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En abril de 2014, y tras un sinfín de protestas, el Gobierno de Aragón decidió cerrar la residencia para mayores de Movera. Alegaron entonces que el edificio necesitaba someterse a una serie de obras “por motivos de seguridad”, cuando, al parecer, la realidad que subyacía era la privatización de esta residencia pública. El próximo mes de abril el centro volverá a abrir sus puertas bajo gestión de Clece.
El cierre provocó el traslado de alrededor de 80 usuarios a la Residencia Santa Ana de Utebo, también de gestión privada, en este caso a cargo de SARquavitae, y que abrió sus puertas el 14 de abril de 2014.
El 30 de abril llegó allí el último de los mayores. Familiares y usuarios, que se sienten engañados por la DGA, no han cesado de reflejar su malestar por el, a su entender, claro descenso en la calidad del servicio.
Además de los internos, la privatización de la residencia también ocasionó la recolocación de los trabajadores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) que ejercían en Movera y el despido de un buen número de empleados interinos.
Antes de que el traslado fuera una realidad, los familiares aseguran que trataron por todos los medios de buscar una solución. Explican que incluso ofrecieron a la DGA la opción de firmar un papel en el que eximían de cualquier responsabilidad a la administración autonómica “si, durante las obras, algún interno sufría un percance”. Pidieron también que se fuera moviendo de planta a los usuarios para ir permitiendo las diferentes actuaciones. Pero “no les importan las personas, solo piensan en el dinero”
Focalizan, en buena medida, su malestar en la directora general del IASS, Cristina Gavín. De ella dicen que les prometió que en Utebo “iban a estar mucho mejor”, y “eso es mentira”.
Según han comentado familiares de los usuarios a eldiarioaragon, en las habitaciones la calefacción es muy escasa y la comida de muy baja calidad. También apuntan que en Movera el trato era distinto: “Se organizaban actividades y lo pasaban muy bien”. El transporte es otro de sus caballos de batalla, ya que antes un autobús les dejaba en la puerta, mientras que ahora deben “andar un kilómetro desde la parada hasta el centro”.
La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) presentó, el pasado 11 de marzo, una denuncia en el Juzgado de Guardia quejándose de la mala calidad de la comida, la escasa calefacción y la falta de telefonía fija, Internet y un plan de evacuación.
Desde el Gobierno de Aragón han negado rotundamente todas estas acusaciones. Han asegurado que sí hay teléfono, Internet, aunque no wifi, que nunca han recibido ninguna protesta por la calefacción o la calidad alimenticia y que “el plan de evacuación existe y está señalizado”.
En la empresa gestora de la residencia, SARquavitae, se muestran sorprendidos por estas acusaciones. Han afirmado que el centro ha superado “todos los requerimientos de calidad e inspecciones”. En cuanto a la comida, han subrayado, son “una compañía líder en el sector” y tienen un departamento dedicado exclusivamente a cuidar la calidad alimenticia. El asunto de la calefacción también les llama la atención ya que cuentan con una “instalación tecnológica domótica que adapta la temperatura a la que haya en el exterior”.
Dicen que están abiertos a escuchar quejas y sugerencias y que les gustaría que estas hubieran llegado por otros medios, y no directamente por la vía judicial.
En abril de 2014, y tras un sinfín de protestas, el Gobierno de Aragón decidió cerrar la residencia para mayores de Movera. Alegaron entonces que el edificio necesitaba someterse a una serie de obras “por motivos de seguridad”, cuando, al parecer, la realidad que subyacía era la privatización de esta residencia pública. El próximo mes de abril el centro volverá a abrir sus puertas bajo gestión de Clece.
El cierre provocó el traslado de alrededor de 80 usuarios a la Residencia Santa Ana de Utebo, también de gestión privada, en este caso a cargo de SARquavitae, y que abrió sus puertas el 14 de abril de 2014.