaño.
A raíz de esta investigación, los agentes habrían llegado a la conclusión de que Domingo Enrique Castaño pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas referidas.