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El Prismático es el blog de opinión de elDiario.es/aragon. 

Las opiniones que aquí se expresan son las de quienes firman los artículos y no responden necesariamente a las de la redacción del diario.

Desencanto

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias (CCAES), Fernando Simón (c), en la tribuna de público del Congreso durante el pleno que se celebra este jueves en el que se debate el Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública
29 de marzo de 2025 05:30 h

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En una reciente entrevista con el director de ElDiario.es, Iñaki Gabilondo reconocía que no tenía muchas ganas de hablar de política actual: “Estoy muy desencantado y con una dificultad muy grande para sobreponerme a esa tristeza”. Un sentimiento compartido con muchos españoles que están viendo, que estamos viendo, cómo se está perdiendo al mismo tiempo confianza en la democracia, en los líderes políticos y en el periodismo.

Los líderes políticos están siendo incapaces de evaluar el daño irreparable que la extrema polarización, al degradar el bien común por intereses partidistas y por arrogancia personal, le está haciendo a la democracia. Están siendo incapaces de llegar a acuerdos aún estando de acuerdo. Es el caso, por ejemplo, de los dos grandes partidos con el aumento del gasto en Defensa exigido por la Comisión Europea. Prima negar la legitimidad del que gobierna, prima negar los hechos, prima destruir al rival. Devastador para la confianza en la democracia.

Y en el periodismo están en riesgo de extinción los buenos editores, los que aguantan de pie ante el poder político y económico, que están siendo relevados por activistas e intrusos que se benefician del alistamiento y de la polarización a cambio de extraordinarios ingresos de las subvenciones públicas.

Al igual que el gasto en Defensa, otro reciente y desmoralizador ejemplo ha sido el rechazo el pasado 20 de marzo a la Ley de la Agencia Estatal de Salud Pública, que ya lleva 15 años de retraso, cuando todavía está caliente la mayor catástrofe sanitaria contemporánea, la pandemia de la Covid, con 121.760 fallecidos en España y 7 millones en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

El proyecto de ley venía avalado por la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y por un amplio acuerdo en la Comisión de Sanidad de todas las fuerzas políticas con la excepción de Vox pero, el mismo día de la votación, se desmarcaron el PP y Junts por unas enmiendas que había rechazado el PSOE a otra ley, la de Desperdicio Alimentario. Que si se invadían las competencias autonómicas decían los primeros, que si se perjudicaba a los agricultores y ganaderos catalanes al no aceptarse alargar la vida de las plantas de tratamiento de los purines decían los segundos. Era otra ley. Primó, por tanto, darle un revolcón al Gobierno por delante del interés general.

La lucha contra la pandemia de la Covid se dirigió desde un pequeño departamento del ministerio de Sanidad, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) a cuyo frente estuvo el epidemiólogo aragonés Fernando Simón.

¿Por qué es urgente y trascendental una Agencia de Salud Pública cuando, no lo olvidemos, ya han pasado 5 años desde el inicio de la pandemia sin que se haya creado? 

Porque es necesaria para prevenir nuevas pandemias, para coordinar a todas las administraciones (la general del Estado, las comunidades autónomas, los entes locales, los centros de investigación estatales y territoriales, las universidades), para desarrollar políticas y estrategias de salud pública que mejoren la vida y la salud de los ciudadanos, para desarrollar una reserva estratégica sanitaria (mascarillas, respiradores, batas, guantes, materiales desechables) y para potenciar la investigación y la formación.

Estamos hablando de una Agencia que será un organismo autónomo del ministerio de Sanidad y que tendrá control parlamentario, tendrá que responder ante la Comisión de Sanidad. El anterior Gobierno de Aragón tuvo tan clara su necesidad que Aragón fue la primera comunidad autónoma en enviar al entonces ministro de Sanidad, José Miñones, una propuesta para que Zaragoza fuera sede de la futura Agencia de Salud Pública.

Una propuesta trabajada, a la vez que se gestionaba la pandemia, con el resto de administraciones, universidades, centros de investigación, consejos de salud y medios de comunicación. Cinco años después las fuerzas políticas todavía no han sido capaces de aprobarla en el Congreso de los Diputados aún estando todas de acuerdo excepto Vox. El daño que se hace a la democracia en pérdida de confianza ciudadana es enorme. La está convirtiendo en ineficaz al no resolver los problemas que la propia democracia ha establecido como prioritarios.

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