Los 260 vecinos de la localidad oscense de Bailo, próxima a Jaca, se han unido para echar abajo una proyectada macrogranja porcina y van camino de conseguirlo. Su movilización, con el apoyo de la plataforma Stop Purines Pueblos Vivos, ha llegado hasta el pleno municipal, que la semana pasada aprobó la suspensión del otorgamiento de licencias para nuevas instalaciones agrarias intensivas en la totalidad del suelo no urbanizable del municipio durante un año. Se abre ahora un debate sobre la incidencia de estos proyectos y el estudio la posible modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La posible implantación de una granja de 7.200 cerdos en Larués –una pedanía de Bailo– supondría, según Stop Purines Pueblos Vivos, la producción de 18.000 cerdos al año junto al barranco de Arrié, a dos kilómetros del núcleo y con viento dominante hacia la localidad. “La granja puede llegar a consumir 72 metros cúbicos de agua al día, la misma cifra que una familia de cuatro miembros en seis meses. Además, produciría 15,5 millones de litros de purín –excrementos mezclados con restos de pienso, antibióticos y productos de limpieza–, lo que equivale a casi 5 piscinas olímpicas de purín al año”, señalan.
Aparte de generar malos olores, el purín contamina tierras y aguas subterráneas con nitratos, “hasta el punto de que en algunos pueblos con granjas no pueden beber agua del grifo”. Si el proyecto llegase a término, “el tráfico de vehículos pesados aumentará exponencialmente, explotando una carretera secundaria que cruza el casco urbano, con la degradación y el peligro que ello conlleva”, y “esto puede llevar a una posible emigración de familias por la alteración de la calidad de vida y la amenaza al conjunto de actividades, cerrando el paso a vías de desarrollo como el turismo rural o habitantes que puedan teletrabajar”.
Este tipo de granjas “altamente mecanizadas” generan “muy pocos puestos de trabajo, uno o dos a lo sumo, por lo que no combaten la despoblación. Todo lo contrario: la repercusión negativa del proyecto sobre el sector servicios puede suponer la pérdida de cuatro puestos y el cierre del único establecimiento que da esperanza al pueblo”, añaden desde Stop Purines Pueblos Vivos.
Municipios próximos como Berdún, Jaca o Sabiñánigo lograron en su día la suspensión de proyectos de este tipo de granjas con la modificación de normativas específicas, “quedando Bailo como única opción para este tipo de negocio”, según la plataforma, que teme que “si no actuamos, esta situación puede extenderse a las distintas localidades del municipio”. “Esto que quieren construir es una factoría de carne controlada a distancia que nos va a convertir en un estercolero. Formamos parte de un plan para enriquecer a unos pocos a costa de la salud y el bienestar de los que vivimos en Larués y el resto de pueblos colindantes”, temen.
La moratoria aprobada por el ayuntamiento recoge ahora el descontento vecinal. El consistorio recuerda que forma parte del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel y cuenta con varios espacios declarados ZEPA (Zona de Especial Protección de las Aves) y LIC (Lugar de Interés Comunitario) y que ha sido “pionero” en el establecimiento de las medidas que regulen las granjas de porcino con un PGOU aprobado en 2017 y que se tomó como ejemplo en otros municipios de la provincia de Huesca. Desde entonces, el sector del porcino ha evolucionado y se cree necesario volver a estudiar el PGOU y realizar una nueva valoración del modelo productivo que se pretende.
En mayo se desveló la compra por parte de una empresa dedicada a la ganadería intensiva de porcino de una parcela situada aguas arriba de la localidad de Lierta sobre el lugar en el que, a día de hoy, se capta la parte potable del agua. “Esta firma ya ha pedido una licencia de actividad al Ayuntamiento sobre la que este ha emitido, incomprensiblemente, un informe urbanístico favorable. No sólo se trata de un problema de la cantidad de agua que una explotación de este tipo consume sino que, además, dichas explotaciones generan una enorme cantidad de purines cuyo vertido acarrearía una contaminación aún mayor de nuestra agua”, lamentó entonces la asociación vecinal.
El pasado mes de enero, un grupo de 30 vecinos de Graus puso en marcha una campaña de recogida de firmas para solicitar al ayuntamiento de la capital de la comarca de la Ribagorza una moratoria de al menos 13 años para la puesta en marcha de nuevas instalaciones o la ampliación de las granjas de porcino ya existentes en el municipio. Se agarraban a unos análisis de aguas que califican de “alarmantes” unas muestras recogidas en varios puntos de la zona de Torres del Obispo, un núcleo de 150 habitantes que pertenece a Graus, y del Valle del Sarrón. Según estas pruebas, en seis de estos puntos, nueve en total, el agua resulta no apta para el consumo humano por superar los niveles máximos de nitratos y de bacterias fecales permitidos.