El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza estiman que, desde ahora y hasta final de año, harán falta alrededor de 100 viviendas para poder alojar a las personas que sean víctimas de desahucios. Con ese centenar de soluciones habitacionales esperan hacer frente a la demanda, aunque reconocen que van a estar “muy justitos”.
De las 100, la mitad saldrán del Consistorio zaragozano. 19 correspondientes al Convenio de colaboración firmado, en julio de 2013, entre el propio Ejecutivo autonómico, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP). El Ayuntamiento de Zaragoza puede ceder, dentro de este convenio, 69 viviendas. Hasta ahora han entregado 50 y darán otras 19. Aparte aportarán 31 para llegar a las 50 comentadas.
La Administración autónoma, por su parte, dispone en la actulidad de 34 viviendas en Zaragoza capital. Cinco ya están preparadas para ser habitadas y las otras 29 se están rehabilitando. Esperan, por añadidura, conseguir algún piso de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).
Un llamamiento a la ciudadanía
El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Hijar, y la directora general de Vivienda del Gobierno de Aragón, Mayte Andreu, han explicado esta mañana las medidas a tomar tras la reunión que han mantenido, primero ellos dos, y posteriormente con el juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado.
Han realizado un llamamiento a la ciudadanía para que cedan viviendas a la Bolsa de Alquiler Social. El 100 % de los pisos incluidos en ella, ha dicho Andreu, se podrán emplear para desahucios; porcentaje que antes estaba limitado al 20.
El Gobierno municipal también pondrá en marcha, en los próximos días, un programa para captar vivienda vacía: consistirá en que pequeños propietarios arrienden sus pisos a cambio de diversos incentivos como el pago garantizado, un seguro multirriesgo, el abono de la comunidad de vecinos o la financiación para la adecuación del inmueble.
Hijar ha recordado que ambas administraciones han de tomar estas medidas porque el Gobierno central “se ha olvidado del tema”. Tanto Andreu como él han afirmado que el propósito es implementar las medidas necesarias para que en 2016 no se llegue a una emergencia habitacional como la que se vislumbra para el año actual.