Se acercan las elecciones generales y hay que ganar votos. El Gobierno de Mariano Rajoy ha comenzado ya su particular carrera hacia los comicios y está articulando ciertas medidas que nada tienen que ver con lo hecho hasta ahora. Una de las últimas la ha anunciado Cristóbal Montoro y consiste en subir un 1% el sueldo de los funcionarios públicos y devolverles (un 25 % en septiembre y el otro 50 % en 2016) lo que falta por restituir de la paga extra que les fue suprimida en 2012.
La medida solo afecta a los funcionarios de la Administración estatal, y serán los distintos Ejecutivos autonómicos quienes decidan si también la aplican en su competencia territorial. El Gobierno de Aragón (DGA) ha hecho una estimación no oficial de lo que podría suponer para las arcas autonómicas: 90 millones de euros.
Fuentes de la DGA aseguran que, cuando se haya aprobado la Ley de Presupuestos, lo estudiarán detenidamente. No ocultan, sin embargo, que a simple vista parece complicado obtener esa cantidad de dinero, sobre todo después de ver la “gran cantidad de agujeros” que les dejó el anterior Gobierno (PP-PAR), como, por ejemplo, dicen, el hecho de que no haya “consignación presupuestaria para pagar las nóminas de Sanidad y Educación”.
De los 90 millones estimados, 20 procederían del aumento de sueldo, 60 del abono de la paga extra suprimida y otros 10 para la recuperación de moscosos y otras partidas relacionadas con la antigüedad de algunos de los empleados públicos.
El sindicato mayoritario en Sanidad pide que se aplique la medida
CEMSATSE, el sindicato mayoritario en la sanidad pública aragonesa, ha remitido un escrito al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, pidiendo que el Ejecutivo autónomo tome las mismas medidas que el estatal.
Apuntan que “no sería razonable que el Gobierno del Estado reconozca a sus empleados el enorme esfuerzo realizado por estos en los últimos años y que el de Aragón no hiciera lo mismo con sus propios empleados”.
El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha anunciado hoy que los servicios jurídicos del Ejecutivo están estudiando la posibilidad de recurrir el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
Según Guillén, el Gobierno de España “incumple la ley al elaborar estos presupuestos sin consultarnos, porque el artículo 109 del Estatuto de Autonomía indica que hay que estudiar y hablar de los presupuestos en la Comisión Bilateral, al igual que lo afirma la Disposición Adicional Sexta”.
El consejero asegura que, desde que se formó el Ejecutivo aragonés el pasado mes de julio, han percibido “un cierto ninguneo e insensibilidad” por parte de la Administración estatal.