Firmas en papel mojado

Hará cosa de un mes y medio que en Aragón se consiguieron aprobar los Presupuestos  de la Comunidad Autónoma para 2016, tras las largas y duras negociaciones con Podemos y las demás fuerzas de la cámara. En total se contempló una previsión de gastos de 5.129 millones de euros, que el Gobierno repartió en diferentes partidas.

El voto a favor de estos presupuestos por parte de Podemos sólo se llevó a cabo para superar los anteriores del PP y por las implicaciones de carácter social que la aprobación de estos tenían. Vamos, por los llamados topos morados que se materializaban en previsiones como una Renta Social Básica, recuperación de servicios, la Ley de Capitalidad… aunque tuvimos que aceptar que no se incluyeran medidas tan baratas como la reducción salarial de altos cargos o un remedio contra la opacidad de Sarga,  del Instituto Aragonés del Agua o de nuestro más sonado proceso de corrupción, el caso Plaza. Pero al fin y al cabo, el Gobierno es del PSOE y con esos bueyes hemos de arar. 

Quizás uno de los puntos que con más satisfacción introdujimos fue el de garantizar los servicios sociales en los exiguos presupuestos dedicados a las comarcas. Es decir, conseguimos que quedara claro, por ley, que el dinero dado a estas agrupaciones tuviera como destino fines sociales, minimizando los daños que suponen los eternos recortes y la pasividad del PSOE frente a mandatos exteriores.

Sin embargo, como siempre ocurre con estos “socialistas”, una cosa es lo que dicen, e incluso firman, y otra muy distinta la que terminan llevando a cabo. Ayer la Comisión de Hacienda controlada por Fernando Gimeno traía unas modificaciones por valor de 20 millones. De repente nos encontramos, otra vez, con la doble cara de la formación de Lambán. Por una parte, presumen en enero de unos presupuestos sociales y, por otra, en febrero modifican entre bambalinas rápidamente los números de la inversión social en las comarcas y ayuntamientos.

Y es que el medio rural se está empezando a convertir en territorio comanche para un sufrido PSOE. Y, de nuevo, el partido socialista no duda en acudir a otra de sus tradiciones, la de emplear las instituciones al servicio del partido, para aplacar los terremotos internos.

Ante la tensión en los despachos  y las amenazas de ruptura en la estabilidad de las comarcas, sobre todo entre sus consejeros, el Gobierno procede a quitar 4 millones al Instituto Aragonés de Servicios Sociales que, entre otras cosas, se ocupa del Ingreso Aragonés de Inserción, ayudas de Dependencia, políticas de Igualdad, ayudas a las víctimas de violencia de género, el suplemento de las becas MEC… Ayudas y políticas que fueron básicas para aprobar los presupuestos y de las que ahora se intenta prescindir para paliar descontentos internos.

Si en menos de dos meses ya han empezado a plantearse las modificaciones contra la inversión social y el medio rural, sólo queda preguntarse cuánto tardará el Gobierno en dejar en papel mojado los presupuestos.

Hará cosa de un mes y medio que en Aragón se consiguieron aprobar los Presupuestos  de la Comunidad Autónoma para 2016, tras las largas y duras negociaciones con Podemos y las demás fuerzas de la cámara. En total se contempló una previsión de gastos de 5.129 millones de euros, que el Gobierno repartió en diferentes partidas.

El voto a favor de estos presupuestos por parte de Podemos sólo se llevó a cabo para superar los anteriores del PP y por las implicaciones de carácter social que la aprobación de estos tenían. Vamos, por los llamados topos morados que se materializaban en previsiones como una Renta Social Básica, recuperación de servicios, la Ley de Capitalidad… aunque tuvimos que aceptar que no se incluyeran medidas tan baratas como la reducción salarial de altos cargos o un remedio contra la opacidad de Sarga,  del Instituto Aragonés del Agua o de nuestro más sonado proceso de corrupción, el caso Plaza. Pero al fin y al cabo, el Gobierno es del PSOE y con esos bueyes hemos de arar.