“Cada año se certifican torturas y desapariciones forzosas en el Tíbet”

El redactor e investigador de las dos querellas presentadas ante la Audiencia Nacional por el genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos contra el pueblo tibetano estuvo hace unos días en Zaragoza, ofreciendo una conferencia de la mano de la ONG Estrella de la Mañana.

¿En qué momento está ahora mismo el proceso judicial en el que denunciaron el genocidio cometido en el Tíbet por el gobierno chino? 

El proceso judicial está completamente muerto. Hace ya un año y medio recibimos respuesta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y finalmente certificaron la impunidad del caso. Hemos hecho ya todo el recorrido: Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Constitucional y Estrasburgo. La ruta judicial está acabada.

¿Fue un varapalo la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos?

En principio, teníamos confianza en nuestros argumentos jurídicos porque la reforma contra la que peleábamos se hizo con efecto retroactivo y suponía una denegación flagrante del derecho de acceso a justicia a todas las víctimas. Había elementos más que suficientes para que se hubiera pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Finalmente prevalecieron otros criterios y quedó todo en saco roto. Había esperanza; aunque, por otra parte, teníamos el precedente de que cuando reformaron la jurisdicción universal en Bélgica, hace ya unos cuantos años, también acudieron a Estrasburgo sin ningún resultado. Por lo tanto, se ha repetido la jugada.

¿Qué denunciaban exactamente en la querella?

Denunciábamos que se había cometido un genocidio en el Tíbet desde la ocupación militar del país por parte de China. Se aportaba toda una serie de pruebas, de informes y de testigos directos de ese genocidio. Estuvimos aportando todo tipo de pruebas ante la Audiencia Nacional desde 2005 hasta 2013. Finalmente, los jueces de la Audiencia Nacional reconocieron que el caso reviste todas las características de un genocidio. Fue entonces cuando se decretaron las órdenes de arresto internacional, pero se hizo la famosa derogación de la jurisdicción universal en España. 

En realidad, sí quedó demostrado que hubo genocidio, como denunciaban... 

Exactamente, quedó acreditado. La carga probatoria que había en la Audiencia Nacional era descomunal. Además, no es algo que se hiciera por primera vez. China ya fue denunciada por cometer el genocidio del Tíbet en los años 60, en la asamblea general de Naciones Unidas. Fue el primer estado acusado de cometer un genocidio después de la Segunda Guerra Mundial ante la asamblea general de la ONU. Entonces, no era algo nuevo. Lo que pasa es que nosotros aportábamos muchísimas más pruebas, desde aquella época hasta la actualidad. Pero los autores no asumieron ninguna responsabilidad, precisamente por esa involucración política en este asunto judicial.

¿Cree que el genocidio continúa desde 2005 hasta hoy?

Efectivamente, ese es el problema: la impunidad crea todo el espacio para que se repitan los crímenes. El Tíbet no es una excepción. Cada año, distintas organizaciones de derechos humanos que trabajan con exiliados del Tíbet y con gente que continúa dentro certifican que continúan produciéndose torturas, desapariciones forzadas, campos de trabajos forzados... Continúa habiendo una represión absoluta dentro del país.

¿Por qué esa represión con esa zona en concreto? 

Porque geoestratégicamente esa zona es vital para China. Gran parte de los recursos militares del país, por ejemplo, el uranio, se encuentra en Tíbet. Y, sobre todo, porque comparte una gran frontera con India, con la que China ya ha tenido un conflicto armado. En la actualidad, ha devenido, si cabe, aún más importante por el agua: todos los grandes ríos que discurren por China y por todo el sudeste asiático, que alimentan a más de mil millones de personas, nacen en el Tíbet. Controlar el agua del Tíbet es controlar absolutamente la geoestrategia del sudeste asiático. De hecho, están construyendo mega presas en territorio tibetano y desviando desde hace unos años toda esa agua que iba a los grandes ríos de Asia hacia zonas más desérticas del norte de China. Por tanto, ese es otro elemento más para controlar el Tíbet por parte del gobierno de China. 

¿Por qué no hace nada la comunidad internacional?

Sí ha hecho, lo que ha hecho es avalar la impunidad de China. Cuando hubo un proceso judicial y hubo una petición de China de modificar nuestra ley interna, se hizo caso a China y no se hizo caso a las víctimas; se saltaron todas las normas. Por supuesto que hacen caso, pero hacen caso a China, porque allí están las grandes empresas y los grandes intereses económicos. Esto, desde año y poco, está cambiando porque China está dejando de ser para Estados Unidos y para la Unión Europea un socio estratégico y se está convirtiendo en un rival. Por tanto, empiezan a haber cambios de paradigmas en el sentido de que se comienza a mirar a China con otros ojos. Ahora se empiezan a invocar los derechos humanos de los tibetanos. Pero no es por una creencia en los derechos humanos, sino porque los intereses comerciales y económicos ya no son los de un socio estratégico, sino más bien los de un “rival sistémico”.

¿La entrada de China en el conflicto de Ucrania podía afectar?

Sinceramente, dudo mucho que China se vaya a posicionar abiertamente, mucho menos militarmente, a favor de Rusia. Está en una ambigüedad porque para China, su prioridad es seguir teniendo buenas relaciones económicas con todo el planeta y tener ahora un perfil no muy alto en las relaciones internacionales. Por lo tanto, no creo que suceda eso. En todo caso, la Unión Europea y Estados Unidos ya han llevado a cabo distintas acciones contra distintos responsables chinos por violaciones de derechos humanos. Se han dado algunos pasos en esa dirección y, a su vez, de forma recíproca, ha habido sanciones de China contra distintos representantes de derechos humanos y académicos aquí, en Europa, por defender esta causa.

¿Cuáles deberían ser los siguientes pasos para defender al pueblo tibetano?

El paso necesario que ya puso encima de la mesa la asamblea general de la ONU en los años 60 y que es una norma imperativa del derecho internacional es celebrar un referéndum y otorgar el derecho de libre determinación al pueblo tibetano para que decida cuál quiere que sea su estatuto jurídico. Pero eso, ahora mismo, es una auténtica ciencia ficción desde el punto de vista geopolítico y jurídico. De todas formas, lo que tocaría es reconocer de forma efectiva el derecho de libre determinación del pueblo tibetano, que es lo que le reconoce el derecho internacional por ser un territorio y un pueblo ocupado y por haber sufrido un genocidio. Tenemos otros referentes a nivel internacional. Obviamente, no hay viabilidad posible para que eso sea una realidad.

¿Se presta menos atención a esta zona del mundo que a otras?

Eso tiene que ver también con los grandes medios de comunicación a nivel internacional. Cuando se silencia un conflicto en los grandes medios de comunicación, no hay alarma social. Eso es lo que de forma deliberada se ha hecho en las últimas décadas en el Tíbet. Muchos medios de comunicación también obedecen a intereses económicos corporativos muy condicionados por China y no está en sus prioridades hablar de estos temas. Obviamente, no hay empatía con una causa como esta, pero porque no se habla de ella. Si no se conoce, ¿cómo se va a sensibilizar la gente ante un genocidio como el del Tíbet?