La pandemia dirige a Aragón a un pinchazo histórico mientras zarandea su precario mercado laboral

La economía aragonesa se dirige hacia un pinchazo histórico como consecuencia de la pandemia del coronavirus, que está azotando con especial dureza tres de los sectores clave por los que la comunidad lleva años apostando, como el turismo, la fabricación de automóviles y el transporte de mercancías y la logística, y que la mismo tiempo está provocando un intenso zarandeo en el precario mercado laboral aragonés, en el que la tercera parte de los ocupados se han quedado temporalmente sin trabajo.

Los datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social indican que en Aragón han sido reconocidas 159.067 ‘prestaciones Covid’, 123.126 de ellas por ERTE y 35.941 de otros tipos, mayoritariamente en este grupo por cese de actividad de autónomos.

Eso significa que casi un tercio de los 382.500 asalariados de la comunidad, según la EPA (Encuesta de Población Activa), han visto suspendidos sus contratos o reducidas sus jornadas al tiempo que casi dos de cada cinco autónomos (35.941 de 96.000 al cierre del primer trimestre) se veían obligados a cerrar sus negocio o veían cómo sus ingresos caían por debajo del 25% de lo habitual.

Ni los ERTE ni el cese de actividad afectan a los 103.700 funcionarios y trabajadores de empresas públicas, que han seguido cobrando su salario con normalidad, trabajaran o no.

La otra crisis que ya empezaba a llegar sin la pandemia

La cifra de prestaciones reconocidas por el SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal) es superior a la de trabajadores afectados por ERTE que maneja el Gobierno de Aragón en 8.579 por la inclusión en la primera de los que figuran en expedientes de ámbito estatal que tramita el Ministerio de Trabajo.

La comunidad había tramitado el 11 de mayo, cuando comenzó a reanimarse la actividad económica y parte de los afectados empezaron a reincorporarse a sus puestos, 15.316 procedimientos con 114.547 trabajadores. El 80% de las solicitudes procedían de empresas de la hostelería y el comercio y un 88,34% de las empresas alegaban causa de fuerza mayor por relación directa con la pérdida de actividad por la COVID-19.

Sin embargo, resulta más turbador, si cabe, otro de los datos que incluye esa misma estadística: los 1.785 ERTE tramitados por causas objetivas (económicas, organizativas, tecnológicas y/o productivas), que son uno de cada ocho, multiplican por dieciséis los 110 ERE y ERTE registrados el año pasado en la comunidad, los cuales, según los datos del Ministerio de Trabajo conllevaron 1.048 despidos, 1.519 suspensiones de contratos y 87 reducciones de jornada.

Ese registro, y aunque Aragón esté siendo por el momento una de las comunidades en las que la pandemia está causando un menor grado de destrucción del tejido empresarial, supone tanto como que está comenzando a aflorar una crisis latente y de gran magnitud, que había permanecido larvada hasta el ‘gran encierro’ y cuyas causas son distintas.

Las inquietantes premoniciones del Banco de España

A ese cuadro se le suman las inquietantes premoniciones que el Servicio de Estudios del Banco de España expone en su estudio sobre la “Heterogeneidad en el impacto económico de la COVID-19 entre regiones y países del área del euro”, en el que pronostica que “en términos generales, las comunidades autónomas en las que los sectores turístico, de fabricación de vehículos y de servicios de transporte tienen un mayor peso en su estructura productiva son las que experimentarían, según las estimaciones realizadas, un mayor deterioro de su actividad, en términos de VA [Valor Añadido] regional, durante el estado de alarma, independientemente de su duración”.

En Aragón, el turismo aporta casi el 8% del PIB y algo más del 10% del empleo de la comunidad, mientras que la automoción genera el 4,7% del negocio y el 4% de la ocupación con 23.600 trabajadores. La aportación de la logística a la economía aragonesa, que algunos estudios sitúan en el 5% del PIB, se mueve en una nebulosa vistos los rescates y las millonarias inyecciones de fondos públicos que han requerido sus empresas emblemáticas.

Aunque esos tres sectores suman menos del 18% de la actividad económica de la comunidad, que en los últimos años está abriendo nuevas vías con la energía y el sector agroalimentario, el estudio del Banco de España pronostica para Aragón un desplome de la actividad de entre el 8% y el 11% que, de cumplirse, lo situarían entre los territorios más afectados por las consecuencias económicas de la pandemia.

Un abismo dos veces más profundo que el de 2008

En las últimas dos décadas, en las que prácticamente se ha duplicado su PIB, la comunidad solo ha registrado tres retrocesos: el-1,8% de 2011, el -4% de 2009 y el -4,4% de 2012, con mermas de menos de 1.600 millones de euros en el peor de los casos y unas consecuencias en el empleo y las rentas familiares de las que el país todavía no se ha recuperado.

“Canarias, Baleares, País Vasco y Madrid son las regiones que registrarían las mayores caídas en su actividad, mientras que Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía serían las menos afectadas” con independencia de la duración del confinamiento, indica, mientras prevé un impacto “particularmente elevado en Baleares y Canarias, por el cierre total del sector turístico, y, aunque en menor medida, en Madrid, por el mayor peso de los sectores de servicios de transporte y distribución”.

Las consecuencias para Aragón estarían más cerca de las segundas que de las primeras según ese informe, que, no obstante, admite que “estos resultados están sujetos a un grado de incertidumbre considerable”. Aunque también recoge que “el efecto de arrastre o indirecto, que recoge la propagación del shock a lo largo de las cadenas de producción, intensifica su impacto directo a través de los vínculos intersectoriales. Este efecto es particularmente elevado en las comunidades en las que la fabricación de automóviles tiene un peso más alto”.