El pasado martes, 19 de marzo, el concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, mostró una factura a nombre de Fomento de Construcciones y Contratas S. A. (FCC) de una comida por 87,70 euros en una cervecería de Madrid el 26 de septiembre de 2018. Estaba en su poder, explicó, porque FCC la había incluido entre las facturas enviadas al Consistorio para justificar la facturación por el mantenimiento de las zonas verdes en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018.
eldiario.es se puso entonces en contacto con la empresa que, en un primer momento, declinó hacer declaraciones. Dos días después, y “ante las informaciones aparecidas en prensa en los últimos días”, tal y como apuntan, FCC ha emitido un comunicado en el que “niega tajantemente realizar este tipo de acciones, y que en ningún momento ha cobrado cantidad alguna por el concepto que se ha hecho público en los medios. Y así lo demuestra el detalle contable que presenta cada mes la empresa junto con la auditoria externa”.
Desde FCC, continúan, “se quiere manifestar que estas declaraciones se realizan con ánimo de dañar la imagen de la empresa, y de las personas que, a diario, trabajan para la gestión de los servicios públicos en Zaragoza”.
Suspensión de pagos a FCC
En noviembre de 2018, el Ayuntamiento de Zaragoza decidió suspender los pagos a FCC. La decisión se tomó después de que la empresa desoyera el requerimiento municipal de justificar los costes imputados a la prestación del servicio. Exigencia que se produjo tras el crecimiento de estos costes en un 26 % (del millón mensual que solía ser habitual a alrededor de 1,3 millones) sin motivación aparente, como apuntaron desde el Consistorio.
Pasados los meses (y sin retomarse aún el pago) las facturas llegaron. Entre ellas, tal y como apuntó Cubero, hay algunas que nada tienen que ver con el servicio. “Ahora empezamos a entender por qué sube la facturación”, dijo el edil, “decir que son unos sinvergüenzas es políticamente correcto. Pretenden que los impuestos de la gente sirvan para pagar chuletones y anchoas de Santoña”. El concejal añadió que hay una “ingente cantidad de documentación”, que se está analizando minuciosamente, y dejó caer que esta factura no es la única que difiere por completo del teórico concepto de facturación.
FCC dice que el Ayuntamiento le debe 50 millones de euros
Un día antes de que el Consistorio de la capital aragonesa hiciera pública la ya famosa factura del chuletón y las anchoas, FCC emitió un comunicado en el que aseguró que el Ayuntamiento le debe más de 50 millones de euros. Esto se debe, explicaron, a que el Tribunal Supremo no había admitido a trámite el recurso a este mismo Tribunal formulado por el actual Gobierno de Zaragoza en Común, y, por tanto, ratificado la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, “en la que se obliga al Ayuntamiento de Zaragoza a pagar las revisiones de precios de la contrata de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos”.
El contenido sobre el que versa la deuda es la solicitud que realiza FCC, en la que se reclama que en sus revisiones de precios se tenga en cuenta las variaciones de la mano de obra y de las toneladas recogidas. Estas revisiones no se producen desde el año 2009 (Zaragoza en Común accedió al Gobierno en 2015).
A raíz de esta decisión del Tribunal Supremo, afirmaron, “las tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 25 de junio de 2018 tienen plenos efectos. Cabe recordar que el periodo reclamado y sobre el que se pronuncia el TSJA es el comprendido entre 2009 y 2013. No obstante, se tendría que aplicar la regularización anual correspondiente entre los años 2014 y 2018, y la que corresponda de 2019. En conjunto se trataría de una cifra superior a 50 millones de euros”.
A este respecto, Alberto Cubero matizó que el litigio sobre el que se ha pronunciado el TS es de 180.000 euros. Lo que hace FCC, dijo el edil, “es entender que en todas las revisiones de precios que faltan les va a seguir dando la razón el TS y que vamos a tener que abonarlas en las cantidades más favorables para ellos”.
Pero están todavía en litigio, apuntó, “y vamos a seguir peleándolas”. Recordó, además, que hay sentencias contradictorias al respecto: por un lado, la que esgrime FCC y que les da la razón, por otro, una de 2015 –referente a la contrata del autobús urbano– que se pronunciaba en términos contrarios. Ante sentencias contradictorias, anotó, “el Tribunal debería pronunciarse y no, directamente, no admitirlo. Supongo que al ser un montante de 180.000 euros han decidido ni admitirlo”.
3.000 euros diarios por intereses
En el comunicado de FCC en el que niega haber incluido la factura dentro del coste por el mantenimiento de parques y jardines, recuerdan esta supuesta deuda de 50 millones de euros.
Y aseguran que “lo que se trata de ocultar, con la manipulación de esta información, es que cada día que pasa, desde que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Ayuntamiento, la ciudad tiene que afrontar la cantidad de 3.000 euros diarios en concepto de intereses de demora”.