El comedor como parte de la escuela inclusiva

Que a los primeros a los que golpeó la crisis económica y social fue a los que peor lo pasan es algo compartido. La emergencia social que viven miles de personas en nuestra comunidad es acuciante. La falta de empleo, la precariedad para llegar a fin de mes, el empobrecimiento de las clases populares es una realidad a la que dar respuesta por justicia social, porque debemos estar a la altura de las necesidades de nuestros pueblos, de la sociedad que queremos ser y no dejarnos a nadie en el camino. Sí, en Aragón hay miles de familias que están en esta situación, familias con personas a cargo, menores, dependientes, a las que les atraviesa el paro, la falta de ingresos y la exclusión social. Familias aragonesas que deben elegir entre pagar la luz o poder comer carne una vez a la semana, niños y niñas aragoneses para los que su única comida segura al día es la que reciben en el comedor escolar. En una comunidad como la nuestra, en la que los indicadores sobre pobreza infantil se mantienen dolorosamente altos, las instituciones que representan a la ciudadanía no pueden mirar hacia otro lado.

Podemos logramos cambiar la legislación para que los criterios de acceso a las becas de comedor no dejen fuera a ninguna familia que necesite ver cubierto este servicio. Lo pusimos como condición para que el PSOE entrara al Gobierno de Aragón después de los recortes salvajes del Partido Popular que afectaron, también, a los más vulnerables. Nuestra exigencia fue recogida en la ley de emergencia social aprobada en 2016. Pero, pese a que aseguramos cuantías suficientes para cubrir las becas de comedor escolar a todos los niños y niñas que lo necesitan, lo cierto es que siguen sin llegar a todos. La ley no se está aplicando.

Acabar con la brecha de la desigualdad es un compromiso que no debe morir en los programas electorales ni en las letras de las leyes. Los derechos no se vuelven menos derechos cuando se pasa del papel a la gestión de lo público. El Gobierno de Aragón sigue empeñado en no reconocer las becas como derecho esencial, lo que implica no reconocer a niños y niñas que están en clara desventaja social, temporal o permanente; niños y niñas en situación de pobreza a los que la igualdad de oportunidades y el derecho a recibir una educación en igualdad de condiciones no está garantizado por los poderes públicos. Esto supone que en los 28 colegios con un mayor porcentaje de becados, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte ha denegado 1.047 solicitudes de beca en el curso 16-17.

¿Cuántos de estos niños y niñas no han podido acceder a la beca siendo absolutamente necesaria? La diferencia de modelo es evidente: mientras desde Podemos subrayamos la necesidad de reconocer derechos esenciales como éste en la concesión de ayudas, el PSOE sigue obstinado en un modelo de subvenciones, con requisitos que excluyen, como vemos, a un porcentaje elevado de familias y que han sido impugnados en varias convocatorias por el colegio de trabajadores/as sociales por vulnerar derechos de la infancia.

Contemplar los datos de la renta de hace dos años sin tener en cuenta la situación que el menor puede estar viviendo en la actualidad es irresponsable, injusto y manifiesta de manera evidente la continuidad de las políticas que no apuestan por la igualdad efectiva, real, por derecho. Asimismo, no se explica que el Gobierno condicione el pago de las becas de comedor al crédito disponible, siendo que en la propia ley de Presupuestos de 2017 se reconocen las prestaciones de becas de comedor como créditos ampliables en función de las necesidades de las familias que lo soliciten.

Para garantizar que estas prestaciones son accesibles para todas aquellas personas que lo necesitan, deben responder a situaciones de carencia de rentas y no quedar supeditadas a concurrencia competitiva entre las familias que lo solicitan, lo que queda lejos de garantizar un derecho básico como es la alimentación de los y las menores.

Vuelve a ocurrir, esta vez con las becas de comedor, que las leyes que se aprueban en las Cortes posteriormente el Gobierno las gestiona de forma más restrictiva, incluso de forma contraria a la ley que las regula -en este caso la ley de medidas de emergencia aprobada a finales del años pasado-. La gestión de las políticas sociales por parte del Gobierno no es valiente para afrontar las situaciones de vulnerabilidad social que han venido afectando cada vez a más menores en Aragón. No puede ser que el Ejecutivo cuando más escatima sea precisamente cuando le toca definir el quién, el cómo, en qué momento y a cuántas personas llegan prestaciones; ahí es donde se revela el verdadero carácter de las políticas sociales de un Gobierno.