La Cámara de Cuentas de Aragón ha detectado una retahíla de irregularidades en la gestión del Patronato de Educación y Bibliotecas del Ayuntamiento de Zaragoza en los ejercicios de 2020 y 2021 tras una supervisión que viene a confirmar algunas de las anomalías de las que ya había advertido la Intervención municipal y a añadir otros aspectos y deficiencias.
“Se incumplieron normas contables en la imputación de subvenciones” y había “errores en la amortización de bienes y en la contabilización de los gastos”, concluyeron los interventores, que también reflejaron en sus informes “el incumplimiento de los principios rectores de acceso al empleo público”, una serie de “deficiencias en la contratación” y en la ejecución de los contratos y la ausencia de “cobertura contractual” para “muchas prestaciones [que] se seguían recibiendo (…) al no haberse vuelto a licitar”.
La Cámara de Cuentas añade a esas apreciaciones otras como falta de documentos, duplicidades en la anotación de algunos activos como los del fondo bibliográfico, cuyos registros no coinciden en la contabilidad y en el inventario, “errores de cuantificación” y, también, el mantenimiento de deudas ya prescritas por algo más de 68.000 euros como pendientes de cobro cuando ya no pueden ser ingresadas.
Junto con esos aspectos, el órgano de fiscalización refiere “diferencias entre los datos contables y la información remitida” sobre los ingresos por cuotas de las escuelas infantiles, una desajuste de baja cuantía aunque “la existencia de diferencias sin justificar pone de manifiesto un control insuficiente” en esta materia, mientras que “la falta de información sobre la amortización impide también realizar el ajuste completo en las cuentas de resultados”.
Y también hay pagos sin justificación. Concretamente, desembolsos por valor de 293.335 euros en dos años mediante el pago de “facturas no correspondientes a ningún contrato” y algo más de dos millones de euros en “prestaciones sin soporte contractual derivadas de contratos ya vencidos”.
“No queda constancia de la verificación”
El informe de la Cámara de Cuentas dedica varios pasajes a las polémicas ayudas a las familias con alumnos matriculados en escuelas concertadas, una línea de subvenciones que deja fuera a los dos tercios de la población escolar, que estudia en centros públicos, entre los que destaca el exceso de fondos dedicado a esta actuación.
“La cifra recogida en la liquidación, supera el límite de los 70.000 euros que dicha convocatoria establece” como ampliación (la dotación inicial era de 500.000), señala el documento, que recoge cómo la dotación fue de 80.000, consignados mediante una transferencia de 35.000 y otra de 45.000.
Esta última, añade, “se realiza para incrementar los créditos destinados” a ese fin por encima del límite de 70.000 que había establecido el propio equipo de gobierno. Para llegar a esa cifra desde los 35.000 euros iniciales era necesaria la “publicación y determinación de la cuantía adicional concreta como consecuencia de una generación, ampliación o incorporación de crédito”, aunque la fórmula elegida fue la de la transferencia, no contemplada por el propio equipo de gobierno de PP y Cs.
“No queda constancia en el expediente de la verificación que debe realizar el órgano gestor del cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios para recibir las ayudas, ni tampoco se ha informado a la Cámara de Cuentas del procedimiento seguido para dicha comprobación”, reseña el informe, que añade cómo la convocatoria no fue aprobada por quien debía ni su ejecución llegó a ser supervisada por la Intervención.
“Tampoco figura en el expediente el informe de fiscalización relativo a la resolución definitiva, cuyo contenido difiere de la provisional”, anota.
“No figura en ningún expediente el certificado”
Quizás esa escasa supervisión sea una de las causas por las que el programa registró una serie de desfases como el pago de 2.954 euros “por importe superior al que correspondía” y el de 912,05 “por importe inferior”, que llegue a haber diferencias de hasta 14.000 euros en las distintas ‘liquidaciones’ elaboradas por el patronato o que se dieran estos otros cuatro desajustes.
Un total de 13.934 euros asignados a “beneficiarios para los que se ha reconocido la obligación pero no están en la Resolución provisional”, 23.133 para otros que figuran en esta última pero “para los que no consta la obligación reconocida” y 4.022 destinados a “beneficiarios cuyo importe de la resolución es diferente a la obligación reconocida en contabilidad”, amén de una diferencia de 5.176 “entre las obligaciones reconocidas y la resolución provisional”.
A esto se le suman otras irregularidades como que “no figura en ningún expediente analizado el certificado del centro escolar sobre la asistencia del menor a la actividad para la que se concede la ayuda” pese a que se trataba de uno de los requisitos para obtenerla, mientras que “en su lugar, se ha aceptado como documento equivalente a dicho certificado una factura emitida y firmada por el centro en la que solo consta el coste de la actividad y nombre del alumno”.
“El Patronato no ha tramitado ningún expediente de reintegro por la no justificación de las subvenciones”, recoge la Cámara de Cuentas, que anota como “habida cuenta de las diferencias detectadas en los pagos por el propio patronato, este debe iniciar de oficio los correspondientes expedientes de reintegro sin esperar a la devolución voluntaria del beneficiario”.
Las dos ediciones del programa de ayudas a los alumnos de la concertada del Ayuntamiento de Zaragoza han sido denunciadas en la jurisdicción contencioso-administrativa por varias organizaciones sociales y políticas.