Aragón es una de las tres comunidades autónomas que, pese al incremento en la aportación del Gobierno de España durante el periodo entre 2020 y 2023, redujo la financiación que destina a la atención al colectivo en este tiempo. Es asimismo la cuarta región que menos destina a personas potencialmente dependientes, con poco más de 1.500 € por persona.
Los datos han sido dados a conocer por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España y se refieren al denominado Plan de Choque 2020-2023. En ese periodo, el Gobierno de España aumentó su aportación en concepto de ayuda a la dependencia en un 138%. Frente a esto, las comunidades autónomas solo lo hicieron en un 9% de media, pero hay tres que incluso lo redujeron. Una de ellas es Aragón, con un -3,2% y donde solo Galicia (-6,4%) y Castilla y León (-34,7%) ofrecen peores datos.
El gasto total del Gobierno aragonés en el periodo asciende a 292 millones de euros, de los que un 33,7% es financiación estatal y un 66,7%, autonómica. La media es de un 28,6% en el primer caso y de un 71,4% en el segundo, cinco puntos menos. Es la quinta región que menos aporta, a mucha distancia de la comunidad líder en este aspecto, el País Vasco con un 83,9%.
La situación no es mucho mejor en cuanto a la aportación por persona potencialmente dependiente. En la comunidad aragonesa ha sido de 1.536 euros, muy por debajo de la media nacional, de 1.825 euros. En el caso de inversión por habitante en dependencia es la cuarta por la cola, con 217,5 euros frente a una media de 240,5 €.
Ante estos datos, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha puesto el foco, coincidiendo con la mayoría de edad de la ley de Dependencia, en el “incumplimiento de las Administraciones Públicas que han convertido derechos subjetivos en derechos efímeros y de papel”.
Según se desprende del informe, el peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal entre el periodo comprendido de 2015 a 2020 presentaba una tendencia alcista que se rompió en 2021, “cuando el incremento en la financiación aportada por el Estado mediante el plan de choque es utilizado por algunas comunidades para retirar parte de su financiación”.
Así, el peso de las comunidades en la financiación cayó un 13% entre 2021 y 2023, mientras la Administración General “refuerza la financiación del sistema”. Estos recortes en la aportación en algunas CC.AA. “han limitado la capacidad de impacto de los fondos provenientes del plan de choque”, según la entidad.
Tras las informaciones publicadas sobre este asunto, el Gobierno de Aragón ha explicado que en el año 2024, “debido a la buena gestión a partir del verano de 2023” -cuando entró a gobernar el PP- y “el cumplimiento de los objetivos”, la comunidad autónoma “va a ver mejorada su financiación para la dependencia en casi 10 millones, recuperando así el recorte de 8 millones que el Ejecutivo anterior ejecutó en 2021, en plena post-pandemia, y después de haber perdido 1,5 millones por incumplimientos en 2023”.