“La principal preocupación del Gobierno ha sido, es y será preservar la intimidad, seguridad y bienestar de los menores bajo la tutela de la Comunidad”, ha manifestado este jueves en rueda de prensa Carmen Susín, consejera de Bienestar Social y Familia. Si se llega a acreditar cualquier negligencia en el nivel de vigilancia que le corresponde a la DGA, se iniciarán las acciones judiciales pertinentes para llevarlas hasta la última consecuencia, ha dicho la consejera en su comparecencia ante los medios de comunicación respecto a los hechos que están siendo investigados en el Centro de Menores de Ateca (Zaragoza).
“El principal interesado en que se aclare la situación, y que los culpables lo paguen en el caso de que se demuestre cualquier delito es la Diputación General de Aragón, que es quien ostenta la tutela de esos menores”, que residían en ese centro mediando la autorización de un juez.
“Tomamos en el primer momento dos decisiones: la apertura de un expediente interno de investigación, con el nombramiento del correspondiente instructor, y la personación en la causa abierta en todo lo relacionado con los hechos investigados en el Centro de Menores de Ateca”, ha confirmado. No obstante, y pese a dicha solicitud de personación, el Gobierno de Aragón sigue en estos momentos sin tener acceso ni conocer las diligencias judiciales.
“Les anuncio que hoy se han tomado dos nuevas decisiones: el inicio del expediente administrativo para la reclamación por daños y perjuicios por incumplimiento del contrato como establece el artículo 194 de la Ley de Contratos del Sector Público contra la entidad gestora del Centro de Menores de Ateca. Éste podrá dar lugar a acciones judiciales y tiene como objetivo rescindir cualquier relación contractual de la Administración con la entidad gestora a presente y futuro y la posterior decisión sobre las responsabilidades judiciales. Por otra parte, se ha procedido también a la apertura de expediente disciplinario a la persona responsable del servicio provincial de tutelas y protección a la infancia”, ha relatado la Consejera.
El Gobierno de Aragón está analizando además la puesta en marcha de “una auditoría de todos y cada uno de los contratos que, para centros similares o situaciones asimilables a las del centro de Ateca, se encuentran en vigor”. Susín ha remarcado que se tomarán medidas no sólo respecto a los hechos que se están investigando en Ateca; también en cualquier otro caso en el que se detecte una negligencia en el ejercicio profesional en el ámbito de la atención a los menores, todo ello sin perjuicio del resultado de la investigación en curso, para que el Gobierno pueda actuar de inmediato y valorar las medidas que resulten convenientes en la cadena de responsabilidad.
La principal tarea del Gobierno aragonés en estos momentos es acreditar la trazabilidad de todo lo que ha ocurrido en este caso y de la información que se ha podido recabar: “Hemos detectado deficiencias en las canales de comunicación y de información”, ha señalado Susín: “Existe la orden de que cualquier incidencia debe ser comunicada y no ha sido así”. Por tanto, si por parte de la Administración, fruto del expediente interno de investigación ya en curso, se llega a acreditar “cualquier negligencia en el deber de vigilancia y control” que a ésta le corresponde, “se iniciarán las acciones judiciales pertinentes para llevarlas hasta las últimas consecuencias”, ha reiterado la responsable del Departamento de Bienestar Social y Familia.
“Con esta investigación se pretende conocer en profundidad por qué se ha llegado a esta situación”, ha expuesto Carmen Susín: “Se quiere saber si efectivamente había denuncias previas, de qué tipo –escritas, verbales– y en qué momento se produjeron; si se informó a algún funcionario, si alguien miró para otro lado, si hubo algún tipo de negligencia, falta de diligencia en el traslado de la información o cualquier otro tipo de hecho que pudiera acarrear una responsabilidad”.
“Con esto pretendemos conocer si puede haber riesgos, si estos contratos se cumplen como legalmente está establecido, si ha habido más casos similares y de qué tipo”, así como “profundizar y diseccionar el funcionamiento de este tipo de centros para afrontar las mejoras que haya que llevar a cabo”, todo esto atendiendo a la normativa en vigor de rango superior que debe ser respetada y aplicada además de la autonómica.
“En caso de que alguno de los hechos que se investiguen resulten constitutivos de delito, será el propio Gobierno, atendiendo la opinión de los servicios jurídicos, quien lo ponga en conocimiento de la Justicia y ejercerá la acusación correspondiente”, ha aseverado la Consejera. En caso de que no se demostrase delito, pero sí “algún tipo de falta susceptible de sanción interna” dentro de la Administración, “ésta se llevará a cabo”.
“Ésta es toda la información que el Gobierno de Aragón y el IASS puede proporcionar sin interferir en la investigación judicial y sin entrar a valorar cuestiones que, como hemos referido en varias ocasiones, afectan al interés superior del menor que estamos obligados a preservar”, ha insistido la Consejera de Bienestar Social y Familia.
Susín ha destacado que este Gobierno ha puesto en marcha un programa político ambicioso que está funcionando y, además, de una forma muy discreta, está resolviendo los problemas. “Vamos a trabajar para mejorar el Sistema de Protección de Menores que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno y a preparar toda la información para contribuir a esclarecer los hechos, y en todo este proceso vamos a primar siempre en nuestras actuaciones la privacidad el bienestar y la seguridad de los menores tutelados”, ha dicho.
“Hasta que no esté resuelto y puestas las medidas para tratar de evitar casos similares, el Gobierno no va a descansar”, ha aseverado Carmen Susín, que ha refrendado el compromiso del actual Ejecutivo con mejorar la vida cotidiana de los aragoneses, sobre todo la de las personas más vulnerables o las que no pueden valerse o defenderse por sí mismas: “Y lo vamos a seguir haciendo, cueste lo que cueste”, ha concluido.