Izquierda Unida ha solicitado información al Gobierno de Aragón en relación con el Protocolo de Acogida de Personas de Protección Internacional en Aragón “ante posibles irregularidades cometidas por parte de las ONG que gestionan la acogida de personas refugiadas”. Señalan que redes ciudadanas y medios de comunicación han advertido de esta posible “mala praxis” con personas procedentes de Siria, Venezuela, Ucrania, El Salvador, Palestina, Colombia, Honduras y Camerún“.
En Zaragoza, apuntan, “según ha tenido conocimiento Izquierda Unida Aragón a través de los medios de comunicación, algunas familias refugiadas se ven obligadas a compartir la vivienda que una de las ONG que gestiona este programa de acogida pone a su disposición. Así, 17 personas refugiadas de diferente sexo, edad y procedencia, estarían conviviendo en una única residencia”.
La portavoz parlamentaria de IU Aragón, Patricia Luquin, recuerda que no es el primer caso que ha provocado una denuncia social: representantes de la Red ciudadana de apoyo para personas refugiadas comparecieron en las Cortes de Aragón el 30 de octubre de 2017 para denunciar que varias familias de refugiados en Zaragoza sufrían “maltrato psicológico” por parte de una de las entidades de acogida, “a la que denunciaron por mala praxis y por incumplir el protocolo de acogida”.
Por todo ello, IU ha solicitado a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, que informe del grado de cumplimiento del Protocolo y de las medidas puestas en marcha para el seguimiento del mismo.
709 refugiados desde 2015
Un total de 709 personas refugiadas, recuerdan desde la formación política, han llegado a Aragón desde finales de 2015 y hasta diciembre de 2017. Fue en este año cuando llegaron un mayor número; en concreto, 517 personas que fueron acogidas en Huesca, Teruel, Zaragoza y La Almunia, procedentes de Siria, Venezuela, Ucrania, El Salvador, Palestina, Colombia, Honduras y Camerún.
El Gobierno autónomo coordinó la elaboración del Protocolo, que lleva funcionando desde finales de 2015. Aragón, “como el resto de comunidades autónomas y ayuntamientos, tiene un papel secundario en el proceso de acogida de refugiados, limitado a facilitar el acceso de estas personas a los medios y los recursos puestos a disposición de todos los ciudadanos, así como el refuerzo o adaptación de los servicios sociales”.
Es el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, el responsable de la gestión del Programa Global de Protección Internacional. La gestión está encomendada, a través de convenios, a las entidades ACCEM, Cruz Roja, Fundación CEPAIM y Fundación APIP-ACAM.