Un proyecto faraónico que habría redefinido el papel de Aragón como epicentro del juego en España y el sur de Europa. Las Vegas en los Monegros. Los epítetos se agotaron hace poco más de una década para explicar el proyecto de Gran Scala, que revolucionó durante meses a la opinión pública, y, sobre todo, a la pequeña localidad oscense de Ontiñena, de apenas 530 habitantes. La idea de los impulsores era invertir 17.000 millones de euros y la compra de 1.100 hectáreas donde edificar casinos, hoteles y espacios de ocio con la aquiescencia del Gobierno de Aragón. No queda nada. Acaso, el beneficio para los propietarios de los terrenos que se llegaron a adquirir.
El 12 de diciembre de 2007, la sede del Gobierno de Aragón acogió la firma de un compromiso que se aseguró firme entre el Ejecutivo aragonés y la empresa International Leisure Development (ILD), con capital social compartido por dos empresas alojadas en sendos paraísos fiscales: la luxemburguesa BM Parts y la chipriota Darlen Ltd. El lugar escogido fue el desierto monegrino, no demasiado lejos de Zaragoza y Huesca, pero sin un mínimo de infraestructuras que acompañasen esta hipertrofiada iniciativa. Así, se contempló la puesta en marcha de nuevas autovías y autopistas, un aeropuerto y el aprovechamiento de la Alta Velocidad.
¿Qué pasó realmente?
Los vecinos de Ontiñena, a los que se implicó en el proyecto, firmaron opciones de compra con ILD que jamás se ejecutaron en su totalidad y que enterraron Gran Scala antes de nacer. Todos ellos han percibido hasta la actualidad, aproximadamente, un 14% del precio fijado en un primer momento, 8.000 euros por hectárea. El primer pago directo fue del 4% del total y los inversores mostraban músculo en cada visita a la localidad, durante las cuales se dejaban en pagos comprometidos hasta 300.000 euros. Hasta que la fuente se secó. Para el propietario de 50 hectáreas, el premio habrá sido un Gordo a pequeña escala. Alrededor de 60.000 euros, y con la posibilidad de seguir explotando estas tierras.
Las obras se iban a empezar a acometer en 2008, el año de la Expo de Zaragoza, y finalizarían en 2014. Gran Scala iba a generar 2 millones de empleos solo en el sector de la construcción y más de 60.000 desde su puesta en funcionamiento. Para armonizar el aterrizaje de este gigante se aprobó una ley específica en las Cortes de Aragón en 2009 sobre Centros de Ocio de Alta Capacidad, que se mantiene vigente. El camino se torció pronto y presentó un final que va más allá de la estafa y que entronca con los delitos de sangre. Mark Campbell, portavoz de ILD, acabó en prisión en Inglaterra condenado por el asesinato de su esposa, una española que trabajaba en una de las empresas del grupo.
El Ayuntamiento de Ontiñena, al menos, negoció que no se devolviesen las opciones de compra pagadas a los propietarios de las tierras, y la inyección económica para el pueblo fue de unos 1,8 millones de euros entre 2009 y 2011. 32 casinos, 70 hoteles y cinco parques temáticos y 65.000 empleos “también hubieran atraído a posibles mafias y problemas para una localidad tan pequeña”, relata uno de sus vecinos. Al margen de un debate social que se posicionó mayoritariamente en contra de Gran Scala, Ontiñena soñó con un futuro próspero que se quebró desde el momento en que ILD, en 2012, dejó de contestar las llamadas y sus agentes ya no aparecieron más por sus calles.
El socialista Marcelino Iglesias presidía entonces el Gobierno de Aragón con el apoyo del PAR y sacó adelante esa Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que tampoco se ha derogado en la legislatura recién concluida, pese a los intentos en el pasado de formaciones como Chunta Aragonesista. En el Ejecutivo se considera “innecesario” tramitar la invalidez de esta normativa o modificarla puesto que no se atisban en el horizonte proyectos de un calado ni remotamente similar y “no es útil ni tampoco peligrosa ni perjudica a nadie”, señalan fuentes de Pignatelli.