El Ayuntamiento de Zaragoza aplica bonificaciones en el impuesto de plusvalías (IIVTNU, Impuesto del Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana), el que grava el valor catastral del suelo sobre el que se levantan los inmuebles, en casi la mitad de los traspasos de viviendas por herencia que se registran en la ciudad.
Según los datos facilitados por el Consistorio, las bonificaciones afectaron a 6.628 de los 15.366 legados registrados en la capital aragonesa entre enero y agosto de 2017, y a 7.711 de 15.049 en el mismo periodo del año pasado, lo que supone el 47,1% del total.
El grueso de los inmuebles heredados que se acogieron a las bonificaciones (10.294) tenían un valor catastral de menos de 50.000 euros y otros 3.659 oscilaban entre ese nivel y los 100.000, mientras que únicamente 392 tenían asignada una valoración de entre 100.000 y 150.000, que es el tope en el que finalizan las bonificaciones.
En la actualidad, quienes heredan una vivienda valorada en menos de 100.000 euros en Zaragoza tienen derecho a acogerse a una bonificación del 95 % en el recibo del impuesto, lo que afecta al 45 % de los legados, mientras que quienes reciben una de entre esa valoración y 150.000 tienen un descuento del 50 %, ahora ya sin requisito de permanencia; es decir, que se pueden vender en cuanto se adquiere la propiedad. Paralelamente, la obligación de conservar el edificio cuando se trata de locales de empresas se ha reducido de diez a dos años.
Hace cuatro años, al principio de la legislatura, las bonificaciones se quedaban en el 75 % para las casas y pisos con un valor catastral inferior a los 40.000 euros, mientras que las tasadas entre esa cifra y los 70.000 daban derecho a un descuento del 45 %, en ambos casos con la obligatoriedad de mantener la permanencia durante diez años.
Esta rebaja fiscal afecta en la práctica a la gran mayoría de las viviendas heredadas en la ciudad por muerte del anterior propietario. De hecho, en los periodos señalados únicamente hubo 284 casos en los que no pudieron acogerse por superar su valor catastral los 150.000 euros.
Polémica judicial y política
Pese a estas rebajas, que el año pasado arrojaron unos ingresos de 68,5 millones de euros sobre un presupuesto de 58,5 (para este año hay anotados 55,5, las plusvalías se han convertido en uno delos ejes del debate municipal en la actual legislatura municipal.
Básicamente, como consecuencia de la interpretación que los juzgados de lo Contencioso de la ciudad dieron a la inconcreta sentencia que el Tribunal Constitucional emitió en mayo de 2017, en la que limitaba el pago del impuesto a los casos en los que se produjeran “plusvalías reales” y anulaba el sistema de cálculo del tributo sin establecer otro nuevo. Algunos tribunales optaron por anular las liquidaciones al considerar que no podía cobrarse sin un método de cálculo vigente.
Los recursos del Consistorio zaragozano ante el Supremo concluyeron recientemente con una interpretación inequívoca de las normas: se gravan las plusvalías reales únicamente y la obligación de probar que no se han producido recae en el contribuyente, que puede aportar informes periciales.
El ayuntamiento rechaza las valoraciones calculadas a partir de las escrituras, ya que en ellas, sostiene, se recoge un precio acordado por las partes que no tiene por qué estar directamente relacionado con el valor del suelo, que es lo que grava el impuesto.
Los paralelismos con Sucesiones, un impuesto para ricos
El tratamiento que el Ayuntamiento de Zaragoza debe dar al impuesto de plusvalías será el eje central de la próxima comisión de Economía municipal, en la que el grupo del PP propondrá una rebaja “sustancial”, según explicó el portavoz de los conservadores, Jorge Azcón, que calificó la iniciativa de “justa y necesaria”.
“No vamos a renunciar a seguir bajando la plusvalía en el caso de herencias porque creemos que es el impuesto más injusto”, señaló Azcón, que da por hecho que la propuesta contará con el apoyo de PSOE y C’s, que anteriormente se habían posicionado a favor de mayores reducciones.
La polémica municipal de las plusvalías es paralela a la que se ha dado con el impuesto de Sucesiones en el ámbito autonómico, donde desató una tormenta política en torno a la supuesta presión fiscal excesiva cuando cinco de cada seis herencias quedaban eximidas de pagarlo. Finalmente, se aumentaron las exenciones para las grandes fortunas.