La ampliación de la estación de Cerler: ¿Riqueza para el valle o especulación urbanística?
Anunciado por la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, el proyecto para reactivar la ampliación de la estación de esquí de Cerler por el valle de Castanesa, en vía muerta desde 2016, vuelve a mostrar opiniones encontradas entre vecinos de la zona, ecologistas y algunas formaciones políticas que alertan de que se trata en realidad de una macrooperación urbanística encubierta. El Gobierno de Aragón defiende una posición de consenso, que quiere buscar antes de impulsar de manera definitiva esta alternativa, que se vincula asimismo con la unión de Astún, Formigal y Candanchú y que debería acometerse antes de dos años.
El motivo, que la declaración de impacto ambiental favorable emitido por el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) caduca en 2020 y, de ocurrir esto, se tendría que volver a reescribir un plan que pareció hacerse realidad allá por 2003, todavía con el socialista Marcelino Iglesias en el Pignatelli y que afectaría en mayor o menor medida a los valles de Baliera, Noguera-Ribagorzana e Isábena.
El Ejecutivo autonómico prevé cuatro grandes actuaciones: la mejora de la carretera entre Benasque y el Molino de Cerler y entre este y el Ampriu y la ampliación de la zona de parking y servicios del Ampriu; la innivación de la parte alta de la pista azul de Basibé y la apertura de una nueva roja variante; la conexión con el pico Castanesa y Ardonés, con un nuevo telesilla desembragable de seis plazas, y la ordenación del sector Pico Castanesa-Ardonés.
La ampliación hará que se pase de los 77 kilómetros esquiables de la actualidad a más de 100 y a contar con dos accesos al centro invernal, uno desde Benasque y otro desde Castanesa. Al frente del proyecto se encuentra la sociedad pública Castanesa Nieve, formada por el Ayuntamiento de Montanuy y Aramón, y a su vez participada al 50 % por Ibercaja y el Gobierno de Aragón. La alcaldesa, Esther Cereza, celebra “las oportunidades que pueden llegar” a este núcleo de población donde viven 211 personas y no entiende “la postura crítica, que además no ofrece alternativas para nuestro desarrollo”.
“El diseño de Norman Foster y la mentalidad de Paco el Pocero”
CHA es uno de los partidos que, pese a ser socio de gobierno de Javier Lambán, rechazan este planteamiento. El coordinador del Rolde de Meyo Ambién, David Félez, considera inviable este proyecto e incide en que “no se pueden solucionar los problemas financieros de una sociedad mercantil a costa de nuestro territorio y del medio ambiente, y si de lo que se habla es exclusivamente de conectar a través de un remonte Castanesa con Basibé estamos hablando de un proyecto nuevo”.
Recuerdan desde CHA que este proyecto de ampliación de las pistas de Cerler está “en el cajón” desde que en 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ratificara la nulidad del Plan General de Ordenación Urbana de Montanuy, un plan diseñado “para especular con el suelo y que supuso que se pagaran con dinero de Aramón cifras desorbitadas por prados donde siguen pastando las vacas y que solo benefició a unos pocos sin que haya supuesto creación de empleo ni asentamiento de población”.
Para Félez, “la ampliación de Cerler por Castanesa es un proyecto creado y desarrollado en los años de la burbuja inmobiliaria, y vinculado al desarrollo urbanístico de más de 4.000 residencias en un municipio con un censo de 215 personas, es decir, una propuesta insostenible desde cualquier punto de vista, con el diseño de Norman Foster y la mentalidad de Paco el Pocero, que supuso el despilfarro de decenas de millones de euros de dinero público de un proyecto final cuantificado en casi 400 millones de euros”.
CHA considera que falta “una política alternativa y sostenida en el tiempo para asentar población, construyendo y ofertando vivienda barata para asentamiento de gente joven, promocionando la ternera de excelente calidad que se produce en el valle, poniendo en valor el valiosísimo patrimonio arquitectónico, medioambiental y cultural con que cuenta el municipio, y todo ello con el fundamental acondicionamiento del eje pirenaico, del tramo de la N-260 desde Castejón de Sos hasta la intersección con la N-230”.
Izquierda Unida Aragón, por su parte, remarca su rechazo frontal a la ampliación porque “responde a un modelo especulativo salvaje, devorador de recursos naturales y totalmente insostenible e injustificable”. A juicio de su coordinador general, Álvaro Sanz, “se trata de una estrategia disfrazada de participación pero que sólo responde a intereses particulares”, ya que el proyecto está ligado al desarrollo urbanístico “especulativo” que contempla la construcción en Cerler de 2.969 viviendas con unifamiliar aislada o 3.113 viviendas con unifamiliar agrupada en años.
El pasado 1 de febrero, IU pidió información al Gobierno de Aragón sobre la modificación del Plan Parcial de Cerler, solicitada por Fomento y Desarrollo de Benasque SA y tramitada por el Ayuntamiento de Benasque y al que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental decidió no someter a evaluación ambiental estratégica. “Todavía ni el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad ni el de Vertebración del Territorio han atendido nuestra demanda”, denuncia Sanz.
En 2013, con el PP al frente del Gobierno de Aragón, se paralizó un proyecto que requería una inversión de hasta 389 millones de euros y que no era asumible económica ni medioambientalmente. Aramón anunció entonces que solo se acometerían pequeñas obras para acondicionar los accesos a Cerler.
