El Gobierno de Aragón da el primer paso para bajar el ‘tarifazo’ del agua

La rebaja del ICA, el polémico Impuesto de Contaminación de las Aguas que ha disparado el precio del suministro doméstico en toda la comunidad y que ha provocado una inédita ola de insumisión fiscal en Zaragoza, no es una quimera. Ni mucho menos. De hecho, el Gobierno de Aragón lleva tiempo trabajando en ella por una vía que seguía sin ser explorada pese a llevar tres lustros a la vista.

El Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón mantiene abierto hasta el 19 de agosto el plazo para que todas aquellas “personas que previsiblemente resulten afectadas o interesadas por el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración” se pronuncien “sobre la amplitud y grado de especificación de la información que debe contener el estudio ambiental estratégico del citado plan”.

La única exigencia que deben cumplir para participar en ese proceso de información pública consiste en acreditar ante el Inaga (Instituto Aragonés de Garantía Ambiental) “los motivos por los cuales se consideran personas interesadas en el expediente”.

¿Y qué supone en la práctica ese farragoso acto administrativo? Entre otras cosas, que, una vez finalizada la evaluación ambiental estratégica del plan, y si esta resulta positiva (algo previsible cuando se trata de una Administración que se supervisa a sí misma), el Gobierno de Aragón dispondrá de un documento clave para solicitar a la UE fondos con los que financiar las obras pendientes de ejecutar, algo que, de lograrlo, abarataría notablemente las consecuencias financieras del programa para las familias y las empresas de la comunidad, que han visto cómo en los últimos años se disparaba el precio del agua del grifo.

De hecho, y tal y como quedó demostrado en la comisión de estudio desarrollada la pasada legislatura en las Cortes de Aragón, la ausencia de esa evaluación ambiental estratégica fue uno de los motivos fundamentales por los que la comunidad no pudo acceder a los fondos europeos para financiar las obras.

“Una nueva figura tributaria”

Aunque no fue ese el único motivo de los desorbitados, e insostenibles según la Cámara de Cuentas, costes del Plan de Depuración. Otros fueron el hecho de que los 169 millones de euros aportados por el Gobierno central en 2008 para financiar las obras del Pirineo fueran destinados a otros fines por la DGA. Los elevados costes de construcción y de gestión privatizadas de las infraestructuras detectados por el órgano de fiscalización fueron otros de los motivos.

El ICA, cuyas primeras oleadas de recibos provocaron una inédita ola de insumisión fiscal en Zaragoza, donde un tercio de las familias se negó a pagar los recibos, fue la pasada legislatura uno de los principales puntos de fricción entre el Ayuntamiento de la capital y el Gobierno de Aragón y entre la coalición PSOE-CHA y sus socios preferentes de Podemos y de Izquierda Unida.

Ahora, la medida número 74 de las 132 que conforman las bases de gobernabilidad del cuatripartito que preside Javier Lambán señalan que el Ejecutivo autonómico “derogará” el ICA para “establecer una nueva figura tributaria atendiendo a las conclusiones y propuestas” de las Cortes. La medida tiene como objetivo “evitar una fiscalidad desigual en relación con el resto de las comunidades autónomas”.

Depuradoras “siempre” de titularidad pública

Tanto el documento base de la evaluación ambiental como su resumen, fechados en abril y en marzo de este año, respectivamente, incluyen los siete programas en los que se estructura la revisión del plan: finalizar las actuaciones de interés general del Estado, que consisten, básicamente, en la depuración de las aguas residuales en el Pirineo; construir las depuradoras no incluidas en el bloque anterior, mejorar los sistemas existentes, eliminar las aguas parásitas, mejorar el tratamiento de las aguas de tormenta, trabajar en la reutilización de las aguas residuales y, por último, desarrollar acciones de “difusión e intervención social para dar a conocer a la sociedad el plan y que esta colabore en su evolución e implantación”.

Sin embargo, ni uno ni otro permiten hacerse una idea de por dónde puede venir la rebaja ni de su eventual cuantía, ya que “durante la redacción del plan se desarrollarán los costes”. De hecho, la eventual declaración de interés autonómico y el hecho de “que existan otras fuentes de financiación estatales o europeas” son dos de los factores pendientes de valorar para fijar “los porcentajes de financiación aplicables a las inversiones en infraestructuras”.

No obstante, sí aportan pistas sobre algunas novedades en la gestión de las depuradoras en relación con el modelo del PSOE-PAR de Marcelino Iglesias y José Ángel Biel heredado por el PP-PAR de Luisa Fernanda Rudi y cuestionado por el PSOE-CHA de Javier Lambán.

Así, los documentos se abren a la gestión tanto directa como indirecta de las depuradoras “siempre que se garantice la titularidad y gestión públicas del servicio y las competencias legalmente atribuidas a cada nivel de la Administración”, valoran la posibilidad de que la DGA pueda “gestionar el servicio por encomienda de las entidades locales”, contemplan decidir “la forma de gestión contando con fórmulas de participación ciudadana” y abogan por aplicar “criterios económicos de inversión y tarifación que favorezcan el reequilibrio territorial de Aragón, de tal forma que los costes del agua en zonas con escasez de recursos o con baja densidad de población no supongan un limitante al desarrollo”.