Pensaban que contaban con un abogado de oficio, porque cumplen todos los requisitos. Para solicitarlo, presentaron la documentación requerida, pero con el proceso judicial en marcha han recibido una carta en la que se les reclaman los honorarios por el servicio prestado. Se trata de tres casos similares: familias sin recursos -algunas con hijos a su cargo-, inmersas en un proceso de desahucio por ocupar una vivienda propiedad de una entidad bancaria en Fraga (Huesca).
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de esta localidad oscense denuncian que “el Colegio de Abogados de Huesca deniega asistencia jurídica por procedimientos de ejecución hipotecaria abiertos en el Juzgado de Fraga, sin notificar a los afectados que la documentación requerida está incompleta”. “Si una persona que solicita justicia gratuita no entrega toda la documentación requerida, se le ha de notificar para que en un plazo de 10 días hábiles lo haga”, recalcan desde la PAH.
“Nos estamos encontrando casos en las últimas semanas en los que no se cumple esta norma, con lo que los letrados de oficio proceden a reclamar sus honorarios al afectado sin ningún tipo de notificación previa por parte del Colegio de Abogados, provocando verdaderas situaciones de angustia en las personas en proceso de desahucio”, indican desde la plataforma.
En este sentido, el portavoz de la PAH en Fraga, Xandru Sánchez, explica que desconoce las causas que llevan al juzgado de Fraga a no notificar estas cuestiones. “No sé si es por saturación o por un problema administrativo, el caso es que estas notificaciones no han llegado a las familias, solo les ha llegado el aviso de que tienen que pagar”, comenta.
Por eso, desde esta asociación han remitido de nuevo toda la documentación y han solicitado al Colegio de Abogados la reapertura de estos expedientes, para que las personas afectadas puedan tener garantizada su defensa gratuita de acuerdo con la legislación vigente.
Sin un techo donde vivir, estas familias se vieron “obligadas” a ocupar una vivienda, asesorados por la PAH. “No pueden acceder a un alquiler, porque no tienen nada, no les queda más remedio que ocupar una vivienda propiedad de un banco que está vacía”, subraya Sánchez. Después, cuando se ha ocupado, la PAH intenta negociar con la entidad bancaria un alquiler social. “Con las tres entidades – BBVA, Ibercaja y la Sareb- hay un proceso de negociación abierto, precisa Sánchez.
Paralizado un desahucio de una vivienda ocupada por una familia con cuatro hijos
De hecho, en esta misma localidad, el pasado mes de julio, se paralizó un desahucio de una familia que ocupaba un piso del BBVA. El desalojo fue paralizado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Fraga a la espera de que finalizaran las negociaciones para lograr un alquiler social. Esta vivienda está ocupada por una familia con cuatro hijos menores, uno de ellos con una grave minusvalía.
Desde el colectivo antidesahucios, indican que la presión social ha conseguido paralizar el intento de un banco de “dejar en la calle” a una familia sin recursos y sostienen que las entidades bancarias disponen de “muchas viviendas vacías”.