Más de 7.000 autónomos y pymes aragonesas han pactado medidas de rescate con las compañías eléctricas para reducir o aplazar su factura energética con el objetivo de intentar evitar que lastre de manera irremediable sus negocios ante el parón de la actividad económica por la pandemia, un frenazo que, según coinciden el Banco de España y la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), y también el Consejo Económico y Social (CES) de la comunidad, será en lo que resta de año más intenso de lo que fue en todo el trienio 2008-2011, en la fase de mayor intensidad de la anterior crisis.
“La economía española y aragonesa muestran un alto grado de vulnerabilidad y una muy baja resiliencia frente a las crisis, mayor que en otros países de la Unión Europea”, advierte el Informe Anual del CES, que reseña varios registros históricos como los más de 120.000 afectados por ERTE, la vertiginosa pérdida en dos meses y medio de más de 11.000 afiliados a la Seguridad Social, trabajadores precarios en su inmensa mayoría, o la contracción de un 6,5% del gasto privado en esos meses.
Ese parón de la actividad, de una magnitud desconocida, ha sido simultáneo a un desplome de las rentas y a una congelación del gasto de las familias que está teniendo unos efectos destructivos para los negocios de menor tamaño.
La destrucción se centra en las pequeñas empresas
Aragón es una de las comunidades autónomas que más cerca estaba al cierre de junio de superar los daños que el ‘gran encierro’ provocó en su tejido empresarial. Las pérdidas se sitúan en el 1,25%, con 1.336 nuevas firmas con empleados tras haberse dado de baja 1.850 entre mediados de marzo y finales de abril. Eso deja la cifra final en 40.735, según los datos del Ministerio de Trabajo.
Sin embargo, la magnitud de esa recuperación es en la práctica bastante matizable puesto que esos datos, sin contextualizar, resultan engañosos: tanto la caída como el aparente restablecimiento han ocurrido en unos meses en los que, entre febrero y junio, en los últimos años venían activándose en la comunidad entre un millar de empresas y 1.300, en su mayoría relacionadas con actividades de temporada, ya sean agrícolas o turísticas.
Ocurre algo similar con el empleo asalariado por cuenta ajena: hay ‘solo’ 6.000 trabajadores menos donde llegaron a faltar 21.000, pero eso se da en unos meses en los que lo habitual es que la ocupación crezca entre 25.000 y 35.000, lo que sitúa la merma, el empleo perdido más el no generado, en el entorno de los 30.000.
Esas cifras sitúan a las pequeñas empresas (menos de 50 empleados ) y a las microempresas (menos de diez) como las principales damnificadas por la crisis junto con los autónomos, más de una tercera parte de los cuales (37.528 al cierre de junio, según los datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social) se encontraban en cese de actividad.
Endesa se deja un millón y medio de euros al mes
En esos grupos, más de la mitad de los cuales llegan a destinar más de 10% de sus ingresos a pagar la factura energética según algunos estudios, se encuentra el grueso de los más de 7.000 clientes aragoneses de compañías eléctricas que han negociado con ellas medidas de rescate para evitar que el pago de la factura, en la que la potencia conlleva en ocasiones un coste superior al de la energía consumida, acabe llevándose por delante sus negocios de una manera definitiva.
Según los datos facilitados por Endesa, compañía que ha cerrado el 99% de esos acuerdos, 1.344 negocios, pequeños en su gran mayoría, han conseguido rebajas de la potencia que llega a sus instalaciones que suman 652,7 megawatios, lo que les supone un ahorro mensual de 600.820 euros mensuales.
Paralelamente, otros 1.344 han acordado suspensiones temporales de los contratos de suministro de electricidad, en este caso con un coste conjunto de 62.846 euros al mes, y 900 más han pactado el aplazamiento de facturas por valor de 884.127 euros por no poder pagarlas ahora.
La merma de ingresos para la compañía, que también ha tramitado 104 de las 117 solicitudes del nuevo bono social por estar sus titulares en ERTE o en cese de actividad, de algo más de 1,5 millones de euros mensuales, 662.666 perdidos y 884.127 aplazados.