El Gobierno central ha decidido finalmente recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, aprobada en noviembre por una unanimidad de los cinco grupos parlamentarios de la anterior legislatura, y con la que la Comunidad autónoma pretendía regular la normativa sobre gestión de los recursos hídricos en la Comunidad. Lo hace un mes después de que Luisa Fernanda Rudi (PP) dejara de ser la presidenta autonómica.
El grueso de los preceptos recurridos, según anunció ayer La Moncloa tras el Consejo de Ministros, se refiere a la gestión de la llamada reserva estratégica, un concepto teórico pero incluido en el Estatuto de autonomía –a propuesta del PP en 2007- que, en la práctica, supondría que la Comunidad autónoma tendría capacidad de decisión sobre un volumen de 6.550 millones de metros cúbicos de agua que suponen la totalidad del agua que cabe en los embalses de la Comunidad y la que cabría en los pantanos incluidos en el ya desfasado Pacto del Agua de 1992, más una suma de 850 hectómetros anuales que el Plan Hidrológico sitúa en la Junta de Explotación del Bajo Ebro.
Los artículos denunciados se refieren, mayoritariamente, a la gestión de ese volumen de agua, aunque el recurso también afecta a los de carácter ambiental. Entre estos destaca el 19.c.3, que otorga al Instituto Aragonés del Agua la gestión de las reservas naturales fluviales.
La disputa de las reservas fluviales
Este punto, que aparentemente se refiere a un asunto de carácter ambiental –“ preservar, sin alteraciones, aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención humana”-, lleva años enfrentando a Aragón con el Gobierno central. En la práctica, supone el poder de decidir en qué tramos de río puede ser aplicada esa figura de protección, que veta prácticamente en su entorno cualquier actividad productiva. Y eso, cuando entre los ríos candidatos a recibirla se encuentran los que transcurren por el corazón de grandes proyectos urbanísticos como la unión de varias estaciones de esquí, trasciende las cuestiones meramente conservacionistas o referentes a la calidad de las aguas.
El Plan Hidrológico del Ebro, aprobado cuando Miguel Arias Cañete ocupaba la cartera de Medio Ambiente, señala trece tramos de ríos que discurren por la Comunidad autónoma y cuya longitud suma 200 kilómetros como susceptibles de ser declarados reserva fluvial. De la lista con la que, años antes, comenzó a trabajar el equipo de Cristina Narbona, se cayeron otros trece que tenían más de 300 kilómetros.
Desaparecieron, entre otros, la cabecera del Ésera –vinculada a la del Garona- y la Canal Roya y la Canal de Izás. La conservación de los dos últimos resulta clave para el proyecto de unión de las estaciones de esquí.
¿Competencias estatales o autonómicas?
El Gobierno central ha decidido impugnar 19 preceptos de la ley al considerar que todos ellos “otorgan a Aragón competencias exclusivas, así como competencias asumidas por transferencia o encomienda del Estado, en materia de aguas intra e intercomunitarias”, además de darle a la Comunidad autónoma “competencias exclusivas en materia de determinadas obras públicas” en las zonas de su territorio que forman parte de las cuencas del Ebro, el Tajo y el Júcar. Estas, según sostiene La Moncloa, “son competencia exclusiva y plena del Estado”, que en la referencia del Consejo de Ministros apela al principio de unidad de cuenca.
Algunas propuestas de la ley aragonesa, añade, “solo pueden ser posibles en el marco de la legislación estatal y por una decisión del Estado que respete el principio de unidad de cuenca e impida una gestión fragmentada del agua”.
El Estatuto de autonomía, no obstante, confiere a Aragón amplias competencias en materia de gestión de los recursos hídricos y de los espacios naturales. El Tribunal Constitucional deberá deslindar su vigencia.
El recurso llega después de que el Ministerio de Medio Ambiente que dirige Isabel García Tejerina, objeto de duras críticas en Aragón por su inoperancia en asuntos como los vertidos de lindano del río Gállego, no lograra un acuerdo sobre los puntos de discrepancia con el Gobierno de Aragón en la Comisión Bilateral.