Rivarés acusa al PP de mentir sobre las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza “para justificar los recortes”

El que durante la pasada legislatura fuera concejal de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza (con Zaragoza en Común -ZeC-), Fernando Rivarés, ha salido a la palestra de las declaraciones hechas por la actual portavoz y consejera de Hacienda del Consistorio zaragozano, María Navarro (PP), en las que dibujaba una situación catastrófica de las cuentas municipales y echaba la culpa a la “irresponsabilidad de los gobiernos de PSOE y ZeC”, a los que, incluso, decía que “deberían pedir perdón”.

Se refería Navarro a la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Consistorio al pago de 63 millones a FCC y TUZSA por revisiones de precios y a las sentencias pendientes de pago que suman más de 35 millones.

Rivarés ha defendido su gestión con una publicación en redes sociales en la que asegura que “el PP miente para quitarse la careta, justificar recortes sociales y culturales y subir el transporte público”.

Recuerda el exencargado de Economía en el Consistorio que, durante la pasada legislatura, se redujo “la deuda financiera y los impagos de 1.100 millones a 648. De un 126 % de nivel de endeudamiento –el límite legal está en 110 %– se pasó al 92 % a 31 de diciembre de 2018”.

¿De dónde salen entonces las cifras que pone sobre la mesa el PP? Según Rivarés, la trampa está en que “por vez primera desde 2009 se genera deuda del Tranvía y Hacienda la computa entera en 2019, lo que hace que se dispare al 116 %”. Son 189 millones de euros, dice el ahora concejal de Podemos, “que no se pueden devolver porque solo es apunte contable, pero que tiñen las cuentas municipales”.

Subraya también que en la pasada legislatura pagaron “100 millones de sentencias condenatorias pendientes y 35 millones de interés de demora por impago”. Además, dice, “Zaragoza cumplió por primera vez en cuatro años con la regla de gasto, pudo recurrir a préstamos bancarios por vez primera en ocho años, salió del Plan de Ajuste en 2017 –cinco años antes de lo previsto– y elaboró una modificación del Plan de Reducción de Deuda para poder volver por cuarto año consecutivo al FEI, fondo de impulso local ministerial para pagar sentencias”.

Finaliza reseñando que “este es el discurso del gobierno Azcón, que siempre reconoció el trabajo de mi equipo en la enorme reducción de deuda y que, dos meses después, usa para la subida del transporte público urbano, los recortes sociales y los culturales que ya ha puesto en marcha”.

Discurso apocalíptico

Antes de que Rivarés contestara al PP, ya lo hizo el PSOE, según los populares, el otro culpable del estado actual de las arcas municipales. Desde el Grupo Municipal Socialista manifestaron “su preocupación por las declaraciones hechas por parte del Gobierno de la ciudad sobre las recientes sentencias judiciales dictadas por parte del Tribunal Supremo y que confirma el criterio favorable a las empresas contratistas dictado por TSJA”.

El portavoz socialista de Hacienda, Horacio Royo, mantiene “la posición de defender hasta el final los intereses del Ayuntamiento y advierte al equipo de gobierno que no utilice estos recursos como forma de afianzar el discurso apocalíptico que llevan defendiendo desde que llegaron a la Alcaldía”.

La evidencia, dicen, “es que estas sentencias complican la situación económica del Ayuntamiento de la ciudad, por lo que se espera que el PP trabaje por y para el beneficio del Consistorio zaragozano. Desde el PSOE creemos que es momento de liderar y de gestionar, de descubrir fórmulas para hacer que estos pagos no hipotequen la economía del Ayuntamiento durante los próximos años”.

Y estiman que “estas fórmulas pasan por explorar las posibilidades de acudir al Fondo de Impulso que habilita el Estado para estas contingencias, pero también es necesario un esfuerzo por parte del Gobierno para abrir negociaciones transparentes con las empresas, llegando a acuerdos extrajudiciales que nos permitan crear planes de pago asumibles por parte del Ayuntamiento”.

Defienden los socialistas las decisiones tomadas por parte de los dos últimos gobiernos (PSOE y Zaragoza en Común) “de presentar recursos y, por tanto, mantener los litigios hasta el final. Hablamos de unos larguísimos procedimientos judiciales, a lo largo de los cuales se han dictado sentencias contradictorias. Así, en el caso de FCC, la sentencia de primera instancia dio la razón a este Ayuntamiento, o, en el de Avanza, el propio TSJA falló a favor del Ayuntamiento, reconociendo un ahorro de unos 35 millones de euros. Creemos que está más que justificada la decisión de los anteriores gobiernos de litigar en defensa de los intereses municipales”.