Aunque aún es prematuro sacar conclusiones definitivas, los colectivos ciclistas empiezan a barruntar las consecuencias que puede tener que Zaragoza sea la única ciudad que obliga a que las bicicletas incorporen un seguro de responsabilidad civil. Este miércoles, las asociaciones ConBici y Bielas Salvajes han evidenciado que la medición en uno de los puntos más concurridos de la red de carriles bici en la ciudad muestra una caída de más de un 20% en su uso.
Así lo han expuesto en una convocatoria en la que se han “felicitado” por que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón haya admitido a trámite su recurso a esta iniciativa de la ordenanza de movilidad del Ayuntamiento. “La ordenanza está en el aire”, ha manifestado Laura Vergara, gerente de ConBici.
Respecto al uso de las dos ruedas y de los vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos, por la ciudad, los datos a los que se han referido estos colectivos tienen que ver con el punto de aforo permanente situado en el cruce entre la avenida de Goya y el paseo de Fernando El Católico. Mientras que, según estas asociaciones ciclistas, entre los meses de mayo y septiembre el crecimiento medio del paso de bicicletas y VMP por ese punto se situaba en el entorno de un 20% más respecto al mismo periodo del año anterior, el momento en que ha tomado vigencia la aplicación de la ordenanza ese crecimiento positivo se ha convertido en una reducción de entre el 4% y el 7%.
“Esto supone que las medidas aplicadas por el Ayuntamiento a través de la nueva regulación han supuesto un desincentivo claro del uso de la bicicleta en nuestra ciudad”, ha expuesto Sara Ballester, representante de Bielas Salvajes en Zaragoza. “Los colectivos ciclistas estamos viendo los testimonios de mucha gente, sobre todo de jóvenes, que están dejando de usar la bicicleta. Es una medida que va más a desincentivar que a promover la seguridad”, ha insistido Ballester.
En relación con el recurso judicial, el representante jurídico -y ex concejal de Izquierda Unida en Zaragoza- Pablo Muñoz ha explicado que, una vez admitido a trámite, se abre un periodo en el que lo van a revisar, a estudiar el expediente completo y, a continuación, a interponer la demanda, para lo que estima un plazo de “unos dos meses”. “Es palmaria la falta de competencia, no puede regular un seguro para un vehículo en una vía urbana, la competencia es estatal y es exclusiva”, ha declarado Muñoz, quien también ha apuntado la “falta de competencia” de la propia Policía Local para “hacer el control sobre la tenencia o no de un seguro de responsabilidad civil obligatorio”, que desde su punto de vista corresponde “a los cuerpos del Estado”.