La Diputación de Zaragoza ha lanzado recientemente un nuevo plan restauración de bienes histórico-artísticos de titularidad eclesiástica que casi triplica el presupuesto del anterior y que en total va a suponer una inversión de 6,3 millones de euros aportada también por las diócesis y los ayuntamientos. Con ese dinero, financiado en dos anualidades hasta el año 2023, se van a poder acometer un total de 138 intervenciones en iglesias, ermitas, retablos y otros objetos religiosos de 118 municipios de la provincia.
“Gracias a la incorporación de parte de los remanentes que hemos ido ahorrando en los últimos años, este plan va a poder atender todas las solicitudes recibidas tanto para la rehabilitación de edificios como para la recuperación de bienes muebles”, explica el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero. “Solo se han quedado fuera aquellas peticiones que no cumplían las bases de la convocatoria, lo que significa que vamos a dar otro impulso muy importante a la conservación de nuestro patrimonio histórico-artístico”.
Dentro de las 87 actuaciones previstas en bienes inmuebles destacan intervenciones como las previstas en la iglesia de Nuestra Señora del Castillo de Aniñón; la iglesia de San Millán de Torrelapaja; la ermita de San Roque de Villafeliche; la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Mesones de Isuela; la iglesia de Santiago el Mayor de Santed; la iglesia de Santa María Magdalena de Los Fayos; la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de Pedrola; o la iglesia de San Adrián de Undués Pintano.
Por su parte, entre las 51 restauraciones aprobadas dentro del plan de bienes muebles sobresalen arreglos como los que se van a llevar a cabo en el retablo mayor de la Virgen de los Reyes de Calcena; el retablo de María Magdalena de Maluenda; el retablo mayor de San Esteban de la iglesia parroquial de Sigüés: el retablo mayor de San Pedro Apóstol de Romanos; o el retablo mayor de San Miguel Arcángel de la iglesia parroquial de Villareal de Huerva.
Como en anteriores ediciones, la Diputación de Zaragoza aportará el 60% de los fondos de cada actuación y las diócesis de Zaragoza, Tarazona y Jaca y los ayuntamientos beneficiarios, el 40% restante a partes iguales. En cifras totales, la DPZ financiará 3,8 millones de euros y los obispados y los consistorios, 2,5 millones. El plan se canaliza a través de convenios a tres bandas para cada una de las actuaciones.
“La Diputación de Zaragoza lleva 40 años siendo decisiva para la restauración del patrimonio de nuestros pueblos, primero con los planes de bienes eclesiástico y luego también con los planes para rehabilitar los bienes histórico-artísticos de propiedad municipal”, recuerda Sánchez Quero. “Con este nuevo plan damos otro paso adelante en esa labor que, aunque resulta ingente por la extraordinaria riqueza de ese patrimonio, al mismo tiempo es imprescindible por el valor sentimental que esos bienes tienen para los vecinos de nuestro medio rural y porque conservar el patrimonio es otra de las tareas fundamentales en la lucha contra la despoblación”.
Otro plan para bienes municipales
El anterior plan de restauración de bienes eclesiásticos invirtió 2,3 millones de euros entre los años 2017 y 2018 con el mismo reparto entre administraciones que el actual. Posteriormente, la DPZ lanzó un nuevo plan de restauración de bienes de titularidad municipal dotado con otros 2,2 millones de euros para los años 2020 y 2021. En este caso la Diputación de Zaragoza aporta el 60 del coste de cada intervención y los ayuntamientos, el otro 40%.
El plan impulsado ahora contempla 138 actuaciones diferentes que se llevarán a cabo en 118 municipios de la provincia. De ellas, 87 van a realizarse en iglesias y ermitas con un presupuesto total de casi 5,3 millones de euros y 51, en bienes muebles como retablos, pinturas, esculturas u otros objetos religiosos con una inversión total de algo más de 1 millón de euros. El aumento del presupuesto a través de la incorporación de remanentes ha permitido que el número de actuaciones incluidas se haya incrementado sensiblemente respecto a la resolución prevista inicialmente, pasando de 42 a 87 en el caso de las edificaciones y de 50 a 51 en los bienes muebles.