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El Gobierno del Partido Socialista Obrero Español, partido nacido hace 140 años para defender los derechos de la clase trabajadora, exige a los y las docentes aragonesas que renuncien a su derecho a la huelga, derecho fundamental según la misma Constitución que tanto le gusta esgrimir al señor Lambán para otros menesteres, si quieren negociar sus condiciones laborales.
Cuando el PSOE en junio de 2015 formó gobierno en Aragón, lo hizo prometiendo revertir los recortes en la Enseñanza Pública realizados por la anterior administración del Partido Popular. Tras tres cursos en los que se habían revertido algunos de los recortes, todo hay que decirlo, la administración educativa y los sindicatos se pusieron en octubre de 2018 a la tarea de abordar la reducción del horario lectivo del profesorado, horario aumentado por el PP, y que condiciona entre otras cosas el número de docentes que debe haber en los centros educativos.
Las negociaciones partieron de posiciones lejanas pero en marzo de 2019, gracias a un esfuerzo de todos los entes implicados, pareció que se estaba cerca de llegar a un acuerdo. La administración ya había firmado en febrero unas plantillas para el curso 2019-2020 en Enseñanzas Medias a 19 horas lectivas (una hora de reducción), y la mayoría sindical había aceptado que la reducción completa hasta las 18 horas lectivas en enseñanzas medias y 23 en infantil y primaria fuera secuenciada en tres cursos.
Todo dio un giro cuando en la última mesa técnica del 8 de abril la Administración, a través de su secretario general técnico, Felipe Faci, señaló la imposibilidad de comenzar el curso que viene la reducción horaria, dejándola aplazada para el 2020-2021. Lo que en la práctica significa que este próximo curso 2019-2020 se seguiría a 20 y 25 (algo incoherente con haber firmado plantillas a 19 apenas dos meses antes).
Desde ese 8 de abril, y pese a estar a punto de finalizar la legislatura en la que se iban a revertir los recortes, no se convoca a los sindicatos ni una sola vez. Entendemos, por lo tanto, que las negociaciones ya estaban agotadas dada la cercanía de las elecciones. Ante la disyuntiva de dar el tema por terminado o intentar seguir luchando hasta el último momento, CGT, STEA-i y CCOO convocaron una huelga con el objetivo de forzar al Gobierno de Aragón a seguir negociando. Una huelga es el último recurso de la clase trabajadora para presionar a un empleador que no quiere negociar. Esa es exactamente la situación en la que se estaba.
Tres días después de convocada la huelga, la administración nos llamó para continuar las negociaciones el 21 de mayo, es decir, 5 días antes de las elecciones, y mes y medio después de la anterior mesa. En la reunión del comité de huelga no se negoció nada porque para eso ya estaba la mesa del día 21, según nos dijo la administración.
Las organizaciones sindicales hemos llegado a la mesa con la esperanza de conseguir un acuerdo dada la cercanía de posturas. Teníamos la seguridad de que allí al menos se iba a negociar. El Secretario General Técnico no llevaba la misma idea. Desde el inicio señaló que si no se desconvocaba la huelga inmediatamente no se negociaba nada. Incluso, su intransigencia llegó hasta negar un receso, varias veces, a petición de las organizaciones sindicales para poder hablar de la nueva situación. Evidentemente, ninguna de las tres organizaciones ha cedido a un chantaje más propio de un empresario irrespetuoso con los derechos de sus empleados y empleadas, que de un representante de una administración socialista.
Y así nos encontramos, ante una huelga educativa convocada para mejorar las condiciones laborales de los y las docentes, para aumentar el número de ellas, y, por extensión, para exigir que se inviertan más recursos en nuestra Enseñanza Pública. Una huelga que es un derecho fundamental, que permite equilibrar un poco las desiguales condiciones con las que se sientan a negociar empleador y empleados. Toca salir a la calle para que Aragón no sea la única comunidad autónoma gobernada por el PSOE que en 2019-2020 continúe a 20 y 25 horas lectivas.
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