El oro blanco se adentra en un invierno negro. El sector de la nieve en Aragón pivota entre el miedo y la incertidumbre y reclama la ayuda institucional para paliar la gravedad de una situación que va más allá del cierre de las estaciones por las limitaciones que impone la pandemia. Afecta a empresarios, hosteleros, comerciantes y habitantes del Pirineo. El modelo, puesto en cuestión por formaciones políticas como CHA, Podemos o Puyalón de Cuchas, supone el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia de Huesca, el 7% de Aragón y genera 1.300 empleos directos y más de 12.000 indirectos, con ingresos que superan los 200 millones de euros anuales.
La prolongación del cierre perimetral de las tres provincias hasta el 12 de enero mantiene cerrados los centros invernales con la excepción de Astún, que abrió sus puertas el 23 de diciembre. Para el resto de estaciones se impone un compás de espera que, en realidad, se extiende desde el pasado mes de marzo. El abrupto final de temporada debido a la covid-19 redujo la afluencia en esquiadores en casi un tercio. Aramón, el grupo empresarial de turismo de nieve y montaña participado al 50% por el Gobierno de Aragón y por Ibercaja, ha planteado un ERTE que afecta a los trabajadores de sus cinco estaciones: Formigal, Panticosa y Cerler en Huesca y Valdelinares y Javalambre en Teruel. También ha hecho lo mismo la estación de esquí de Candanchú.
Los negocios vinculados a la nieve estiman que durante la campaña navideña, ya perdida, se genera la mitad de los beneficios de toda la temporada. Aglutinadas bajo el nombre de “Se vende Pirineo. Razón: Gobierno de Aragón”, 500 personas entre empresarios, autónomos y trabajadores de hoteles, comercios, compañías de turismo de aventura, escuelas y clubes de esquí se manifestaron el pasado 23 de diciembre en la capital oscense para reclamar a los ejecutivos central y autonómico un plan de ayudas que compense la paralización de la temporada debida a las limitaciones en la movilidad, que hace inviable la campaña.
Este lunes el presidente aragonés, Javier Lambán, y el vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, recibieron a los presidentes de las comarcas afectadas y a empresarios del sector. Les han trasladado la intención firme de prolongar medidas ya puestas en marcha durante este año, como la emisión de bonos para incentivar el consumo en comercio, turismo y hostelería. Estas pueden ser “más útiles que las ayudas directas”, aseguró Lambán en la rueda de prensa en la que dio detalle del desarrollo de este encuentro y en el que se refirió al momento en que se abran los centros invernales.
Sin un horizonte claro para el levantamiento del cierre perimetral de las provincias, como el propio Lambán admitió, las ayudas del Gobierno central aluden a facilidades para dar créditos, aplazamiento de deudas tributarias y aplazamiento de pago de cotizaciones a la Seguridad Social. Se han presentado 472 expedientes para pedir ayudas directas y se va a mantener el nivel de apoyo a las empresas turísticas, bonos para estimular la demanda, ayudas a la adaptación de los locales para hacerlos más seguros y a la promoción de la nieve.
Los afectados piden “empatía” al Gobierno de Aragón para atender reivindicaciones que son “las de miles de trabajadores, de familias y de empresas porque la fractura dentro del tejido turístico pone en riesgo serio su integridad y su sostenibilidad”. Reivindican una actitud que consideran “ejemplar” en los últimos nueve meses, “una responsabilidad que no se ha visto correspondida por las instituciones, que desde entonces nos han negado el pan y la sal”.
Abrir las estaciones después de Reyes es “una condena a la viabilidad de esos negocios” porque “el peso del sector sobre el PIB total es del 18%, aunque este porcentaje se eleva sustancialmente si añadimos toda la cadena de valor que suma a productores, proveedores, distribuidores, transportes y otras actividades”. Añaden que “las estaciones del Pirineo y de Teruel no reducen su impacto a sus empresas, a sus trabajadores y a sus familias, sino que afectan a la hostelería, la restauración, los servicios turísticos y todos los complementos de los valles, de las comarcas y de toda la provincia de Huesca”.
PP, Ciudadanos, PAR y Vox respaldaron la manifestación, a la que no se adhirió un PSOE que días después reclamó un plan de ayudas para trabajadores y empresas de este sector. Los socialistas valoran la “responsabilidad” de las estaciones de esquí al no abrir, “con las consecuencias que esto tiene en la economía de las comarcas pirenaicas y su área de influencia”. Por ello, anuncian que presentarán en la Diputación Provincial de Huesca y en otras instituciones propuestas de resolución de apoyo a este sector, “vital para el medio rural y pilar básico de la economía de nuestra provincia”.
Los socialistas altoaragoneses piden a ayuntamientos, comarcas y Diputación Provincial de Huesca (DPH) que unan sus esfuerzos para abordar la situación a la que se pueden ver abocados muchos trabajadores, y por tanto muchas familias, “que se encuentran en riesgo de vulnerabilidad debido al retraso en la apertura de la temporada de esquí, ya que no cuentan con ningún tipo de ingreso”. Se reclama “un apoyo decidido a este sector, a través de un plan de rescate que no solo tenga como objetivo prioritario a las empresas, sino también a esos miles de trabajadores afectados por la paralización de la temporada de nieve”.
Para Puyalón, la “reincidencia en un modelo de nieve insostenible”, tanto económica como medioambientalmente, vuelve a dejar en “entredicho” a un Gobierno de Aragón, “sin ideas ni recursos para evitar la despoblación, pero que sin embargo siempre encuentra el apoyo de los bancos para financiar proyectos urbanísticos”. Para la formación no hacen falta “demasiados análisis económicos” para entender que “el negocio de la nieve requiere una gran cantidad de inversión pública, con unos dudosos beneficios en asentamiento de población, al igual que generación de trabajo estable y de calidad”.
En el Alto Gállego o Jacetania, la focalización de recursos al esquí, “o en el mejor de los casos al turismo”, ha dejado de lado “cualquier alternativa de industrialización de las cabeceras de comarca, marginando de paso los pueblos que no están implicados en el turismo de nieve. Sin embargo, pueblos y ciudades donde sus comarcas han mirado hacia otras vías de desarrollo, han visto crecer una población estable, no estacionaria y sin necesidad de un cambio excesivo de su modelo urbanístico, o incluso tradicional. Localidades como Aínsa, Bielsa o Broto que como mínimo no han perdido población”. Lamentan, por el último, que el Gobierno de Aragón “se aplique únicamente en el esquí, y no en sanidad (ante una de las mayores crisis sanitarias), la educación, los servicios sociales, industria, investigación o reconversión minera”.