El Ministerio del Interior ya ocultó en su primera y casi única información oficial sobre el traslado de cerca de medio millar de migrantes que llegaron casi al tiempo en patera a las costas españolas el fin de semana del 18 al 19 de noviembre que el destino de aquellas personas era un centro penitenciario, lo que venía y viene a incumplir la ley. De la patera a la cárcel en solo unos días. El caso es que salvo para aquella ocasión, donde se contaron en una nota de prensa exclusivamente las supuestas bondades del lugar, registrado como cárcel en el BOE en marzo pasado, el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido no ha ofrecido mayor detalle de lo que está pasando en Archidona (Málaga) pese al buen número de situaciones irregulares y denuncias, incluso la muerte de una persona en su interior que acaba de cerrar provisionalmente un juzgado sin haber escuchado a las acusaciones.
Durante las primeros horas se insistió por parte de Interior en la transitoriedad del traslado y en el beneplácito que habían otorgado hasta siete juzgados de Murcia, puesto en duda al menos por un juzgado de Vera (Almería). Las dudas que han puesto sobre la mesa en este mes y medio numerosas entidades sociales, varios partidos políticos y hasta el Defensor del Pueblo sobre diversos aspectos de la situación de los migrantes no han parado de crecer, pero el Ministerio no ha ofrecido más información -este medio ha solicitado al Ministerio por diversas vías diferentes datos- durante las últimas semanas ni tampoco ha realizado más comunicaciones por los cauces oficiales más allá de informar de una reunión con la alcaldesa de Archidona una semana después del traslado.
Llegados a este punto, desde el departamento de comunicación de Zoido se ha explicado que “nosotros desde el Ministerio del Interior sobre este tema no estamos informando nunca por razones operativas, entonces quien está informando sobre este asunto es la Policía Nacional, por lo te pediría que les llamaras a ellos y les hagas las cuestiones pertinentes”.
Los responsables de prensa de la Policía no parecen estar muy al tanto de este particular traslado de competencias. Preguntados por la fecha prevista de cierre del centro como CIE temporal, comentaron a este periódico que no tenían “ni idea, entre otras cosas porque nosotros no hemos sido los que lo hemos habilitado como tal, no es una cosa de la Policía”. “Nosotros simplemente somos los encargados de los trámites administrativos y procedimos a mandar gente para la custodia del centro”, dijo un responsable de comunicación, que en una llamada posterior aclaró que “de momento no hay una fecha definitiva para cerrarlo como CIE”, sin poder detallar si “la comunicación oficial que se trasladará” llegado el momento se hará a través del gabinete de prensa del Ministerio o del de la Policía.
¿Cierre el 20 de enero?
La pregunta procedía de la información que circula entre sindicatos policiales acerca de que el CIE temporal cerrará el día 20 de enero, justamente cuando se cumplen dos meses (el plazo máximo para la estancia de migrantes en este tipo de centros), que permitiría también abrir el lugar como cárcel, algo previsto desde hace años pero que se ha ido posoponiendo por diversas circunstancias. No existe documento cerrado, como indica la Policía, pero funcionarios de prisiones han señalado que han sido infomados verbalmente de que irán destinados a Archidona en febrero, según fuentes sindicales. Interior dijo ante el traslado de los inmigrantes al centro penitenciario que “se intentará no agotar el plazo máximo de 60 días de estancia máxima previsto en estos casos”. Ese plazo vence el día 20 de enero, es decir, en apenas dos semanas.
“Las devoluciones se hacen conforme las va ordenando la autoridad judicial”, se limitaron a decir desde el departamento de prensa de la Policía Nacional al ser preguntados por las deportaciones que se están viviendo en los últimos días y que, según varias fuentes, podrían obedecer a la intención de dejar todo listo para inaugurar la cárcel, cumpliendo con los compromisos adquiridos con sindicatos de prisiones y, principalmente, sin rebasar el tiempo máximo de estancia en la prisión empleada como CIE.
En todo caso, desde el propio departamento de prensa del Ministerio, en una de las múltiples llamadas cruzadas, se llegó a poner en duda la política de comunicación de Interior. Hasta el punto de que, según señaló otro portavoz, ya no informan de lo que sucede en Archidona pese a que el propio ministro defendió con vehemencia en el Congreso el encierro de migrantes en el centro penitenciario.
Comisión de Interior
Entre tanto, Maribel Mora, portavoz adjunta del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú-Marea, ha pedido una ampliación del orden del día de la comisión de Interior del próximo 18 de enero por los “graves hechos sucedidos” en Archidona. En su solicitud incluye una amplia batería de preguntas, así como una petición de copias de la investigación interna sobre la muerte del migrante el 29 de diciembre, de las imágenes de las cámaras de seguridad de los altercados producidos en la prisión de Archidona el 28 de diciembre, del Plan Antiincendios y de Evacuación del centro penitenciario, y del protocolo antisuicidio del centro.
Mora recuerda en una de sus preguntas que, según el auto de archivo de la causa abierta por la muerte del migrante, consta en el atestado realizado por el grupo de homicidios de Málaga que desde que ingresó el interno en su celda a las 15H 27 minutos del día 28 de diciembre hasta las 9 horas 35 minutos del día 29 no se abrió en ningún momento la puerta de la celda (número 41 del módulo 3) ni hubo ningún movimiento en el módulo desde las 18H del 28 de diciembre.
“¿Por qué motivos estaba sola dicha persona en una celda? ¿Se produce su aislamiento en celda como medida coercitiva o cautelar o de cualquier otro tipo? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo no se realiza ningún tipo de vigilancia de la situación personal o médica del interno durante 18 horas?. ¿Por qué motivo no se le facilita comida o agua durante 18 horas?”, pregunta la senadora andaluza.
Mora se refiere en varias de sus cuestiones dirigidas al ministro al hecho de que, con fecha 23 y 24 de noviembre, el Defensor del Pueblo realizó visita de control al centro penitenciario de Archidona donde constató que no se estaban respetando las reglas mínimas para la custodia de las personas internadas en un CIE (carencia de atención sanitaria suficiente, información normas mínimas de funcionamiento del centro; ausencia horario y actividades, etc), preguntando al respecto de las medidas se han tomado en cada uno de esos ámbitos y con qué fechas, entre otras muchas cuestiones.