La anunciada reordenación del despliegue de los parques de energía renovable en Aragón por el Gobierno de PP y Vox que preside Jorge Azcón está resultando, como poco, peculiar, ya que a la cascada de autorizaciones y de anuncios de inicio de tramitación que cada día certifica el Boletín Oficial se le añaden episodios como el de Sabiñánigo.
A pesar de que en ese municipio oscense, el de mayor entidad de los gobernados por el PSOE en esa provincia, en este caso con el apoyo de Cambiar (IU), se encontraba vigente una moratoria municipal que vetaba la instalación de parques solares y eólicos por motivos ambientales y de ordenación del territorio, el actual ejecutivo ha avalado, mediante su publicación en el BOA (Boletín Oficial de Aragón), el visto bueno ambiental del Inaga a la ubicación en su término de cuatro de las seis centrales que promueve la empresa Enerland Generación Solar 7, y varias de las cuales convergen en una única línea eléctrica para la evacuación de su generación.
La moratoria fue seguida de una modificación de las normas urbanísticas que establece duras condiciones para la instalación de ese tipo de centrales energéticas.
Las cinco declaraciones de impacto publicadas hasta la fecha, que dan luz verde a la construcción de cuatro de los seis parques y de una línea eléctrica de 7,3 kilómetros de longitud con dos tramos soterrados, están fechadas los días 7 y 8 de agosto de este año, en vísperas de que los días 9 y 10 Jorge se celebrara el debate de investidura del que Jorge Azcón salió investido presidente tras sumar el apoyo de la ultraderecha de Vox al del PP.
Sin embargo, entre mes y medio y dos meses y medio después, entre el 29 de septiembre y el 23 de octubre, ya con el actual ejecutivo instalado en el poder, esas resoluciones se han ido publicando en el BOA, en lo que supone el aval definitivo a los criterios del equipo saliente del Inaga que con tanta dureza fueron criticados por los conservadores, y también por los ultras, en el último tramo de la campaña electoral y en los primeros compases de la legislatura.
Investigaciones por troceos en Huesca y Teruel
Los cinco parques suman una potencia de 49,93 Mw (megawatios, miles de kilowatios), una magnitud que se sitúa al borde de la frontera de los 50 en la que la competencia para analizar su viabilidad pasa de la comunidad autónoma al Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica), y ocuparán una superficie de 99,94, una extensión que ha provocado inquietud en la zona.
Tanto la aprobación de las declaraciones de impacto como su publicación en el BOA se han ido produciendo después de que las Fiscalías de Huesca y de Teruel llevaran ante el juzgado, tras investigar varios bloques de denuncias previas de Teruel Existe que afectaban a un total de 62 centrales y cuatro líneas de alta tensión, la posible existencia de delitos de carácter ambiental en el análisis de proyectos de centrales solares y eólicas presentados por los promotores de manera troceada.
Los denunciantes mantienen que eso permite atenuar la valoración del impacto real de las instalaciones, que siempre resultaría menor por partes que en su conjunto, hipótesis a la que la Guardia Civil añade otra: mantiene que la admisión de esas fragmentaciones en la comunidad autónoma puede suponer un delito de prevaricación, especialmente cuando la potencia sumada de las partes supera los 50 Mw.
Ese no sería el caso en Sabiñánigo, donde, por el contrario, algunas de esas instalaciones si entrañan potenciales efectos sobre zonas “con presencia de avifauna amenazada (especies incluidas como ”en peligro de extinción“ en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón)”, motivo por el que, en el caso de la línea de evacuación, el Inaga pone como condición el soterramiento.
“A los solos efectos ambientales”
“Respecto a la posible fragmentación de proyectos del conjunto de plantas solares”, las declaraciones sostienen que “el Servicio Provincial de Huesca del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, ha sometido al trámite de evaluación de impacto ambiental ordinaria de forma independiente cada uno de los proyectos, por lo que no se ha eludido el trámite del régimen medioambiental”.
Y el Gobierno actual, el de PP y Vox, ratifica esos criterios de sus antecesores del cuatripartito PSOE-Podemos-Cha-Par al publicar las resoluciones en el BOA y darles patente de calidez definitiva.
En todos los casos, las declaraciones de impacto que avalan la construcción de las infraestructuras energéticas de Enerland, cercanas a la autovía A-23 y a la línea de tren del Canfranero, incluyen una coletilla que ciñe su vigencia “a los solos efectos ambientales”, ya que fueron aprobadas antes de conocer el criterio definitivo del consistorio sobre la adecuación de esas instalaciones a su ordenamiento urbanístico.
La existencia de la moratoria fue advertida tanto por el Ayuntamiento de Sabiñánigo como por el Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca.
“No resulta autorizable urbanísticamente”
La “suspensión del otorgamiento de licencias” para centrales de renovables de potencia superior a 100 kW tiene como objetivo “estudiar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Sabiñánigo para regular este tipo de instalaciones”, advirtió el consistorio, que consideraba “procedente no prestar conformidad o pronunciamiento alguno en dicho sentido respecto a la instalación proyectada”.
La moratoria entonces vigente suponía, añade, “una medida provisional, de naturaleza cautelar, con la finalidad de garantizar que el nuevo planeamiento va a encontrar un ámbito de aplicación práctico” y entre cuyos objetivos se encuentra el de impedir “el nacimiento de derechos o intereses que puedan resultar incompatibles”.
“No procede la emisión del informe solicitado mientras opere el plazo de suspensión”, anota el Consejo, ya que en esa situación resulta imposible “determinar los parámetros urbanísticos de aplicación al proyecto y la compatibilidad de las instalaciones” con “la regulación de usos por el planeamiento urbanístico municipal”.
“El proyecto no resulta autorizable urbanísticamente”, añade en una segunda comunicación, ya que Enerland no había solicitado ninguna licencia antes de la moratoria.