El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) denuncia que el Gobierno de Azcón deja “puestos vacantes sin cubrir, sobrecarga de trabajo al personal y desmantela así el servicio público” con su gestión del personal en la Administración autonómica de Aragón. Esas acusaciones se producen tras la resolución del concurso de trasladados la semana pasada, en la que más del 80% de las plazas quedaron desiertas.
De los 3.872 puestos ofertados en el último concurso de traslados, han quedado desiertos 3.207, el 83% del total, por falta de peticiones. Pese a ello, desde el sindicato denuncian que este concurso “provocará de nuevo cientos de despidos de interinos de larga duración”. STEPA ha calificado de “sangrante” que el Ejecutivo de Jorge Azcón “haya incumplido totalmente la Ley 20/21, que obliga a estabilizar las 17.000 plazas ocupadas por interinos aragoneses en fraude de ley, y sí la utilice para promover nuevos despidos, mientras perpetúa el abuso y la precariedad en toda la administración autonómica”, explican en una nota de prensa.
Según el último boletín estadístico de personal del Gobierno de Aragón reconoce que de 12.130 trabajadores de la Administración general, solo 3.893, el 31,5%, tienen destino definitivo. El sindicato considera que estos resultados muestran “que no hay interés en optar a plazas, muchas de ellas ocupadas por interinos que están siendo despedidos, incluso con sentencias firmes de abuso de temporalidad, sin haber tenido la oportunidad de estabilizar su puesto que señala la ley y ni siquiera percibir una compensación económica”.
A estos movimientos seguirán en noviembre la adjudicación definitiva de aquéllos funcionarios de nuevo ingreso que se encuentran en adscripción provisional, por lo que STEPA considera “una anomalía legal incluida en los Presupuestos de Aragón, ya que los puestos ofrecidos al personal que supera un proceso selectivo deben ser definitivos”.
De esta manera, “el movimiento de personal fijo junto a los cientos de ceses que se avecinan puede provocar una situación insostenible en toda la DGA”.
Fin de la interinidad a los tres años
A los efectos del concurso se suma la aplicación de la instrucción de mayo del Director General de Función Pública en la que se establece que “transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino”. STEPA ha solicitado ya en dos mesas sectoriales de Administración General su supresión o modificación por considerarla “ilegal en aspectos formales y de fondo al pervertir el TREBEP, perjudicando al servicio público y discriminando a los trabajadores temporales y maximiza los despidos de interinos”.
“Cada vez son más numerosas las quejas que recibimos de trabajadores que ven con impotencia que no pueden dar el servicio público que desearían, por falta de personal en sus departamentos, cada vez hay más puestos sin cubrir y más presión de trabajo en el personal que se encuentra en activo, afectando a su salud laboral”, explican desde el sindicato.
STEPA ha vuelto a condenar la política de Función Pública del Ejecutivo del PP, que no sirve para reducir la alarmante temporalidad: “El propio consejero responsable, Roberto Bermúdez de Castro, ha reconocido su fracaso al admitir públicamente que la temporalidad será a fin de año superior al 20% en Administración General, cuando la obligación legal es que no supere el 8%”.
Frente a esta situación, STEPA ha reclamado al Gobierno de Aragón una negociación para establecer una cobertura ágil e inmediata de las plazas vacantes, “que no deje sillas vacías durante un largo tiempo, porque supone pérdida de servicio a los ciudadanos”.
El sindicato considera que es necesario un nuevo decreto de provisión “realizado con planificación y visión global” y con carácter inmediato establecer un procedimiento, con fechas límite de ejecución, de llamamiento a los interesados a través de la web de la administración aragonesa y las listas de espera ordinarias.
“La política de personal del Ejecutivo de Jorge Azcón es nefasta; basada solo en una ineficaz búsqueda del descenso de temporalidad a costa de las condiciones de los trabajadores y del servicio a la ciudadanía, por lo que requiere un giro radical”, ha concluido STEPA.