Aragón, pionera en adjudicar en Europa un contrato público mediante tecnología blockchain

En Aragón ya es posible adjudicar un contrato público en cuestión de horas, o minutos, desde la presentación de las ofertas. El sistema de tecnología blockchain aplicado a la contratación que el Gobierno de Aragón implantó en 2017 se ha puesto definitivamente en marcha con la resolución del primer 'smart contract'. En este caso, el algoritmo va a sustituir a las valoraciones realizadas por el personal de la mesa de contratación para decidir la compañía encargada de suministrar 35.000 mascarillas reutilizables para el personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Aunque será el primer contrato inteligente, el Gobierno de Aragón ya ha utilizado el sistema de blockchain para llevar a cabo la presentación de ofertas en 24 licitaciones de contratos. Todo se realiza en un portal digital, donde los contratistas presentan sus ofertas a través de esta tecnología y la Administración sustentada la mesa de contratación. Ahora, el algoritmo sustituirá a este organismo público y formulará una propuesta de adjudicación. 

La utilización del sistema de este sistema de tecnología blockchain, pionero en la Unión Europea, aporta un valor añadido a la acción de la Administración pública en términos de “transparencia y eficiencia”, como apunta Miguel Ángel Bernal, doctor en Derecho y director general de Contratación del Gobierno de Aragón durante la pasada legislatura. “En primer lugar, permite consultar si las empresas contratistas han cumplido los plazos de presentación. Después, es el algoritmo el que emite una propuesta de adjudicación”, explica. En este sentido, “se limitan los errores en la valoración de las ofertas y no hay riesgo de que ninguna persona altere el proceso”.

La tecnología blockchain abarata y reduce los plazos de contratación pública

Además, la tecnología blockchain agiliza el proceso para adjudicar un contrato. En esta ocasión, el Ejecutivo aragonés ha fijado un plazo de 24 horas, una vez presentadas las ofertas, para determinar el contratista, aunque podría resolverse en horas o minutos. Por el contrario, convocar a los miembros de una mesa de contratación lleva varios días o semanas.

En términos económicos, la implantación de este sistema ha supuesto para las arcas del Gobierno de Aragón un desembolso de 70.000 euros, una cuantía ínfima en comparación con el coste de los gastos de convocatoria de las mesas de contratación. Por su parte, la utilización de la herramienta “es muy barata, apenas unos céntimos de euro, por cada contrato”, detalla Bernal. 

Otra de las ventajas es que los funcionarios del Gobierno de Aragón encargados de los procesos de contratación ya están familiarizados con la tecnología blockchain, como valora Bernal. “Cuando se apostó por implantar este sistema, los trabajadores de la Administración recibieron una serie de formaciones y fueron ellos los que diseñaron los casos de uso. De esta manera, se generó un 'know-how' que está en la Administración y no en manos de consultoras privadas”, resume.

Cerca de 2.500 contratos públicos se licitan cada año en Aragón

La Administración aragonesa licita al año alrededor de 2.500 contratos, por un valor total de 6.000 millones de euros. Serán necesarios varios años hasta que el grueso de estos procedimientos de contratación se adjudique mediante tecnología blockchain. Pero el sistema implantado por el Gobierno de Aragón, de manera pionera, “terminará siendo una realidad en todas las instituciones públicas, porque además la ley ya obliga a la contratación electrónica”, señala Bernal, quien también es secretario ejecutivo del Observatorio de Contratación Pública.   

Instituciones como la Comisión Europea y el Foro Económico Mundial han reconocido la contratación inteligente puesta en marcha por el Gobierno de Aragón. Ambas coinciden en que se trata de una práctica ejemplar para luchar contra la corrupción y la injerencia del personal funcionario. 

La contratación inteligente es tan sólo el primer paso del recorrido que el blockchain tiene en la Administración pública. Los expertos señalan que esta tecnología, que en sus inicios se asoció a las criptomonedas, permitirá a las instituciones gestionar la identidad digital de los ciudadanos a los que prestan servicios. No obstante, será necesario que se derogue el Real Decreto 14/2019 que actualmente prohíbe este uso. “Se seleccionarán aquellos datos que sean realmente imprescindibles para identificarnos -pronostica Bernal-. En muchas ocasiones, nos piden el DNI para trámites en los que no necesitan saber el nombre de nuestros padres”.