Aragón, tierra de purines

El pasado 14 de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ratificó el continuo incumplimiento de las autoridades españolas en cuanto a la protección de la calidad de sus aguas, a la que están obligadas por la Directiva 91/676/CEE, aprobada en 1991.

El recorrido de este proceso judicial comenzó en 2018, año en que la Comisión Europea envió una carta a España e Italia instándoles a cumplir la legislación sobre nitratos. Dos años después la Comisión emitía un dictamen motivado, que daba a España un plazo de tres meses para adoptar las medidas necesarias para subsanar las deficiencias.

Finalmente, en diciembre de 2021, la Comisión decidía llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber tomado medidas suficientes contra la contaminación por nitratos. Tras el recurso a la primera condena de 2022, la sentencia final ha puesto de manifiesto la deficiente estrategia de implantación de medidas por parte del Estado español, pero también de algunos de sus gobiernos regionales, entre ellos el aragonés.

En esta sentencia, la comunidad autónoma de Aragón es reprendida en varias ocasiones por no haber establecido las medidas necesarias para combatir la contaminación por nitratos y purines, así como por no haber designado como zonas vulnerables aquellas áreas ya afectadas por la contaminación de nitratos. Objetivos ambos que parecen de difícil alcance si se continúa al mismo ritmo de crecimiento de explotaciones ganaderas.

Macrogranjas y su grave impacto sobre las aguas

En Aragón hay 190 macrogranjas en funcionamiento, según los últimos datos publicados en 2022 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Son aquellas que reúnen más de 2.000 cerdos de cebo o 750 cerdas reproductoras. Según esas cifras, no todo son macrogranjas en Aragón. O sí. En la actualidad, de las más de 4.500 granjas intensivas de porcino de Aragón el 90% reúnen a más de 1.000 cerdos de cebo o más de 400 madres. El total de las granjas de porcino aragonesas suman más de 11 millones de cabezas y generan más de 20 millones de metros cúbicos de purines al año.

Ese estiércol, utilizado como fertilizante en los cultivos o accidentalmente traspirado o desbordado de balsas pequeñas o deficientes, puede filtrarse en el suelo y contaminar las fuentes de agua subterránea, aumentando el riesgo para la salud humana.

Según el informe de Ecologistas en Acción, publicado en 2022, 'La contaminación por nitratos y su impacto en el medio ambiente y el agua', hasta 22 poblaciones aragonesas habían experimentado episodios de contaminación por nitratos en sus redes de abastecimiento de agua potable, superando el límite máximo de 50 mg/l de nitratos en el agua de consumo humano permitido por el Real Decreto 3/2023.

Responsabilidades políticas

En esta orgía de la carne y el purín existen nombres y apellidos responsables. El socialista Javier Lambán, presidente aragonés en las dos anteriores legislaturas, o el consejero Joaquín Olona. El primero puso la alfombra roja y las subvenciones a grupos como Vall Companys, Piensos Costa o Litera Meat; mientras ejerció el segundo, se alcanzó una cabaña de 11 millones de cerdos en Aragón.

Políticas que siguieron la senda que había marcado el ejecutivo anterior de Luisa Fernanda Rudi (PP) y su consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Modesto Lobón. De hecho, en esas tres legislaturas, la de Rudi y las dos de Lambán, la cabaña porcina aragonesa se duplicó, pasando de los 5,4 millones a los 11 millones actuales.

Esta es una tendencia que no parece que vaya a cambiar en esta legislatura, a la vista de las declaraciones del actual consejero de Agricultura y Ganadería, Ángel Samper, que aseguraba en una reciente entrevista que los purines “se utilizan de manera adecuada y su uso como fertilizante ahorra la utilización de fertilizantes inorgánicos”.

Lo cierto es que estos años de trabajo conjunto de las instituciones y las grandes empresas han modelado la ganadería aragonesa, tal como contaron en el Datadista en una investigación internacional Ana Tudela y Antonio Delgado, convirtiéndola en un modelo perverso. En ese modelo, las integradoras, es decir, alguna de esas grandes empresas que nombrábamos en el párrafo anterior, proporcionan a las granjas los cerdos, el pienso, las medicinas, los servicios veterinarios y la recogida y transporte del ganado. Mientras que el ganadero pone las instalaciones, la mano de obra y gestiona lo más complicado: los purines.

Respuestas y desafíos futuros

La Estrategia NITRACHE presentada por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) es uno de los pasos tomados desde las administraciones en la dirección correcta, pero se necesita una acción más amplia y efectiva para mitigar la contaminación por nitratos en Aragón.

En el documento de presentación de esta estrategia, publicado en diciembre de 2022, la CHE ya alertaba de que “la cabaña de ganado porcino ha sufrido un incremento muy significativo en los últimos años, con un crecimiento medio del orden de dos millones de cerdos en los últimos cinco años, es decir, a un ritmo de crecimiento de 400.000 cerdos por año. Este ritmo se mantiene sostenido y, a pesar de los esfuerzos en realizar instalaciones ambientalmente sostenibles, está teniendo un impacto asociado en la calidad de las aguas de la demarcación”.

En el fondo la estrategia de la CHE consigue reforzar la vigilancia en cuanto a la calidad de las aguas, duplica las zonas vulnerables y establece un mayor número de controles. Pero no entra en una cuestión clave: el control del uso de los purines, que sigue estando en manos de pequeños ganaderos, agricultores y ayuntamientos, y basado, esencialmente en el autocontrol.

Moratoria o reducción de la cabaña

Se requiere una mayor colaboración entre todas las partes interesadas, incluidos los agricultores, ganaderos, autoridades locales, regionales y nacionales, y la sociedad en su conjunto, para desarrollar políticas y acciones que protejan la calidad del agua y promuevan la sostenibilidad ambiental a largo plazo. Incluso si ello obligara a reducir la cabaña de porcino. Pero ese es el cascabel que nadie quiere poner al gato.

Las asociaciones ecologistas reclaman la reducción de la cabaña ganadera en intensivo ante la ineficacia de las medidas adoptadas hasta ahora. Luís Ferreirim, responsable de Agricultura y Ganadería de Greenpeace, incide en que “una de las grandes causas de la contaminación del agua por nitratos en España es la desmesurada cabaña ganadera en intensivo. No se reducirá esta contaminación si no se reduce la ganadería intensiva, es así de claro. La condena de hoy debe ser el empujón definitivo para pasar a la acción e ir a la raíz del problema: cambiar el modelo agroindustrial. Ya no valen más parches”.

Con los ojos y los pies en el terreno, María José Pueyo, portavoz de la Plataforma Loporzano Sin Ganadería Intensiva, se muestra menos radical y asegura que son conocedores de que “las granjas no se pueden clausurar de un día para otro, porque sería un desastre social en Aragón. Lo primero es una moratoria total y luego buscar modelos de decrecimiento, como se ha hecho en otros países”.

Tal como afirma, en comarcas como las Cinco Villas, Hoya de Huesca o el Bajo Aragón la práctica totalidad de sus habitantes tienen vecinos o conocidos que trabajan o poseen una granja. Luchar por la desaparición del empleo o cortar el beneficio económico de un amigo o de un vecino es una decisión difícil de tomar.

“Muchas de las granjas porcinas que se instalan son como un complemento de gente que tiene unas cuantas tierras, pero que con esas hectáreas malamente puede subsistir. En la ganadería intensiva están viendo forma de complementar sus ingresos de una manera fácil, pero claro, no sé si son muchos agricultores conscientes de lo que esto supone”, recalca Pueyo.

De momento, ni moratoria ni decrecimiento. La cabaña de porcino continúa en aumento y el Boletín Oficial de Aragón anuncia casi a diario nuevas ampliaciones, lo que dificulta cualquier trabajo en la reducción de la contaminación por nitratos, poniendo en juego la calidad de nuestras aguas.