Centros penitenciarios de primera

Existe una realidad muchas veces olvidada a la que hay que poner voz y tener una especial atención hacia ella. Me refiero a la vida en los centros penitenciarios, en los que viven cumpliendo condena más de 60.000 personas y en los que prestan sus servicios profesionales más de 23.000 funcionarios. Por tanto, la Administración tiene que velar con especial rectitud para que el sistema funcione bien. Tanto por la seguridad de los propios reclusos y funcionarios, como por el hecho de que quien está privado de libertad debe tener garantizados sus derechos durante el tiempo que pase en prisión hasta que se reinserte. Porque no hay mejor objetivo que el de la reinserción social de quien un día falló en la sociedad. Y aunque no siempre se consiga, la Administración pública debe poner todos sus esfuerzos en priorizar los planes reeducativos y de reinserción.

En democracia las cárceles han mejorado notablemente. De los insalubres penales del franquismo apenas queda el recuerdo, pero aun así, la crisis de los últimos años y la escasa voluntad política del Gobierno ha ido provocando un deterioro en las prisiones y las relaciones en estos centros que a los socialistas nos preocupa. Así nos lo han trasladado diversos trabajadores y así ha trascendido en las noticias. Sin ir más lejos, el pasado mes de febrero hubo una agresión en el centro de Daroca en el que resultaron heridos cinco trabajadores. Un hecho que, lejos de ser aislado, se produce con cierta frecuencia en los establecimientos penitenciarios. Falta personal, no se cubren plazas, no hay planes de formación y algunas prisiones sufren deterioro por falta de mantenimiento. He pedido al ministro del Interior información sobre el número de trabajadores de la cárcel de Daroca, su evolución en los últimos seis años y el protocolo de actuaciones que se ejecuta para evitar agresiones como la cometida el pasado mes de febrero.

Una sociedad moderna no se puede permitir centros penitenciarios de segunda. La población penitenciaria merece pagar su pena en condiciones dignas y, sobre todo, con posibilidad de que se reinserten. Es una obligación social. Y los trabajadores que cumplen una labor imprescindible, deben hacerlo en las mejores condiciones. Espero que el Gobierno tome nota y se tome en serio este problema.