Los agricultores y ganaderos aragoneses son conscientes de que deben renovarse para continuar en el medio rural y propuestas no les faltan. Conocen el potencial del sector agroalimentario y quieren aprovechar la demanda creciente de consumidores que buscan el producto local, ecológico y artesano.
Por ello, han recibido con optimismo el anteproyecto de ley de venta directa que está elaborando el Gobierno de Aragón, porque les ahorrará costes de intermediación, aunque esperan que el borrador presentado hace unos días no sea el definitivo, ya que consideran que no recoge las necesidades del sector. En concreto, reclaman al Ejecutivo Autonómico que otorgue más flexibilidad al sector para poder vender alimentos artesanos. Piden que la norma permita a los productores elaborar productos artesanos con los excedentes de su propia explotación en sus mismas instalaciones.
El presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA, José Manuel Penella, explica que esta artesanía se haría siempre en base a un manual higiénico-sanitario que garantizara en todo momento la seguridad alimentaria. “Queremos que para estos casos no se exija el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos”, subraya.
Los alimentos a los que se refiere Penella son conservas, mermeladas, zumos, vinagres, aceites, miel, quesos, carnes de ave de corral…, es decir, cualquier producto que agricultores y ganadores puedan elaborar con los excedentes de su propia producción primaria.
Este es el caso de Félix Ballarín, propietario de hectáreas de hortalizas en Aragón. Con la producción de tomate sobrante, le gustaría hacer botes de conserva o mermelada en sus propias instalaciones, sin acudir a una conservera, lo que incrementa los costes y ralentiza el proceso.
“Si hubiera más flexibilidad con una pequeña instalación, cumpliendo unos requisitos sanitarios, podríamos transformar el tomate cuando haya excedentes puntuales”, subraya.
Así ahorraría costes, que no son rentables para el volumen de producto que maneja. “Para 200 botes que haríamos de conserva o de mermelada podríamos acondicionar perfectamente una sala aquí”.
Ahí está la clave, continúa Penella. Las producciones artesanales de venta directa no son en absoluto un “gran negocio”, sino un complemento para dar salida a los excedentes, indica. Añade que podrían llevar un etiquetado concreto para informar al consumidor que se encuentran ante un producto artesanal y pone como ejemplo a Francia. En el país vecino, asegura, se venden quesos en muchos pueblos cercanos a las carreteras elaborados de forma artesanal, mientras que en España no se puede hacer lo mismo, porque se exige a los productores “grandes instalaciones y una inversión enorme”, sostiene.
El 21 % de las explotaciones agrarias francesas utilizan la venta directa como principal fórmula de comercialización, más de 107.000, según datos del Ministerio de Agricultura francés.
El anteproyecto de ley
Sin embargo, explica Penella, el borrador de anteproyecto de ley presentado por el Gobierno de Aragón en una jornada organizada por el departamento de Desarrollo Rural en Huesca no incluye por ahora esta flexibilidad para la elaboración de productos artesanos para su venta directa.
No obstante, desde la Consejería de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, insisten en que hay que leer con “cautela” este borrador, porque está abierto a nuevas modificaciones antes de terminarlo y, por tanto, no será el texto definitivo. Apuntan que la intención del Departamento es flexibilizar en lo posible las exigencias de los productores, sin perder de vista la seguridad alimentaria, y recuerdan que en Aragón ya hay un reglamento de artesanía alimentaria de 2011.
Por su parte, desde UAGA rescatan una proposición de ley aragonesa de artesanía alimentaria que defendió el PSOE en las Cortes de Aragón en 2013. “Ahora que gobiernan no tienen que hacer nada nuevo, lo tienen ya todo escrito”, afirma.
Esta iniciativa, firmada por el portavoz del PSOE en las Cortes, Javier Sada, hacía hincapié en el peso del sector agroalimentario en Aragón: “Emplea a 10.000 personas y supone un 14 % del PIB”.
En ella se defendía la necesidad de regular la transformación en los mismos centros de producción, “una actividad al alza por la necesidad de diversificar las rentas de las familias en el mundo rural”.