Un cuarto de millón de euros provisionados por el anterior equipo de gobierno (PSOE) para pagar sentencias firmes cuyo valor es de 44.817.270 euros. Ese es el panorama que se ha encontrado el actual Ejecutivo municipal (Zaragoza en Común) tras los primeros informes de la auditoría interna que encargó hacer el pasado 20 de junio. Pero hay más, de las sentencias para 2016 prevén que emanarán otros 45.365.191 euros. Es decir, más de 90 millones de euros de deuda.
El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha señalado que para hacer frente a esta situación, que les “ha venido dada”, han decidido pedir más de 90 millones de euros a un Fondo de Impulso Local, creado el pasado mes de junio por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Este fondo conlleva un interés fijo del 1,3 % anual, la operación es a diez años (hasta 2025) y tiene dos de carencia. Para poder acogerse a él, el Ayuntamiento de Zaragoza deberá consignar una cantidad en los presupuestos de 2016, para un fondo de contingencia, del 1 % de los gastos no financieros que hay en los presupuestos actuales, en concreto, 6.278.000 euros.
El primer edil ha dejado claro que esto “no comprometerá el plan de ajuste económico al que está sometido el Ayuntamiento”. El fondo, dice el alcalde, es un mero parche que les limita la holgura para hacer políticas que enfrenten a la crisis. No les satisface recurrir a él, pero es su obligación. Aprovechó también Santisteve para lanzar un mensaje a quienes les acusan de solo hacer gestos y no política: “Estamos trabajando”, y la detección de estas carencias, así como los 2 millones de euros suplementarios destinados a ayudas de emergencia, “lo demuestran”.
Santisteve también ha criticado que la provisión anterior fuera de solo 250.000 euros, cuando la contingencia actual era “conocida o, al menos, previsible”. La persona encargada de las cuentas en la anterior legislatura fue Fernando Gimeno, actual consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón.
La sentencia más antigua es de 1997
La sentencia más antigua es de 1997, cuando Luisa Fernanda Rudi (PP) era alcaldesa de Zaragoza, y corresponde a las expropiaciones del entorno urbanístico del Puente de Hierro. Los propietarios de esos suelos no estaban conformes con el justiprecio acordado y acudieron a los tribunales reclamando 4.900.000 euros. La sentencia firme en estos momentos les ha dado la razón y obliga al Ayuntamiento a pagar esa cantidad más 5.500.000 euros de intereses. Es decir, 18 años para pasar de 4,9 a 11,4 millones.
Después de la expresidenta de Aragón, tomaron el bastón de mando José Atarés (también popular), y desde 2003 hasta 2015 Juan Alberto Belloch (PSOE).
El actual alcalde ha dado dos razones principales para que se haya acumulado tan ingente cantidad en concepto de deuda. En primer lugar, la lentitud de la justicia, “provocada por la miseria económica a la que está sometido el poder judicial”. Por otro, el hecho de que en el Ayuntamiento de Zaragoza se haya usado la táctica de la “huida hacia adelante”: cuando no había dinero para pagar algo, ha comentado, se recurría y era como si la deuda desapareciese. “Los servicios jurídicos de este Consistorio han sido una vía encubierta de financiación”, ha afirmado.
Por ello, un porcentaje muy alto de la deuda dimana directamente de los intereses. En total son 38 sentencias firmes a fecha 27 de julio del año actual, que dan un total de 44,8 millones de euros, de los que 19,9 son en concepto de intereses. Algo que sucede, ha comentado Santisteve, porque se han recurrido sentencias de “difícil encaje jurídico”. En los 45 millones que prevén para 2016, el porcentaje de intereses será muy similar, ha apuntado el consejero de Economía, Fernando Rivarés.
El número 2 del Partido Popular en el Consistorio zaragozano, Jorge Azcón, ha irrumpido en la sala de prensa, tras la salida de Pedro Santisteve, y ha hecho una rápida valoración. Ha señalado que su partido pedirá responsabilidades, para saber quién es el culpable de esta situación “después de 12 años de gobiernos de izquierdas”.
No ha dejado claro el concejal popular si estas responsabilidades se exigirán a todos los gobiernos que, desde 1997, han pasado por el Ayuntamiento de Zaragoza, o solo a aquellos cuyo tinte ideológico era contrario al suyo.
Azcón ha mostrado su crispación porque el Gobierno municipal vaya “a pagar 45 millones de euros a los bancos, después de haber repetido el discurso de la emergencia social”. Paradójicamente, ha coincidido con Santisteve en afirmar que “la asesoría jurídica del Ayuntamiento se ha usado como tesorería”, algo que, ha comentado, ellos llevan años denunciando.