Será este martes 14 de febrero, día de San Valentín, la fecha elegida para la firma del convenio con el que se pondrá en marcha la unión de las estaciones de esquí de Formigal y Astún, con un coste de más de 26 millones de euros a los que se suman los 8 millones que se invertirán en el enlace de Astún y Candanchú. Será el primer trámite oficial de un proyecto muy criticado por parte de algunas formaciones políticas y de grupos ecologistas. Como réplica, Gobierno de Aragón, Aramón -la sociedad anónima participada al 50% por el ejecutivo autonómico e Ibercaja que gestiona cinco estaciones-, la Diputación de Huesca, los alcaldes de la zona y los propios centros invernales cierran filas.
En los últimos días se han seguido sucediendo las manifestaciones públicas, convocadas por redes sociales, que se oponen a la unión de las estaciones a través de la Canal Roya, un espacio natural en el que se quiere levantar una telecabina de ocho kilómetros de longitud que unirá Astún, Candanchú y Formigal. Jaca o Huesca han sido los escenarios de estas protestas.
David Ruiz de Gopegui, responsable de una empresa de turismo activo, expresaba la “sensación” de que “se están tomando decisiones sin contar con la gente que vivimos aquí y que nos oponemos a este proyecto. Queremos esquí, queremos estaciones y queremos que estas se modernicen. Estamos de acuerdo con parte, pero vivimos en una zona con muchísimas carencias a nivel de servicios, a nivel médico, cultural o turístico, y lo que no vemos es un proyecto de tales magnitudes”.
Chunta Aragonesista (CHA) también ha salido a la calle para mostrar su rechazo al proyecto para la unión de las estaciones de Astún y Formigal a través de la Canal Roya. Joaquín Palacín, presidente de CHA, ha señalado que “este proyecto no es medioambiental ni económicamente sostenible, y está abocado al fracaso por el cambio climático”. “Los fondos europeos deberían dirigirse a otros fines capaces de garantizar un futuro más sostenible para el sector de la nieve en Aragón, como la modernización de los centros existentes, la mejora de los accesos, una mayor promoción en el ámbito turístico y en políticas destinadas a lograr la desestacionalización del sector”, ha reclamado.
Izquierda Unida presentará iniciativas en la Unión Europea (UE) para paralizar la unión de estaciones de esquí con el respaldo también de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón. A su juicio, parece “sensato” que los fondos europeos se utilicen y vayan destinados “a generar estrategias de resistencia para afrontar el cambio climático” y es “poco razonable” lo que “va a suceder aquí donde el el Gobierno de Aragón quiere destinar el 78% de los fondos europeos destinados a turismo sostenible para destrozar el Pirineo”, 26,4 millones de euros de un total de 33,7 millones.
La portavoz de Podemos Aragón y diputada por Huesca, Marta de Santos, reivindica que el Pirineo “tiene un presente y un futuro más allá de la unión de estaciones”, con “una oferta turística mucho más amplia y diversificada que abre posibilidades económicas y laborales durante todo el año y que además respeta unos valores naturales especialmente atractivos para el visitante”. Para el partido morado, el proyecto “genera serias dudas en la zona”, “no se conoce y aparentemente hipoteca dinero público y el futuro de la zona”. Frente a esto, la Canal Roya podría ejercer de “potencial foco de desarrollo turístico y económico dentro de unos necesarios parámetros de sostenibilidad”.
Podemos, una de las cuatro fuerzas políticas que conforman el Gobierno de Aragón con PSOE, CHA y Partido Aragonés, ha estado en el centro de la polémica a través del director general de Medio Natural, Diego Bayona. Este había planteado la reactivación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) para la declaración como espacio protegido de la Canal Roya, lo que llevó a la Diputación de Huesca a reclamar su cese.
Sin embargo, el último informe de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón ha determinado que han terminado los efectos de protección ambiental, que se derivaban del decreto promulgado en 2006, por el que se ordenaba el inicio del PORN. Esto se debe a que ha transcurrido el plazo máximo, de dos años, que la legislación ambiental sobre espacios naturales protegidos en Aragón establece para la aprobación de los PORN.
En el pleno de la pasada semana en la Diputación de Huesca el presidente, Miguel Gracia, mostró “la satisfacción por la unidad con la aprobación del convenio para la unión de estaciones”, una unanimidad que ya se manifestó con los alcaldes y empresarios del territorio y de los grupos políticos “para acometer esta inversión que es fundamental para el Pirineo de Huesca, y necesaria también aunque no hubiera fondos europeos dado que es necesario mejorar las inversiones para ser competitivos, haciéndolo siempre desde un punto de vista de sostenibilidad”.
Las organizaciones ecologistas españolas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF se han dirigido a la ministra de Industria, Reyes Maroto, para que paralice la financiación del proyecto, que también se costearía a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que distribuye el Ministerio.