El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Zaragoza ha anulado las ayudas al alumnado en situación de exclusión o riesgo social o situación de vulnerabilidad económica de centros escolares concertados otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza. La magistrada entiende, dando la razón al recurso presentado por el PSOE, Izquierda Unida, Podemos, Zaragoza en Común y las organizaciones FAPAR, FABZ, CCOO y CGT, que estas ayudas no se hacían extensibles al alumnado de la escuela pública que se encontrase en la misma situación de exclusión.
La jueza argumenta en su auto que “cuando ante igualdad de situaciones se margina al alumnado de los centros públicos a los que no llegan los fondos públicos destinados a sufragar necesidades que precisan ser atendidas con parámetros e instrumentos equivalentes a los que se conceden al alumnado de los centros concertados”.
En concreto, esta línea de ayudas a actividades extraescolares de centros concertados distribuyó 500.000 euros en el año 2021, 500.000 en el 2022, 800.000 en 2023 y 500.000 este mismo año.
“Hoy mismo nos ha llegado la sentencia que dice claramente que no se puede discriminar a los alumnos de la pública y concertada, porque tienen los mismos derechos y están sostenidos con fondos públicos”, ha señalado Lola Ranera, portavoz del PSOE. De hecho, el fallo habla de “marginación” y, por lo tanto, constata que el Ayuntamiento “ha generado esta discriminación y marginación”, haciendo alusión a varias sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de comunidades como Extremadura o la Comunidad Valenciana. No obstante, Ranera ha hecho hincapié en que la posición del PSOE es que haya “igualdad entre el alumnado de la pública y concertada”. “No queremos que se devuelva nada de ese dinero. El Partido Socialista no hemos sido sospechoso y en Educación siempre nos hemos ayudado de la pública y de la concertada. Estamos hablando de ampliar el derecho, que es lo que hemos pedido siempre y, ahora, recoge una jueza, se trata de corregir una injusticia”.
Las organizaciones sindicales CC.OO. y CGT, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), la de Padres y Madres de Alumnos (FAPAR), así como IU y los grupos municipales de Podemos y Zec, han instado al Ayuntamiento de Zaragoza a reconocer al alumnado vulnerable de la escuela pública en las ayudas para actividades extraescolares de las que solo gozaban los de la concertada.
“Satisfacción y rectificación en la futura convocatoria de este 2024”. Son las dos ideas que ha trasladado en rueda de prensa la portavoz de Fapar, Nieves Burón, en representación de todas las entidades firmantes del recurso en los tribunales. Una acción judicial interpuesta desde el “el convencimiento de que la convocatoria de ayudas para la privada concertada suponía una clara discriminación contra todas las familias vulnerables de la escuela pública, que se escolarizan en mayor proporción que en la red privada”.
Todas las organizaciones han valorado muy positivamente el fallo y han instado al Ayuntamiento a “rectificar su política” porque “se ve obligado por los tribunales”, de forma que el alumnado de la escuela pública también pueda disponer de estas ayudas. “El Ayuntamiento se ha equivocado en el fondo, y así se lo ha señalado la Justicia con este fallo; se ha equivocado en las formas, y de igual modo se lo ha remarcado el Tribunal de Cuentas por las irregularidades detectadas en la gestión”, han concluido.
Respuesta del Ayuntamiento
En el Grupo Municipal del PP no se ha recibido bien esta sentencia. La concejala de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza, Paloma Espinosa, ha afirmado que este es un “día triste para muchas familias”. Ha cargado duramente contra El PSOE, PSOE, ZeC, Podemos, FABZ, FAPAR, CGT, CCOO, IU y Podemos por apoyar este recurso: “Las familias más vulnerables se lo tienen que agradecer al PSOE y sus socios de la izquierda radical en Zaragoza, junto a FAPAR, la federación de barrios y algunos sindicatos, quienes han apostado desde el inicio por acabar con estas ayudas, que se plantearon con la firme intención del gobierno del Partido Popular de acabar con una situación histórica de desigualdad entre las familias de la escuela pública y la concertada, que el PSOE durante años venía fomentando”.