FCC incluye los gastos de la comida en una cervecería de Madrid en la facturación por el mantenimiento de las zonas verdes de Zaragoza

En noviembre de 2018, el Ayuntamiento de Zaragoza decidió suspender los pagos a FCC. La decisión se tomó después de que la empresa mantenedora de las zonas verdes de Zaragoza desoyera el requerimiento municipal de justificar los costes imputados a la prestación del servicio. Exigencia que se produjo tras el crecimiento de estos costes en un 26 % (del millón mensual que solía ser habitual a alrededor de 1,3 millones) sin motivación aparente, como apuntaron desde el Consistorio.

Pasados los meses (y sin retomarse aún el pago) las facturas llegaron, en concreto las correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018. Entre ellas, tal y como ha desvelado este martes el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, hay algunas que nada tienen que ver con el servicio: cuidado de parques y jardines.

El edil ha mostrado una de ellas, y se refiere a una comida para tres comensales, el pasado 26 de septiembre en un restaurante de Madrid, por valor de 87,70 euros. Tres raciones de pan (3 euros), una ración de anchoas de Santoña (16 euros), un menú chuletón (60 euros), dos medias pintas de Paulaner (6,40 euros) y una botella de agua mineral (2,30 euros).

“Ahora empezamos a entender por qué sube la facturación”, ha apuntado Cubero, “decir que son unos sinvergüenzas es políticamente correcto. Pretenden que los impuestos de la gente sirvan para pagar chuletones y anchoas de Santoña”. El concejal ha señalado que hay una “ingente cantidad de documentación”, que se está analizando minuciosamente, y ha dejado caer que esta factura no es la única que difiere por completo del teórico concepto de facturación.

“Altamente sospechoso que FCC no quiera entregar una documentación muy sencilla”

En noviembre de 2018, cuando se anunció la paralización en los pagos, la entonces concejala encargada de este asunto, Teresa Artigas (dimitió de su puesto por motivos personales el pasado mes de febrero), aseguró que era “incomprensible” el incremento, “sobre todo si tenemos en cuenta que en estos meses la plantilla, los vehículos y la maquinaría ha sido la misma”.

Apuntó, por añadidura, que era “altamente sospechoso que FCC no quiera entregar una documentación muy sencilla que le hemos podido y que podría disipar cualquier duda respecto a que nos pudieran estar inflando los costes”. “Por desgracia -añadió-, la falta de colaboración de FCC con este Ayuntamiento es algo constante y demuestra la poca responsabilidad de esta empresa.”

Este medio ha tratado de recabar la opinión de FCC sobre este tema, pero desde la empresa han declinado hacer declaraciones al respecto.

FCC dice que el Ayuntamiento le debe más de 50 millones de euros

Un día antes de que el Consistorio de la capital aragonesa hiciera pública esta factura, FCC emitió un comunicado en el que aseguró que el Ayuntamiento le debe más de 50 millones de euros. El Tribunal Supremo, explican en la nota de prensa, no ha admitido a trámite el recurso a este mismo Tribunal formulado por el actual Gobierno de Zaragoza en Común, y ratifica la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, “en la que se obliga al Ayuntamiento de Zaragoza a pagar las revisiones de precios de la contrata de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos”.

El contenido sobre el que versa la deuda es la solicitud que realiza FCC, en la que se reclama que en sus revisiones de precios se tenga en cuenta las variaciones de la mano de obra y de las toneladas recogidas. Estas revisiones no se producen desde el año 2009 (Zaragoza en Común accedió al Gobierno en 2015).

A raíz de esta decisión del Tribunal Supremo, afirman, “las tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 25 de junio de 2018 tienen plenos efectos. Cabe recordar que el periodo reclamado y sobre el que se pronuncia el TSJA es el comprendido entre 2009 y 2013. No obstante, se tendría que aplicar la regularización anual correspondiente entre los años 2014 y 2018, y la que corresponda de 2019. En conjunto se trataría de una cifra superior a 50 millones de euros”.

A este respecto, Alberto Cubero ha matizado que el litigio sobre el que se ha pronunciado el TS es de 180.000 euros. Lo que hace FCC, ha dicho el edil, “es entender que en todas las revisiones de precios que faltan les va a seguir dando la razón el TS y que vamos a tener que abonarlas en las cantidades más favorables para ellos”.

Pero están todavía en litigio, ha apuntado, “y vamos a seguir peleándolas”. Ha recordado, además, que hay sentencias contradictorias al respecto: por un lado, la que esgrime FCC y que les da la razón, por otro, una de 2015 –referente a la contrata del autobús urbano– que se pronunciaba en términos contrarios. Ante sentencias contradictorias, ha sostenido, “el Tribunal debería pronunciarse y no, directamente, no admitirlo. Supongo que al ser un montante de 180.000 euros han decidido ni admitirlo”.