El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado una iniciativa con la que se insta al Ejecutivo autonómico a reforzar la coordinación con las fuerzas de seguridad para controlar los pisos privados y establecimientos públicos donde pueda haber sospecha de situaciones de prostitución y proceder, en su caso, al cierre, así como a habilitar un plan de alternativa habitacional para las mujeres prostituidas.
También se pide analizar en el debate del Proyecto de Ley de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital la inclusión como beneficiarias de ayudas de las personas en situación de explotación sexual para poder abandonar la prostitución e iniciar un proceso de inclusión social, como ya se recoge actualmente en el Decreto del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las prestaciones económicas complementarias para víctimas de violencia. Además de intensificar la vigilancia por parte de las Administraciones Públicas para identificar los casos de trata con fines de explotación sexual con objeto de eliminar la explotación sexual y los fines lucrativos de los proxenetas.
La iniciativa la ha presentado el diputado de IU, Álvaro Sanz, quien ha puesto sobre la mesa la necesidad de abordar el debate de la abolición de la prostitución y de la persecución “por ley” del proxenetismo y de la “demanda creciente del cuerpo de la mujer para su consumo”, una actividad que ha reconocido que es alegal porque la mayoría de los locales donde se practica tienen licencia de bares y hoteles.
Desde la formación aseguran que creen fundamental “impulsar leyes abolicionistas de la prostitución, en las que las mujeres prostituidas reciben ayudas sociales, inserción laboral, formativa, etc., y se persigue de forma eficaz el proxenetismo y la demanda de la prostitución, considerando que en el origen de ésta se halla la feminización de la pobreza, la vulnerabilidad de muchas mujeres y, como no, la creciente demanda masculina de cuerpos de mujeres para su consumo”.
Sostienen también que mantener estos establecimientos abiertos en plena pandemia por el virus es un grave riesgo para la salud de las mujeres y para la salud pública en general, dada la dificultad para localizar los contactos de casos positivos, ha dicho, y que “a pesar de las recomendaciones del Ministerio de Igualdad y el cierre del ocio nocturno por la posibilidad de contagio, el Gobierno de Aragón no había previsto tomar ninguna medida en estos locales ante la expansión del coronavirus, como ha pedido Sanidad”.
Los grupos que sustentan al Gobierno (PSOE, Podemos, CHA y PAR) han presentado una enmienda conjunta que ha sido transaccionada y que ha permitido que la iniciativa salga adelante con amplio respaldo, al haber obtenido además el apoyo del PP, mientras que Ciudadanos y Vox han votado en contra.
La proposición aprobada incluye un punto para instar al Gobierno a implementar soluciones de alojamiento a mujeres en situación de prostitución y un plan de recuperación social que garantice su asesoramiento, formación y emancipación, contando con las organizaciones de apoyo a estas mujeres.
Apoyo de todos los grupos políticos excepto Ciudadanos y Vox
El socialista Darío Villagrasa ha considerado que no se puede “normalizar” el fenómeno de la prostitución y ha insistido en que si hay oferta, es porque hay hombres que demandan un “servicio” que esconde “falta de libertad, extorsión, trata y personas que se lucran” para acabar provocando “vulnerabilidad, pobreza y exclusión”. Por eso “no se debería normalizar aquello que nunca debió existir”, ha zanjado.
Para Carmen Martínez, de CHA, la prostitución nunca debería confundirse con un negocio, porque es sinónimo de “esclavitud, violencia machista y mercantilización sexual de las mujeres” y ha señalado directamente a “los puteros y proxenetas” como el verdadero problema, en tanto en cuanto el 97% de las personas que hacen uso de la prostitución son hombres.
La prostitución “jamas debería ser considerado un trabajo”, ha replicado Martínez a la diputada de Ciudadanos Beatriz García, quien ha justificado el voto en contra de la formación naranja en la necesidad de regular la actividad con una ley que castigue la explotación sexual. García también ha asegurado que hay “gente” que no quiere salir de una actividad que ha calificado de “profesión”, algo que ha achacado a una “cuestión de libertad personal”.
La diputada popular Marián Orós ha coincidido en que es imperativo legislar y ha insistido en que la prostitución no es una profesión“ y no se puede legalizar, sino que es probablemente la ”más antigua muestra de desigualdad y vulneración de derechos“, en tanto en cuanto el 90% de quienes la ejercen, por necesidad o extorsión, son víctimas de trata.
Por Vox, David Arranz ha rechazado la explotación de cualquier persona, con independencia de su sexo, pero se ha mostrado en contra del enfoque de la iniciativa, basado, ha dicho, en los “mantras de la izquierda: la violencia machista, la desigualdad y la feminización de la pobreza”, que no comparte.
Lo “lógico” sería estudiar la regularización de la prostitución, ha dicho, al tiempo que ha añadido que las medidas de apoyo no pueden convertirse en “un coladero” para la regularización automática de las mujeres inmigrantes que la ejercen y ha indicado que hay quienes lo hacen “voluntariamente” ganando “grandes emolumentos”, mujeres que “no son pobrecillas”.