Más seriedad con el futuro de las pensiones

El jueves día 1, en una entrevista concedida a TVE, el ministro de Seguridad social, José Luis Escrivá, decía que “Los baby boomers podrán elegir entre un ajuste pequeño en su pensión o trabajar algo más”. Al día siguiente, después de ver las reacciones de las organizaciones sociales, el ministro pareció matizar sus declaraciones a TVE, pero de nuevo, el fin de semana, volvió a defender lo dicho el jueves: los baby boomers deben hacerse cargo del sobre coste que suponen para el sistema de pensiones.

Escrivá no solo eclipsó la noticia del acuerdo parcial entre Gobierno, sindicatos y patronal sobre el futuro de las pensiones -que, entre otras cosas, garantiza la revalorización anual en función del IPC-, su propuesta, al hacer recaer sobre una generación el exceso de coste que produce, se carga uno de los principios del sistema de pensiones: la solidaridad intergeneracional.

No sé si las declaraciones de José Luis Escrivá son un globo sonda o tienen más profundidad, pero detrás de ellas hay una ideología neoliberal -que cada cual se haga cargo de sus costes- incompatible con una sociedad solidaria y equitativa. En declaraciones del lunes -ha estado cuatro días haciendo declaraciones sin que, al parecer, haya conseguido “explicarse” bien- el ministro justifica su propuesta con el argumento de que la generación siguiente al baby boom, muy castigada por la precariedad laboral, no debe soportar el gasto en pensiones que supondrá la llegada de sus padres a la jubilación. El ministro enfrenta a hijos contra padres, a quienes sufren la precariedad, con quienes, en muchos casos, han trabajado 45-50 años antes de jubilarse.

La preocupación por el futuro de las pensiones no es algo novedoso, ya en 1995 se creó el Pacto de Toledo con el objetivo fundamental de velar por la sostenibilidad del sistema. Es imprescindible buscar el equilibrio entre ingresos y gastos, para lo que hay que estar muy atentos a cómo evolucionan las diferentes variables de la ecuación y hacer las correcciones oportunas tendentes a garantizar su continuidad.

Pero no todos los “expertos” tienen en cuenta el conjunto de variables, muchos, posiblemente guiados por su ideología o intereses, contemplan solo una parte de ellas. Se han publicado numerosos estudios que se centran en que los jubilados viven más años y, por lo tanto, tienen que trabajar más y/o disminuir la cuantía de la pensión. ¿Y la otra parte de la ecuación, los ingresos? ¿No se pueden subir las cotizaciones sin que pongan en riesgo el empleo? ¿Y aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado?

Se habla de que la relación entre activos y jubilados va disminuyendo, lo que produce desequilibrios financieros, pero nada se dice del incremento tan enorme de la productividad por trabajador, de que con la mitad de mano de obra se produce el doble que hace unas décadas. ¿Por qué no se pueden introducir cambios que contemplen esta realidad?

Se pretende relacionar la pensión con la esperanza de vida al jubilarse, pero no se tiene en cuenta que las personas con alto nivel de renta, las que más pensión cobran, viven más años -hasta siete años más en Madrid- que las de bajo nivel económico, que perciben las pensiones más bajas. La propuesta no es muy equitativa.

Tampoco debe ser una preocupación para el futuro de las pensiones la escasa natalidad en España. Si somos capaces de crear puestos de trabajo y minimizamos los sentimientos racistas y xenófobos impulsados por la extrema derecha, no tendremos ningún problema en aumentar los cotizantes a la Seguridad Social, habrá millones de inmigrantes encantados de venir a nuestro país a ocupar los distintos puestos de trabajo que generemos.

El ministro Escrivá ha dicho que España “no tiene un problema agudo de pensiones”, el gasto actual en nuestro país es del 12% del PIB y se estima que, a finales de los años 40, cuando se espera el nivel mayor de gasto, se alcance el 16%. ¿Es mucho gasto? Es lo que dedican a pensiones en la actualidad Francia o Italia y no parece que se les dispare el número de parados ni que les produzca ningún tipo de inestabilidad económica.

Para mantener el sistema hay que estar al tanto de la evolución de los distintos parámetros y hacer los ajustes necesarios periódicamente, pero el futuro de las pensiones va a depender siempre de dos factores: la riqueza que seamos capaces de generar y las prioridades que tengamos a la hora de repartirla. Dependerá de la importancia que demos a las políticas de protección social y dentro de estas, qué peso asignamos a pensiones, desempleo, Ingreso Mínimo Vital, atención a la infancia…

En cualquier caso, desconfiemos de los proyectos o modelos matemáticos, por muy perfectos que parezcan, que supongan una ruptura con los principios de solidaridad, suficiencia de prestaciones y equidad. La prueba del algodón de cualquier política económica es comprobar si aumenta o disminuye la igualdad, si se orienta a cubrir las necesidades de los colectivos más necesitados.

El jueves día 1, en una entrevista concedida a TVE, el ministro de Seguridad social, José Luis Escrivá, decía que “Los baby boomers podrán elegir entre un ajuste pequeño en su pensión o trabajar algo más”. Al día siguiente, después de ver las reacciones de las organizaciones sociales, el ministro pareció matizar sus declaraciones a TVE, pero de nuevo, el fin de semana, volvió a defender lo dicho el jueves: los baby boomers deben hacerse cargo del sobre coste que suponen para el sistema de pensiones.

Escrivá no solo eclipsó la noticia del acuerdo parcial entre Gobierno, sindicatos y patronal sobre el futuro de las pensiones -que, entre otras cosas, garantiza la revalorización anual en función del IPC-, su propuesta, al hacer recaer sobre una generación el exceso de coste que produce, se carga uno de los principios del sistema de pensiones: la solidaridad intergeneracional.