Parar Garoña: un objetivo por el que debe luchar toda la cuenca del Ebro

Un millón de personas viven y beben junto a las aguas del Ebro y se encuentran hoy amenazadas por el posible reinicio de una central nuclear. Hay que librar estas poblaciones de la amenaza de un accidente. Hay que librar a los ecosistemas del Ebro de la sobrecarga del enfriamiento de un reactor nuclear. Hay que impedir que se reabra Garoña.

Al amparo de un Real Decreto a la medida de Iberdrola-Endesa, cómplices en la ya temeraria aventura de Nuclenor, un Consejo de Seguridad Nuclear en precario tras las últimas elecciones pretende nada menos que alargar hasta 2031 el funcionamiento de una central que arrancó en 1970. No bastan informes técnicos que denuncian irregularidades, no bastan los avisos de Fukushima o Three Miles Island; tampoco basta el temor a la ocultación de los incidentes nucleares que sistemáticamente cometen otras centrales nucleares que vierten sus aguas en el Ebro. Ni bastan desastres químicos como el del Lindano, que demuestran qué poco funciona aún la vigilancia por los poderes políticos de la seguridad en empresas que se saben un riesgo para la salud. No bastan para que el CSN y el PP mediten su decisión.

A un gobierno del Partido Popular en funciones deslegitimado por las urnas le urge pasar por encima de un parlamento mayoritariamente pronunciado contra Garoña. Le urge más satisfacer las demandas de las grandes empresas del oligopolio eléctrico español. Nuclenor pone sobre la mesa una “inversión” de 130 millones de euros para renovar el sistema de refrigeración de una central obsoleta. Como apañarle el radiador de coche moderno a un viejo Seat 124, así es de seguro y eficiente, así de bien se va a arreglar.

Tal vez Nuclenor nos quiera hacer un Castor. Tal vez emprendan una inversión absurda pero cubriéndose el retorno de la inversión con las ayudas que pedirá en concepto de 'lucro cesante' cuando la actividad de esta vieja central sea finalmente detenida por el próximo gobierno o alguno de los próximos quince años. Otra estafa al dinero público hecha con permiso del gobierno para beneficiar a las sociedades del Ibex.

Los únicos poderes actualmente legitimados por las urnas son las Cortes, ya pronunciadas, los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos. Por eso urge que las asambleas de la ribera del Ebro sigan el ejemplo del Parlamento Vasco, y exijan el cese definitivo de las actividades de Nuclenor en Garoña.

Los ayuntamientos ribereños del Ebro amenazados por la actividad de Garoña han de declararse ya y de manera conjunta contra Garoña. Las ciudades de Miranda de Ebro, Logroño, Tudela, Zaragoza, Tortosa, y las decenas de localidades rurales que comparten las aguas de este gran río, han de unir su voz por un Ebro no nuclear.

Necesitamos que se pronuncien contra el absurdo de Garoña las alcaldías y concejales por el cambio, junto a todos aquellos representantes del poder municipal con preocupación por el bienestar de la gente de nuestros pueblos y ciudades.

Un millón de personas viven y beben junto a las aguas del Ebro y se encuentran hoy amenazadas por el posible reinicio de una central nuclear. Hay que librar estas poblaciones de la amenaza de un accidente. Hay que librar a los ecosistemas del Ebro de la sobrecarga del enfriamiento de un reactor nuclear. Hay que impedir que se reabra Garoña.

Al amparo de un Real Decreto a la medida de Iberdrola-Endesa, cómplices en la ya temeraria aventura de Nuclenor, un Consejo de Seguridad Nuclear en precario tras las últimas elecciones pretende nada menos que alargar hasta 2031 el funcionamiento de una central que arrancó en 1970. No bastan informes técnicos que denuncian irregularidades, no bastan los avisos de Fukushima o Three Miles Island; tampoco basta el temor a la ocultación de los incidentes nucleares que sistemáticamente cometen otras centrales nucleares que vierten sus aguas en el Ebro. Ni bastan desastres químicos como el del Lindano, que demuestran qué poco funciona aún la vigilancia por los poderes políticos de la seguridad en empresas que se saben un riesgo para la salud. No bastan para que el CSN y el PP mediten su decisión.