Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han registrado este lunes empresas en un inmueble de Calatayud (Zaragoza) en las que consta como administrador Luis Alberto Escolano, al que los investigadores consideran socio del presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama. Posteriormente, el propio Escolano junto con otras tres personas ha sido detenido.
La actuación se ha llevado a cabo en el número 3 de la calle San Miguel de Calatayud, donde Escolano tiene registradas cuatro de las ocho empresas en las que figura como administrador, según Heraldo de Aragón: Serma Elecom, Proyectos Orense, Solpack Hispania y Mosquito Blue Start.
Escolano ha sido además arrestado junto con la también empresaria Carmen Pano, quien ha asegurado públicamente haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE por encargo de Aldama; su hija, Leonor María González Pano, y Carlos del Castillo, quien estaría también vinculado con esta trama a la que se investiga por un presunto fraude de 182 millones de euros en el IVA de hidrocarburos, según han informado fuentes próximas a la investigación.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ya apuntaba en su exposición razonada al Supremo que Escolano, “socio de De Aldama”, arrendaba la vivienda en plaza España en la que residió Jessica R., la expareja del exministro José Luis Ábalos, de marzo de 2019 a septiembre de 2021.
Escolano -natural de Ricla, pero cuya pareja es de Calatayud- prestó el pasado 25 de noviembre declaración ante el juez de la trama de las mascarillas. El empresario solo accedió a contestar a las preguntas de sus abogados, que se limitaron a cuestionar a los investigados por la compra de mascarillas. También le preguntaron por dos empresas que tiene en Portugal, a lo que respondió que ninguna de ella tenía relación con la red.
La UCO ha practicado este lunes también registros en Madrid, Sevilla y Toledo en el marco de la causa en la que se investiga entre otros a De Aldama por un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos de 182 millones de euros.
En un comunicado, la Guardia Civil ha vinculado a los cuatro detenidos una “organización criminal” que presuntamente disponía de una “importante estructura societaria con la que ejecutaría el fraude fiscal”, modificándose por sus responsables “con el fin de alcanzar un mayor grado de apocamiento y asegurar la perfección del fraude”. “Asimismo, contaban con una estructura paralela de sociedades tanto en España como en terceros países para el ulterior blanqueo de las cantidades obtenidas delictivamente”, según añade la Guardia Civil al dar cuenta de estas detenciones ampliatorias de las actuaciones que se iniciaron el 7 de octubre de 2024.
Dinero oculto en varios países
En el marco de la investigación, el juez Pedraz sostuvo que “la organización criminal diseñó, implementó y operó una estructura empresarial paralela que utilizó para perfeccionar el blanqueo de los capitales generados”. “Así, a las cuentas bancarias tituladas por éstas, transfirieron fondos de procedencia delictiva, principalmente, desde las cuentas de las suministradoras”, recogió en una de sus resoluciones.
El magistrado apuntaba que “dado que el dinero viene de las suministradoras, mercantiles que se emplean para bajar el precio del hidrocarburo con el IVA que no van a abonar, todo el dinero que transfiere procede de la cuota presuntamente defraudada”. En concreto, hasta la fecha “se han identificado transferencias al exterior por importe de 73.902.852,60 euros a Portugal, Colombia y China”.
Cabe destacar que la propia UCO apunta en uno de sus atestados que Escolano -uno de los cuatro arrestados este lunes- “estaría siendo utilizado por De Aldama para ocultar sus bienes a través de la titularidad de empresas en territorio nacional y en el extranjero”.
Declaración de Aldama en el Supremo
La actuación de la UCO por orden de la Audiencia Nacional se ha llevado a cabo en paralelo a la declaración del empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo en calidad de investigado en el 'caso Koldo'. El juez Leopoldo Puente indaga en las presuntas adjudicaciones irregularidades acordadas durante la pandemia para la compra de material sanitario.
Fue el pasado mes de octubre cuando el juez Pedraz acordó prisión provisional tanto para De Aldama como para su socio Claudio Rivas por su presunta participación en un fraude a la Hacienda Pública de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. El magistrado acordó la puesta en libertad del primero después de su declaración voluntaria en el 'caso Koldo', pero Rivas todavía se encuentra en la cárcel.
El juez investiga en esta causa --que permanece secreta-- a ambos como responsables de la organización criminal, como subdirectora a María Luisa Rivas, así como a otros cooperadores y una serie de testaferros situados en los órganos de administración de las sociedades suministradoras.
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