El incremento del gasto social en los presupuestos de Aragón, de los más bajos de España
Todos los años, al presentar los presupuestos autonómicos, los consejeros de Hacienda presumen de haber confeccionado las cuentas “más sociales de la Historia”. Esta afirmación podría matizarse si se analizan los porcentajes, las cuantías totales y per cápita del gasto -un gasto que en realidad debería considerarse inversión- que se destina en la comunidad a sanidad, educación y servicios sociales. Según el último estudio realizado por la Asociación de Directivas y Gerentes de Servicios Sociales, Aragón es la antepenúltima comunidad autónoma en la que menos crecieron en los últimos 14 años sus presupuestos en gasto social. De 2009 a 2022, el incremento porcentual en el presupuesto es tan solo de un 10%. Tan solo Castilla La Mancha y Cataluña destinaron menos recursos en ese mismo periodo de tiempo. La media de las comunidades españolas aumentó el 19%. En total, en Aragón tan solo creció en 381 millones de euros, a pesar de que los presupuestos globales han aumentado notablemente en estos últimos tres lustros.
De 2009 a 2022 ha habido un crecimiento presupuestario muy leve, aunque se debe reconocer el esfuerzo realizado a partir de 2015 para incrementar unas partidas que se vieron drásticamente recortadas en los años 2010, 2011 y 2012 a causa de los criterios de austeridad y recorte que aplicaron las administraciones públicas. Sin embargo, la pasada legislatura el cuatripartito fue el gobierno autonómico de todo el país que invirtió menos en gasto social. De hecho, fue el único que redujo esas partidas, según el estudio de esta asociación. En concreto, de 2019 a 2022 los presupuestos del gasto social se redujeron en casi 8 millones de euros, a pesar de ser el periodo marcado por la crisis del covid, que obligó a todas las administraciones a un esfuerzo adicional de gasto para afrontar las consecuencias de la pandemia. La reducción porcentual fue de un 1,74%. Fue la única comunidad que lo recortó. Las que más aumentaron las partidas fueron la Comunidad Valenciana y Baleares, destinando en torno a un 50% más que en la legislatura 2015-2019.
Según los datos de los presupuestos analizados por este colectivo, la circunstancia es aún más preocupante en el gasto destinado a la sanidad aragonesa, donde la comunidad autónoma ocupa el último puesto. Tan solo destinó en 2022, último año en el que hay datos cerrados de ejecución presupuestaria, un 3% más que en 2009. La media de las comunidades se sitúa en un incremento superior al 13%.
Lo mismo sucede con los recursos asignados a los servicios sociales, donde Aragón ocupa con las dos Castillas el último puesto, si bien la inversión aumentó en algo más del 23%, está muy lejos de la media, que alcanza el 48%. Una falta de recursos que, por ejemplo, se hace visible en las ayudas a la dependencia, aunque en más de una ocasión el Gobierno autonómico ha responsabilizado al central de no realizar las transferencias necesarias para realizar las prestaciones que requieren la atención a las personas dependientes.
Tan solo en educación se aumentaron los presupuestos ligeramente por encima de la media del 19%, destinando en 2022 un 21% más que en 2009. En total, 228 millones de euros más.
Aragón destina más de 3.000 millones de euros a prestar estos servicios públicos, lo que supone un 57% del total de los presupuestos autonómicos anuales. También en este ránking se sitúa por debajo de la media, que está en el 58%. Tan solo en cinco comunidades se destina menos porcentaje del presupuesto (Valencia, Baleares, La Rioja, Navarra y Cataluña). En Castilla y León y Andalucía se supera el 65%. Son las dos comunidades donde el gasto en política social es mayor en términos porcentuales. Por habitante, Aragón destina unos 3.000 euros, y también hay seis comunidades con menor gasto, en un escalafón que cierran negativamente Cataluña y la Comunidad de Madrid, con 2.781 y 2399 euros per cápita, respectivamente. Eso sí, la evolución en 14 años ha sido en Aragón bastante negativa, ya que per cápita el crecimiento tan solo fue de 321,45 euros. La media en España supera los 400 euros y tan solo en Castilla La Mancha, Madrid y Cataluña creció menos.
Está por ver cuál será la tendencia en esta legislatura que comienza, aunque el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ya ha anunciado en su primera comparecencia parlamentaria que serán “austeros”, si bien mantendrá “los compromisos” en gasto social. De momento, las dos primeras decisiones adoptadas por el Ejecutivo autonómico PP-PAR-Vox ha sido establecer varias modificaciones de crédito para asumir determinados pagos a la educación y la sanidad concertada.
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