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El confinamiento pone en evidencia la mala calidad de las telecomunicaciones en el medio rural

En 2018 los vecinos de Pancrudo (Teruel) pagaron la construcción de una antena para tener cobertura.

Diego Saz

Teruel —

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Con el estado de alarma provocado por la pandemia del coronavirus y el consiguiente confinamiento, las telecomunicaciones se han reafirmado como un elemento esencial para sobrellevar la cuarentena e intentar mantener cierta normalidad. El teletrabajo se ha establecido como una alternativa para cumplir con la ley sin mermar la productividad y las clases online han permitido a los estudiantes continuar con su temario, en la medida de lo posible. El entretenimiento a través de plataformas digitales también se ha consolidado. Sin embargo, todo esto carece de sentido si no se dispone de una buena conexión a internet.

En los territorios poco poblados llevan años denunciando la falta de buenas telecomunicaciones que permitan, ya no solo poder navegar por internet, sino mantener la competitividad de las empresas e industrias allí asentadas. Y ahora, en pleno estado de alarma, esas carencias se han magnificado. En algunas localidades de la provincia de Teruel, los profesores tienen que desplazarse hasta el ayuntamiento para enviar las tareas a sus alumnos y hay trabajadores que ven imposible subir su contenido multimedia a la red.

Es el caso de Andrés Hernández, que, además de ser el alcalde de la localidad turolense de Calomarde, trabaja en la Quesería Sierra de Albarracín. Asegura que en el municipio la conexión a internet “va fatal” y reconoce que lleva “tres días” intentando enviar unas fotografías de apenas 1,9 megas a través de la plataforma WeTransfer. “No es que no tengamos cobertura, pero es imposible hacer nada”, indica.

Algo similar sucede en Rubielos de Mora, donde la banda ancha apenas llega a los centros educativos, o en La Puebla de Híjar, que, aunque han mejorado su conexión, siguen lejos de alcanzar el nivel de otras zonas más pobladas. Ambas localidades pertenecen a la provincia de Teruel, un territorio con un 40% de zona blanca. Es decir, sin ni siquiera cobertura para realizar llamadas.

Por este motivo, Teruel Existe trabaja desde sus dos vertientes de plataforma ciudadana y de agrupación de electores para conseguir una solución que dote al territorio de, al menos, 30 megas simétricos en la conexión a internet y 4G LTE de cobertura. “A partir de ahí es cuando se puede empezar a hablar de banda ancha de calidad”, indica el portavoz del grupo de trabajo de telecomunicaciones de la coordinadora, Iñaki Ardid.

Ardid explica que el problema además viene dado por la falta de simetría en la velocidad de subida y de bajada y precisa que esos 30 megas serían suficientes para el uso de particulares, pero no para las instalaciones de compañías que trabajan en remoto, con domótica o con servidores deslocalizados. “Tenemos polígonos industriales donde las conexiones son muy débiles y una empresa si no tiene comunicación terrestre ni telecomunicaciones en condiciones no se instala en el territorio”, señala.

Para cuantificar la velocidad real de internet en la provincia, Teruel Existe lanzó en su página web una encuesta para que los habitantes de la provincia introduzcan los datos de su conexión. Ardid detalla que por ahora han participado unas 400 personas, pero reconoce que necesitan más participación y de distintos lugares del territorio turolense para que el resultado sea más representativo.

Las telecomunicaciones del medio rural, en el Senado

Antes de que la pandemia del coronavirus irrumpiera en España, el senador de Teruel Existe Joaquín Egea tenía ya preparada una pregunta para la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, sobre sus planes ante el pésimo estado de las telecomunicaciones en las zonas rurales. Asegura que hay empresas que ya han pensado en marcharse del territorio por que la conexión a internet “no es lo suficientemente competitiva” y que el estado de alarma ha reafirmado esta situación.

“Lo que pedimos es que el derecho a las comunicaciones se declare como un derecho más, como la luz o el agua, y que luego se defina por ley lo que se entiende por servicio universal, que no es que tenga que ser un mínimo, sino un estándar de calidad”, explica Egea, insistiendo en que las telecomunicaciones “se han puesto de relevancia” durante esta crisis.

El senador detalla que la Unión Europea destinó 400 millones de euros para el desarrollo de la banda ancha de alta velocidad en España y teme que la mayoría del presupuesto “vaya destinado a grandes ciudades donde ya tienen buena calidad de telecomunicaciones”. “Si nos quedamos atrás en esta carrera nos costará mucho remontar, cada año que se pierde en mejorar la cobertura hace mayor la brecha digital”, añade.

Igualmente, recuerda que la provincia cuenta con fibra oscura sin aprovechar. Es decir, que la instalación ya está hecha pero no está dada de alta. Además, gracias al proyecto ‘Conecta Aragón’, se llevó fibra a los centros educativos de varias localidades, pero no se ha extendido al resto de vecinos. Y, según argumenta Egea, las compañías no asumen el coste de llevar la conexión hasta los domicilios.

Así, en el medio rural se encuentran con problemas diarios por culpa de las malas telecomunicaciones, como que en los centros de salud no puedan acceder al historial de los pacientes o a las recetas electrónicas. “Esto demuestra que la España vaciada es también la España incomunicada”, concluye el senador de Teruel Existe.

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