El debate no es el campo

El pasado domingo los aficionados zaragocistas vivimos una de las páginas más negras de la historia del club tras la debacle vivida en Palamós con la derrota 6 – 2 frente a un equipo ya descendido.

Tras constatarse otro fracaso en el objetivo del ascenso, el presidente Christian Lapetra, en vez de pedir perdón a la afición, lanzó una petición de ayuda al Ayuntamiento de Zaragoza ligando la viabilidad económica de la Sociedad Anónima Deportiva a que se recupere el convenio que Zaragoza en Común paró tras entrar en el Gobierno municipal.

Dicho convenio comprometía la cesión de La Romareda por nada más y nada menos que 75 años, teniendo que acometer el Ayuntamiento, además, la reforma del campo sin recibir ninguna contraprestación la ciudad más allá de un canon casi simbólico en base a la inversión que debería acometerse (unos 45 millones). Ese expediente se tramitó en apenas 15 días y a un mes de las elecciones de una manera extrañamente rápida y con la única oposición, en plena precampaña, de Zaragoza en Común.

La posición del equipo de Gobierno de Zaragoza ha sido clara: por un lado estudiar las afecciones reales que La Romareda tiene, habiendo encargado un estudio que estará terminado el mes que viene. Por otro, se ha estado conversando con el club para que fuera éste, de la manera menos gravosa para sus intereses, el que sufragara la remodelación del campo de fútbol de manera que no le costase nada a la ciudad y que la misma participara de los posibles beneficios que el campo podría tener.

Y la posición es la misma que cuando nos presentamos a las elecciones: el dinero público, escaso, tiene que ser bien gestionado y tiene que tener como prioridad la atención a las familias más perjudicadas por la crisis. O La Romareda se reforma sufragada por el Real Zaragoza y la implicación de otras administraciones o el Ayuntamiento únicamente podrá acometer el arreglo básico para garantizar la seguridad de la instalación.

En contra de lo manifestado por el Presidente de Aragón, Javier Lambán, Zaragoza en Común, por convicción y por respeto a sus votantes, ha mantenido una posición nada ambigua en este tema cumpliendo lo prometido en la campaña de hace un año.

Un presidente que vuelve a insinuar ayuda de la DGA hacia la sociedad deportiva Real Zaragoza. ¿Ayuda como la prometida paga extra a funcionarios que no llega? ¿O como pagar las becas de comedor a los colegios?

O un presidente que obvia que la pesadilla que vive el zaragocismo se origina por la intervención de su predecesor, Marcelino Iglesias, facilitando la llegada de otro Iglesias, Agapito. Cuestión que, ante el impago de la deuda que mantiene el Real Zaragoza ya ha supuesto para las arcas públicas 2,5 millones de euros tras avalarse la misma. El mismo Agapito que ha sido condenado por mantener negocios con miembros de ese gobierno como Carlos Escó en uno de los escandalos de corrupción más importantes de estas tierras, el caso Plaza.

En un deporte profesionalizado y en el que las sociedades anónimas deportivas son las protagonistas, un fracaso deportivo y de gestión como el protagonizado por el Real Zaragoza no puede asumirse desde lo público. Menos, como forma de desviar la atención sobre los gestores de esa sociedad que ni siquiera han pedido perdón a los aficionados.

El Zaragoza fue un gran club, con importantes títulos y que paseó el nombre de la ciudad por muchos campos de Europa. Esos títulos y triunfos se debieron a una adecuada planificación deportiva y no a buscar negocio rápido. Se debieron a una buena gestión de los fichajes y no a la gestión de locales comerciales o de restauración. Se debieron a una implicación de los jugadores y no a la búsqueda del pelotazo urbanístico.

O los gestores del Real Zaragoza reflexionan y su prioridad vuelve a ser el proyecto deportivo y no la remodelación del estadio, o el Zaragoza no logrará el ascenso a Primera División que es el único camino que garantiza la viabilidad económica del equipo en el corto, medio y largo plazo.